El Ministerio de Defensa, obligado a proporcionar información sobre vuelos oficiales

La Justicia obliga al Ministerio de Defensa a proporcionar información sobre vuelos oficiales después de que la Fundación Civio llevara a los tribunales a la alta institución tras evitar continuamente proporcionar estos datos. En 2020, el Tribunal Supremo falló a favor de la fundación y dictaminó que todas las administraciones deben facilitar información anterior a Ley de Transparencia.

Ahora, un juzgado central de lo contencioso-administrativo ha advertido a Defensa que si no se posibilita el acceso a los datos reclamados, podrían haber multas a empleados públicos y altos cargos. Las instituciones han de entregar documentos que recojan datos relacionados con las fechas de los vuelos, los destinos, las escalas, los pasajeros que forman parte de los viajes e, incluso, el catering del que disponen durante el trayecto.

Esta sentencia afecta a todas las administraciones a excepción de la Presidencia del Gobierno y la Casa Real, que en su caso prevalece la Ley de Secretos Oficiales. La batalla llevada a cabo por Civio comenzó hace cinco años. En 2015 solicitó a Defensa información relacionada con los acompañantes de los altos cargos políticos en los vuelos oficiales, especialmente de algunos viajes del exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, que fue acompañado en reiteradas ocasiones por su mujer, María Isabel Barreiro. 

El Consejo de Transparencia dictaminó que Defensa debía entregar información —al menos de forma parcial— para cumplir con la Ley de Transparencia, pero la alta institución se acogió a la Ley de Secretos oficiales y presentó un recurso contra la decisión del consejo. El recurso, no obstante, fue desestimado por el juzgado central de lo contencioso-administrativo. Ese fue el primer varapalo al que tuvo que enfrentarse la cartera dirigida en ese momento por María Dolores de Cospedal.

Más adelante, la Audiencia Nacional indicó que la institución debía facilitar los datos, pero solo aquellos que sean posteriores a diciembre de 2014. Finalmente, el Tribunal Supremo, como ya se ha mencionado, determinó que las administraciones deben proporcionar, del mismo modo, información anterior a la Ley de Transparencia.