Fue un "accidente anunciado". Así ha defendido el letrado Manuel Prieto a Francisco Garzón, maquinista del tren Alvia que descarriló en julio de 2013 en Angrois, a las afueras de Santiago de Compostela. 

En el accidente, fallecieron 80 personas y resultaron heridas un centenar y medio. En el banquillo de los acusados se han sentado tanto el maquinista como el exdirector de seguridad en la circulación de Adif. Se piden cuatro años de cárcel para ambos, acusados de 80 delitos de homicidio imprudente y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.

El abogado de Francisco Garzón, ha señalado que lo que ocurrió "podría haber pasado con otro maquinista". Además, ha añadido que durante todo el proceso ha seguido una "línea coherente y real" en la que queda demostrado que su cliente es una víctima más del siniestro.

En su escrito de conclusiones finales, ha asegurado que la responsabilidad del maquinista no constituye un delito y que es Adif quien debe responder penalmente por omisión de funciones al no garantizar la seguridad en la línea.

"Desde el principio se trató de culpabilizar al maquinista. El trágico accidente no habría ocurrido si Cortabitarte [responsable de seguridad en la circulación de Adif en aquel momento] hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente", ha expresado el abogado.

Por otro lado, ha acusado a Adif de "retorcer" el relato y ha alegado que la falta de análisis de riesgos y su mitigación, de limitación de velocidad, de protección del tren en la curva y el deficiente cuadro de velocidades máximas, así como una incompleta formación y la inexistencia de procedimientos de trabajo fueron las causas que motivaron el descarrilamiento que causó 80 muertes.

Para Prieto, es "innegable" que la curva era peligrosa y que estaba desprotegida. Así lo ha tratado de exponer durante su extensa intervención, que ha durado más de cuatro horas. A ello ha añadido que con su cliente no se ha respetado la presunción de inocencia, ya que se ha considerado todo el tiempo al maquinista como culpable, en una estrategia por parte de Adif para crear "la apariencia de una infracción".

Además, ha lamentado que Adif trate de exportar un riesgo a un maquinista cuando éstos son "trabajadores por cuenta ajena de Renfe" y en todo caso sería Renfe la encargada de mitigar el riesgo y no un trabajador.

El abogado ha cuestionado también la decisión de la Fiscalía de retirar la acusación contra Corbitarte y le ha reprochado que la normativa ferroviaria, lejos de ser un "galimatías", era comprensible para sus colegas del Ministerio Fiscal cuando en el accidente del metro de Valencià que tuvo lugar en 2006 se consideró al maquinista fallecido en el siniestro una víctima de la tragedia.

El letrado ha citado toda una serie de normativas en materia de seguridad ferroviaria y ha puntualizado que éstas no se respetaron por parte de Adif.

"Adif ni evaluó ni gestionó el riesgo intolerable. Esta es la causa raíz del accidente. Era previsible el error humano de cualquier maquinista", ha argumentado.

Los acusados renuncian a la última palabra

El maquinista Francisco Garzón y el exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte han renunciado a su derecho a declarar en la última sesión del juicio del Alvia, un proceso que trata de determinar la responsabilidad penal por el accidente ocurrido en julio de 2013 en Angrois, a las afueras de Santiago de Compostela.

Esta última jornada del juicio ha finalizado con las conclusiones de las defensas de los acusados. La jueza encargada del proceso, María Elena Fernández Currás, ha dejado el caso visto para sentencia.