En el calendario de Igone Goikoetxea hay un día marcado en rojo. A partir del próximo 16 de abril, su hijo Jokin enfrentará un juicio que podría suponerle una condena de 50 años de cárcel. La jueza Carmen Lamela le acusa de haber participado en una trifulca nocturna que se registró durante la madrugada del 15 de octubre de 2016 en un bar de Altsasu y en la que se vieron involucrados dos guardias civiles sin uniforme. Tras leer los informes elaborados por la Benemérita, la magistrada y el fiscal actuante no dudaron en considerar la riña como un acto de “terrorismo”, por lo que este joven y otros siete vecinos de ese pueblo enfrentan duras peticiones de prisión.

“Jokin está nervioso e irascible. Los días se le hacen eternos, y a nosotros también”, dice Igone. No es para menos: su hijo lleva preso desde noviembre de 2016. Ahora está en la cárcel de Estremera, mientras que otros dos acusados (Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz) se encuentran en las prisiones de Navalcarnero y Aranjuez respectivamente. Allí seguirán hasta que llegue el 16 de abril y arranque por fin el juicio, que se prolongará hasta el día 27 de ese mismo mes. Luego habrá que aguardar la sentencia. Será entonces cuando empezará otro capítulo de esta historia.

De momento, en Altsasu sólo tienen clara una cosa: el fiscal ha pedido penas que suman 375 años de prisión. La acusación popular, ejercida por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) plantea elevar aún más las condenas, superando los 400 años de cárcel.

Con esos nubarrones en el horizonte, en este pueblo navarro han decidido dar un paso más para denunciar esta situación. Tras participar en varias movilizaciones, los integrantes de 48 asociaciones y organismos de Altsasu (desde clubes deportivos hasta entidades culturales o grupos gastronómicos) han tirado de sus listas de contactos en otras zonas de Navarra para impulsar la creación de grupos de apoyo. La idea ha triunfado: a día de hoy existen 17 comisiones de trabajo a lo largo y ancho de la Comunidad Foral.

Los frutos de esta campaña empezarán a recogerse este sábado: a partir de las 9.00 de la mañana, las madres y padres de los jóvenes acusados pondrán en marcha los motores de sus vehículos e iniciarán una gira por el territorio navarro que en esta primera etapa llegará hasta las localidades de Zubiri, Garralda, Otsagabia, Lumbier y Sangüesa. En cada uno de esos sitios habrá distintas actividades lúdicas y culturales en señal de solidaridad hacia los familiares, que también tomarán el micrófono para relatar lo que están viviendo.

El periplo se reanudará al sábado siguiente, y así seguirá ocurriendo durante los fines de semana de marzo. De esta manera, los grupos de apoyo creado en distintas zonas del mapa navarro garantizarán que los familiares de los imputados puedan llevar su voz a prácticamente todo el territorio. Hasta ahora, 690 personas han participado en las reuniones preparatorias de esta gira. “Estas cosas te dan fuerzas para seguir adelante”, comentó Igone Goikoetxea a Público algunas horas antes de iniciar la primera etapa.

Las familias pondrán punto final a este periplo el sábado 24 de marzo en Tudela y la zona de la Ribera, mientras que el 14 de abril encabezarán una manifestación en Pamplona. La movilización tendrá lugar justo dos días antes de que comience el juicio en la Audiencia Nacional contra los ocho jóvenes de Altsasu, por lo que desde su entorno confían que tendrá un amplio seguimiento.

Estas nuevas muestras de apoyo se sumarán a la larga lista de solidaridad y denuncia que ha despertado el caso Altsasu. De hecho, los respaldos han llegado también desde el ámbito institucional: tanto el Parlamento de Navarra como el gobierno de la Comunidad Foral han mostrado su “desacuerdo con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo, pudiendo acarrar penas desproporcionadas a los jóvenes encausados”. También solicitaron que el expediente sea devuelto al juzgado de Pamplona, tal como reclamó la Audiencia de Navarra, lo que implicaría que los imputados no fuesen juzgados por terrorismo.

Preocupación y denuncia

Esta misma semana se sumaron otras voces a ese reclamo de justicia. Por un lado, Amnistía Internacional incluyó este asunto en su informe anual, donde subrayó que en 2017 el Estado español “continuó aplicando de manera desproporcionada” la legislación antiterrorista, remarcando que “tres de las siete personas detenidas y acusadas de delitos de terrorismo por su presunta participación en una agresión a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 permanecían en prisión preventiva, pendientes de una vista prevista para abril de 2018”.

Por su parte, la organización internacional Fair Trials ha calificado la petición de prisión como “alarmante” y “sumamente desproporcionada”, al tiempo que destacó que “los mismos hechos conllevarían una pena máxima de cinco años de prisión si no hubieran sido calificados como delitos relacionados con el terrorismo”. La ONG con sede en Londres y Bruselas denunció además que los jueces han rechazado la mayoría de las pruebas propuestas por los abogados de los acusados, “lo que podría entrañar una amenaza para el derecho de defensa con todas las garantías legales”.