El TSJCat rechaza la querella de Manos Limpias contra Mas por rebelión y sedición tras el 9-N

BARCELONA.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado admitir a trámite una ampliación de la querella del 9-N presentada por Manos Limpias contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que pretendía añadir los delitos de rebelión y sedición a la causa en la que ya se le investiga por presunta desobediencia.

En un auto del 2 de noviembre, el tribunal considera que "a parte de que la querella viene redactada en términos futuribles, no se dan en modo alguno ninguno los elementos de los tipos penales referidos" y concluye que los hechos relatados no justifican la apertura de un nuevo procedimiento penal.

Para que exista un delito de rebelión es necesario un "alzamiento violento y público", según el TSJC, y para el de sedición, que también sea tumultuario, caótico, anárquico, inorgánico o en tropel, en palabras del tribunal, condiciones que no se dan en este caso.

El escrito presentado por Manos Limpias era una ampliación de la querella interpuesta por el sindicato por la consulta del 9-N, que sí fue admitida por el TSJC --junto a otras incluida la de Fiscalía--, y que supuso que Mas fuera imputado por desobediencia al Tribunal Constitucional.

El tribunal catalán la ha analizado de forma independiente porque los hechos relatados no tenían relación directa con el 9-N, indica el TSJC.

La querella acusaba a Mas de estar "generando en Cataluña un ambiente prebélico, y de enfrentamiento entre españoles, lo que podría desencadenar en fuertes altercados, y en el peor de los casos en una Guerra Civil".

Así, en la relación de hechos, el sindicato querellante concluía afirmando que el objeto de su querella es "evitar un próximo derramamiento de sangre entre españoles".

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, anunció esta ampliación de la querella Mas al haber cometido un delito de "proposición a la sedición", es decir, de incitar a los catalanes a la ruptura de Cataluña con el resto de España.

Lo anunció el mismo día que Mas declaró en el TSJC por el 9-N, y lo justificó argumentando que el presidente catalán había hecho un "llamamiento a la sociedad civil para ir en contra del orden constitucional".