La pareja de Ayuso declara ante la jueza por el presunto fraude fiscal

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado este lunes como imputado en relación con un presunto fraude fiscal de 350.961 euros. La citación se produce mientras aún está a la espera de que la Audiencia de Madrid decida sobre su recurso contra la ampliación de la investigación por otros posibles delitos.

La postura del empresario este lunes depende directamente del pronunciamiento de la sección tercera de la Audiencia de Madrid, ya que su defensa había señalado en varios de sus escritos que no declararía hasta conocer el resultado de su recurso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, encargada de investigar a González Amador desde hace casi un año, le citó a declarar este lunes por el presunto fraude, tras haber suspendido sus citaciones en cuatro ocasiones. La decisión se produce después de que la Fiscalía advirtiera sobre la proximidad del vencimiento del plazo de instrucción.

Fraude fiscal y pagos sospechosos

Ni González Amador ni los demás empresarios imputados han declarado nunca ante la jueza, quien investiga un presunto fraude fiscal de 350.961 euros ocurrido entre 2020 y 2021, así como un supuesto esquema de facturas falsas utilizadas para disminuir la cuota tributaria a pagar.

Antes de iniciarse el procedimiento penal, el abogado del novio de Ayuso propuso por correo electrónico un acuerdo al fiscal, en el que el empresario reconocía dos delitos fiscales a cambio de una rebaja en la solicitud de pena. La filtración de dicho correo dio lugar a una investigación contra el fiscal general del Estado y dos fiscales del Tribunal Supremo.

González Amador también está siendo investigado en una pieza separada, cuyo futuro está condicionado a la resolución de la Audiencia de Madrid. En esta investigación, la magistrada indaga sobre el presunto uso de una sociedad pantalla para facturar negocios con Quirón Prevención y el supuesto pago de casi medio millón de euros a la esposa del presidente de la empresa, una operación en la que el fiscal sospecha de una posible comisión encubierta.