El énfasis con el que se aplica en su campaña para satanizar todo lo que le suena a medidas contra la discriminación por motivos de género y/o de sexo ha llevado a la formación ultraderechista Vox a sufrir un patinazo en Zaragoza: han pedido la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de una asesoría que carece formalmente de plantilla, puesto que está formada por delegados de prevención, agentes de igualdad, personal municipal y representantes laborales que añaden esas tareas a las que desempeñan de manera habitual.

De hecho, ni siquiera opera de una manera estable sino que lo hace a demanda, cuando hay una denuncia o cuando algún empleado público reclama la intervención o el asesoramiento de sus integrantes.

La iniciativa se enmarca en la cruzada de la formación ultraderechista por poner en tela de juicio cualquier actuación de las administraciones en contra de la discriminación de género y de sexo, tal y como ha hecho en Andalucía, donde la Junta le ha dado los datos de los empleados de los servicios de atención a víctimas de la violencia machista, o en Madrid, donde la Consejería de Asuntos Sociales, en manos de Ciudadanos, ha suprimido la denominación de Dirección General de la Mujer para sustituirla por la de Igualdad.

El grupo municipal de Vox en Zaragoza anunciaba este lunes la presentación de una interpelación al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, del que es el socio de referencia, para conocer, entre otros extremos acerca de “una Asesoría Confidencial que ocupa a diez personas”, los “puestos de la RPT que la integran, la titulación o requisitos de su personal, retribuciones y coste total de funcionamiento”.

Esa asesoría es una de las medidas del Plan de Igualdad del Ayuntamiento, obligatorio por ley en todas las empresas de más de 250 trabajadores en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales y vinculado, en este caso, al pacto convenio colectivo. Otra cosa es que ni siquiera el Ministerio de Trabajo sepa qué grado de cumplimiento tiene esta medida en el tejido empresarial español.

Cero puestos de trabajo

Sin embargo, la asesoría carece de plantilla formal, ya que no es más que el “grupo de personas competentes para la recepción de denuncias e iniciación del procedimiento” en casos de discriminación. Realizan esas funciones los Agentes de Igualdad y los delegados de Prevención que “de forma voluntaria reciban formación sobre materia de igualdad entre hombres y mujeres, sobre acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual y sobre la aplicación del presente protocolo”, según recoge el plan, que abre la participación en el órgano al “personal municipal que tenga la formación y condiciones requeridas para desempeñar las funciones encomendadas”.

Su labor termina cuando “del análisis inicial de los datos se obtuviesen indicios de acoso”, momento en el que debe pedir “la constitución de forma urgente del Comité de Asesoramiento”, otro órgano que carece formalmente de plantilla y que está integrado por técnicos de prevención, un letrado municipal, un psicólogo, dos representantes sindicales y uno de los diez asesores que cómo máximo participan en la asesoría por la que se interesa Vox.

Fuentes municipales confirmaron que el número de plazas que la RPT asigna a la Asesoría Confidencial es cero. La reforma de la plantilla de enero de 2018 creó dos puestos de agentes de Igualdad destinados a la Oficina de Transversalización de Género, mientras que la de mayo de este año incluyó otra de Técnico de Promoción de Igualdad; en los tres casos, sustituyendo otras consideradas innecesarias en los servicios sociales como las de varios delineantes. Al menos la última no está cubierta.

El lenguaje inclusivo

La interpelación de Vox pretende conocer “cuáles son las funciones que desempeña esa asesoría” y “a quién o dónde debe dirigirse un funcionario que quiera recibir asesoría confidencial sobre transversalidad de género”. Las diez funciones que tiene asignadas están enumeradas en el plan, que también recoge el protocolo para las denuncias y las consultas.

Por último, la formación ultraderechista, que quiere saber si el equipo de gobierno “cree necesaria la existencia de esa Oficina de Transversalidad de Género” (otra de las medidas del Plan de Igualdad) y que pregunta cuándo va a publicarse su memoria del ejercicio 2017, se interesa también por el criterio de PP-C’s sobre la Guía de lenguaje inclusivo del consistorio, de obligado cumplimiento desde hace algo más de dos años para redactar documentos municipales.

Algunas de sus directrices “parecen colisionar con las normas de la Real Academia de la Lengua Española”, señala Vox, que quiere saber si el equipo de gobierno actual ha dictado “alguna instrucción sobre la continuidad o no de esas normas”. “¿Considera que las personas que han redactado esos documentos tienen una autoridad académica (filológica, lingüística o gramatical) superior a la de los académicos de la Lengua?”, remata la batería de preguntas.