Almeida pagó dos euros más por cada mascarilla vendida por los comisionistas del precio máximo que abonó Sanidad

El precio que pagó el Ayuntamiento de Madrid por las mascarillas de los polémicos contratos de los comisionistas fue casi dos euros superior al coste más alto de las adquiridas por el Ministerio de Sanidad durante los primeros meses de la pandemia, cuyo importe osciló entre los 0,37 euros de las quirúrgicas y los 4,68 de las FFP3.

Así consta en el informe que el Tribunal de Cuentas acaba de aprobar sobre la fiscalización de los contratos de emergencia adjudicados en 2020, al que ha tenido acceso EFE.

Así el precio medio unitario de las FPP2 adquiridas en marzo —mes en el que empezó la pandemia— fue de 2,62 euros, y en abril, de 1,40 euros, con un tope de 500 mascarillas compradas el 3 de abril de 2020 a 4,17 euros. Además, se compraron a un único proveedor 56,2 millones de mascarillas a un precio medio de 2,67 euros, contrato que supone el 95,14 % del gasto en este tipo de suministro, reseña el documento.

Sanidad pagó como máximo por una FPP2 hasta 4,17 euros y por una FPP3 hasta 4,31

Más caras fueron las FFP3, de mayor protección, con un precio medio unitario de 4,31 euros y un tope de 4,68 por unidad abonados a un único proveedor para conseguir 2,5 millones.

En cuanto a las quirúrgicas, el precio medio fue de 0,75 euros, si bien el 26 de marzo se compraron 100 millones de mascarillas a 0,37 euros la unidad, el precio más bajo abonado por este tipo de elemento.

Así, todas estas cifras son inferiores a los 6,68 dólares (6,10 euros aproximadamente) que el Ayuntamiento de Madrid pagó en el mes de marzo por un millón de unidades a los intermediarios investigados judicialmente en el caso de las mascarillas.

Sanidad tuvo incidencias en el 22% de los contratos 

El 22% de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia sufrió incidencias, según recoge Europa Press que consta en el citado informe.

Aunque, según el tribunal, todos los contratos estuvieron directa o indirectamente vinculados a la situación de excepcionalidad y la aplicación de la tramitación de emergencia resultó ajustada a Derecho.