Valle de los Caídos La Comisión del Senado acudirá al Valle de los Caídos tras el plantón del abad

La Comisión de Justicia del Senado visitará el próximo 26 de marzo el Valle de los Caídos para conocer "in situ" los columbarios con restos de víctimas del franquismo, pero PSOE y ERC no acudirán a esta cita, ofrecida por el prior de la abadía, en protesta por su negativa a acudir este lunes a la Cámara Alta.

Como ya ha había anunciado por carta, el prior Santiago Cantera no compareció ante la comisión para explicar, a instancias del grupo socialista, su rechazo a facilitar exhumaciones en el mausoleo del dictador, pese a existir una sentencia firme para recuperar los restos de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña.

Su negativa ha impulsado al PSOE a pedir a la comisión que convoque al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien en palabras del portavoz socialista Ander Gil ha dado muestras de un "talante dialogante y democrático" y ha reconocido el derecho de las familias a recuperar los restos de sus allegados.

Gil ha considerado "intolerable" el "desplante" del prior y su "desprecio" al cumplimiento de una sentencia cuya ejecución está paralizada por un entramado de recursos del prior benedictino, y ha descalificado la invitación de Cantera a reunirse con los senadores en "el mausoleo de un dictador" y "sin luz y taquígrafos", en vez de en las instituciones.

Por ello el PSOE no acudirá a la visita que el propio monje propuso en la carta con la que declinó acudir hoy al Senado, decisión que según el portavoz comparten los familiares de las víctimas ante la "humillación" que, en palabras de otro senador socialista, Tontxu Rodríguez-Esquerdo, han recibido del prior.

Aunque ERC no ha participado en la comisión, este grupo "en principio" tampoco acudirá.

No piensan así el resto de los grupos, y pese a las críticas que también han dedicado al prior de los benedictinos que gestionan la basílica, han considerado que la visita supone una "oportunidad" que no debe desaprovecharse por si ayuda a desbloquear la situación.

En este sentido se ha pronunciado la portavoz del PP, Esther Muñoz, que ha aludido a la complejidad del problema y ha apuntado que el prior "no se está saltando el Estado de derecho, sino agotando todas las vías procesales".

Desde Unidos Podemos, Joan Comorera ha dicho que pese a la "falta de respeto" de Cantera con el Senado, su grupo acudirá a la basílica para buscar una solución, algo que Jokin Bildarratz, del PNV, pone por encima de la, a su juicio, incomprensible actitud de la Iglesia.

Jon Iñarritu (EH-Bildu) denuncia la vulneración de la Ley de Memoria Histórica en el "parque de atracciones del franquismo".

Les escuchaban este lunes como invitados a la comisión una de las víctimas del franquismo, Nicolás Sánchez Albornoz, uno de los pocos penados republicanos que logró escapar de Cuelgamuros, y los familiares de los hermanos Lapeña.

Su abogado, Eduardo Ranz, especializado en casos de memoria histórica, sí ha comparecido para aportar información documental y gráfica sobre el cementerio, al que un informe de la Abogacía del Estado da carácter público, sus accesos, dimensiones, espacios y estado de conservación.

Ha comentado que el prior se niega a abrir la puerta de acceso al osario donde se sabe que están los hermanos Lapeña y ha recordado las tres ocasiones documentadas en que se operó en los columbarios, en 1980, 1990 y 2010, sin problema alguno.

En 1980 se extrajeron restos de 133 enterrados navarros, únicos de los casi 34.000 cuerpos de combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil exhumados hasta ahora.

En 1990 se efectuó un traslado interno de cadáveres debido a unas filtraciones de agua y en 2010 los técnicos accedieron para el informe de Patrimonio Nacional que evaluó la situación del recinto.

Eduardo Ranz ha puesto de relieve que las exhumaciones no se abordan por las trabas del prior, "perfectamente conocedor del proceso judicial", que solo tendría que permitir el paso por una puerta de la basílica para poder llegar al columbario donde están los hermanos Lapeña.

Ha explicado que como letrado ha presentado 13 denuncias en nombre de seis familias, entre ellas dos con allegados del bando nacional, y ha advertido de que "se acaba el tiempo" para que las familias puedan "dar digna sepultura a sus seres queridos".