MADRID.- Los sueldos de 183 altos cargos, el coste para el erario de 842 liberados y delegados sindicales, el gasto acumulado en 133 asesores gubernamentales, el patrimonio inmobiliario detallado de la comunidad, la relación de coches oficiales, los currículos del personal de confianza o la distribución por sexos del funcionariado es lo que ha sacado a la luz la nueva Lei de Transparencia e Bo Goberno, alerta La Voz de Galicia en una información de Manuel Cheda.

La entrada en vigor de esta norma, hace algo menos de dos meses, además, ha revelado que la Xunta está despachando a discreción cada semana un promedio de 87 pequeñas adjudicaciones.

Hasta el 8 de marzo, era imposible conocer cómo y cuánto echaba mano de los contratos menores la Administración gallega

Los contratos menores son aquellos repartidos a dedo, sin publicidad ni obligación de respetar prescripciones previas ni necesidad de solicitar un mínimo de tres ofertas en competencia a empresas privadas, explica el periódico gallego. En el caso de las obras, su importe no puede exceder los 50.000 euros más IVA y en el de los servicios y los suministros, los 18.000 antes de impuestos.

Hasta el momento, resultaba tarea imposible conocer cómo y cuánto echaba mano de ellos la Administración autonómica. Pero desde el 8 de marzo, la normativa antes citada le obliga a publicar en un nuevo portal web cada uno que firma, aunque la información divulgada impide conocer los detalles de los desembolsos

Un montante de 3,23 millones

Según La Voz, en los 53 días transcurridos desde entonces, han recurrido a esa fórmula de gasto todas las consellerías (diez) y una veintena de organismos dependientes de ellas. Entre todos han rubricado 662 compromisos de abono por un montante global de 3.229.864 euros. O sea, ha aflorado un desembolso medio mensual de 1,83 millones sobre el que antes no había control ciudadano.

Por departamentos, el de Sanidade (con el Servizo Galego de Saúde agregado) lidera claramente el ránking, al concentrar un 59,4 % de los contratos menores distribuidos. Le siguen Cultura (14,3 %) y, ya a distancia, Política Social (3,9 %). Cierra la clasificación Facenda, con un 0,4 %.

El nivel de información asociado a cada contrato menor impide saber las condiciones pactadas y el porqué del pago

La entrada en vigor de la nueva Lei de Transparencia e Bo Goberno ha supuesto un avance sustancial en el ámbito de la fiscalización de la contratación pública, pues, con solo acceder a un portal web (transparencia.xunta.gal), el ciudadano puede ahora conocer qué compromisos menores firma la Xunta y quién se beneficia de ellos.

No obstante, el nivel de información asociado a cada gasto impide saber las condiciones pactadas con el adjudicatario y el porqué del pago. Por ejemplo, el citado sitio en Internet revela que la Axencia de Turismo de Galicia acaba de desembolsar 10.065 euros por unos muebles, pero no especifica cuántos, cuáles ni en qué dependencia eran precisos. Y destapa también que la Consellería de Cultura ha invertido en libros en menos de dos meses 49.740 euros, aunque no aclara el destino de lo adquirido ni su volumen.

Decenas de contratos, asimismo, se divulgan bajo vagos epígrafes: inversión inmaterial, ordinario no inventariable, material sanitario, impresiones...