“Es un proceso judicial falso porque se ha excluido incluso la participación de las víctimas”. Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la activista hondureña asesinada en marzo de 2016 por su oposición a un proyecto hidroeléctrico en su país, Berta Cáceres, explica cómo está siendo el desarrollo del juicio que se celebra estos días en Honduras para condenar el crimen de la defensora. La familia denuncia que ninguna de las ocho personas que están siendo juzgadas es la autora intelectual del crimen. Y señalan directamente tanto a la empresa como al Estado de Honduras.

El juicio, que comenzó el pasado 19 de octubre y está previsto finalice en unos días, no cuenta con “garantías”, entre otras cosas, explica Zúñiga a través de una comunicación online, porque “las fiscales han sido denunciadas en dos ocasiones”, porque el tribunal ha sido recusado al “no se una instancia parcial” y porque la Fiscalía no ha entregado la información a las partes.

Dos años y medio después del asesinato, hay que recordar que Berta Cáceres era una de las caras más visibles del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Premio Goldman en 2015, lideraba la oposición del pueblo lenca contra la represa de Agua Zarca, un proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) en el río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca. Aquel fatídico día también resultó herido el defensor mexicano Gustavo Castro, único testigo de los hechos.

“Éste no es el juicio del caso de Berta, sino del Estado de Honduras. Es el que ellos hicieron, el que tenían previsto desde que capturaron a estas personas como respuesta a la presión internacional, y lo han hecho para mantener la impunidad”, denuncia Camilo Bermúdez, integrante del COPINH, a través de la misma comunicación virtual colectiva, en la que han participado personas cercanas al caso y a la defensa de los derechos humanos. “Existen arbitrariedades y algunas negligencias de las instituciones, así como inconsistencias para un caso que se supone ejemplar en materia de investigación en Honduras y emblemático para la región”, añade Zúñiga, portavoz de la familia y del COPINH.

Las víctimas (la familia y Gustavo Castro) carecen de representación en el juicio, tras la decisión del tribunal de excluirlas al no presentarse sus abogados al inicio. Esta ausencia la explican por la “ilegalidad” del juicio, dado que aún no se ha resuelto el amparo interpuesto precisamente para que no comenzara.

Pruebas sin analizar

El tribunal ha decidido que el Ministerio Público sea el representante de las víctimas, “lo que resulta revictimizante para ellas. El Tribunal actual y el Ministerio Público continúan violando los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia”, apuntan desde el COPINH. Una opinión que comparte Amnistía Internacional: “La representación de las víctimas no puede quedar en manos de una institución que ellas han denunciado repetidamente como vulneradora de sus derechos. Según los abogados y abogadas, es el Ministerio Público quien no ha garantizado el acceso al expediente y a la evidencia que posee, y tampoco ha cumplido con su obligación de identificar a los sospechosos de ser los autores intelectuales del asesinato de la defensora de derechos humanos”.

La familia también denuncia que existen pruebas sin analizar y que en concreto una de ellas es “muy relevante” que no ha sido admitida como tal, a pesar de que corrobra el funcionamiento de la estructura de poder que ordenó el asesinato de Berta Cáceres, así como los ataques, los actos de hostigamiento y las amenazas en contra del COPINH que se iniciaron años antes del asesinato. Además, los familiares critican que no se permita que las audiencias sean transmitidas públicamente, lo que haría más transparente al proceso. “No están los peritajes adecuados, no están todos los testigos necesarios, no está la documentación suficiente y no están las víctimas representadas”, añade Gustavo Castro en una conversación aparte con este medio.

Este defensor de derechos humanos mexicano también apunta que no se ha incluido el asesinato en grado de tentativa del que fue víctima (se cree que los asesinos dieron por muerto a Castro). “La Fiscalía General bloqueó en 2017 que fuera al reconocimiento físico de los imputados. Ahora quieren citarme cuando mi representación ha sido excluida del juicio y sin hacer previamente un reconocimiento en forma adecuada de los imputados”, incide.

Tampoco se ha considerado al COPINH como víctima, a pesar de que el asesinato de Cáceres buscaba, según apuntan los indicios, paralizar la lucha contra Agua Zarca. Castro considera que el objetivo es “deslindar la lucha de Berta y del COPINH de los conflictos con la empresa DESA”.

Implicación de la empresa

El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), conformado por juristas de cuatro países, asegura que, a través de sus influencias y conexiones políticas, “DESA mandató a empresas de seguridad privada y sicarios, pero también cooptó a fuerzas de seguridad del Estado y operadores de justicia, para controlar y neutralizar cualquier oposición al proyecto Agua Zarca”.

El último informe de GAIPE evidencia el vínculo entre funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato de la defensora ambientalista. Asimismo, constata “la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres”.

La postura de la hidroeléctrica es bien diferente. Agua Zarca ha respondido lamentando, entre otras cosas, que “un grupo de abogados internacionales se prestan para la fabricación de un documento que contiene falsas y malintencionadas interpretaciones provenientes de ciertas conversaciones que han sido totalmente sacadas de contexto. Esto con el claro motivo de desprestigiar un proyecto de desarrollo y generación de empleo que en todo momento respeta lo que establece la ley en Honduras”.

Los ocho acusados

En el actual proceso judicial se está juzgando a ocho personas relacionadas con la autoría material del crimen: Sergio Rodríguez Orellana, gerente ambiental, social y de comunicaciones de la empresa DESA; Mariano Díaz Chávez, mayor del Ejército de Honduras en el momento de su captura, entrenador de la Policía Militar del Orden Público y vinculado a grupos de sicariato; Douglas Bustillo, teniente retirado del Ejército de Honduras y exjefe de seguridad de la empresa DESA; Henry Hernández, Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres y Edilson Duarte Mesa, todos ellos miembros de grupos de sicariatos. Además de Emerson Duarte Mesa, hermano de Edilson Duarte, detenido sin ninguna prueba de vinculación al crimen, según el COPINH.

Sobre el primero, Sergio Rodríguez, Agua Zarca “lamenta profundamente cómo un hombre honesto, padre de familia se encuentra injustamente privado de su libertad”. Desde el COPINH y la familia de Cáceres, creen que el escenario más probable resultado del juicio, de los tres que contemplan, es que le dejen libre.

La familia recuerda con insistencia que no están siendo juzgados los autores intelectuales del asesinato. De entre los autores intelectuales, sólo hay uno encarcelado a la espera de juicio, David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, que fue detenido el pasado marzo, dos años después del crimen. Tanto desde el COPINH como desde GAIPE consideran que el Ministerio Público tiene en su poder pruebas concluyentes para llegar a la autoría intelectual, pero no ha presentado ninguna acusación al respecto. “David Castillo es un autor intelectual de segundo nivel, pero hay más personas la que dieron la orden. Y eso no está en la mesa”, afirma Camilo Bermúdez.

“Hay una confabulación para terminar con este proceso judicial de manera acelerada. Este juicio es una farsa, un juicio ilegal por todo lo que está sucediendo. Y debería ser distintito por ser un caso emblemático que no sólo afecta a Honduras, sino a toda la región de América Latina. Debería haber ciertos criterios de reparación de las víctimas, de verdad y de justicia que el Estado de Honduras está negando por completo. Hay que mostrar todas las irregularidades”, subraya Bermúdez, “¡Cómo va a haber justicia así!”, lamenta mientras recuerda que esto afecta a todos los casos de defensoras y defensores de la tierra que se enfrentan a juicios por oponerse a proyectos extractivos y políticas de Estado.

Las agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Honduras no son puntuales. El asesinato de Berta Cáceres se inscribe en un contexto de criminalización de la protesta, sobre todo si se lucha contra proyectos extractivos. Según la organización Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para el activismo medioambiental; entre 2010 y 2016 murieron más de 120 personas: “Instituciones estatales como el sistema judicial, el Ejército o las fuerzas policiales suelen utilizarse para apoyar los intereses de las empresas y las personas que en ellas participan”.