Las delegaciones mundiales que participan en la Cumbre del Clima de Madrid han alcanzado un acuerdo mínimo para salvar los compromisos de París. Tras unas negociaciones alargadas y duras, las partes han conseguido llegar a un consenso y aumentar la ambición climática y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque los diálogos se han desatascado durante la madrugada del domingo, la realidad es que el quorum final se distancia mucho de las peticiones planteadas por la sociedad civil y la comunidad científica, ya que se pospone hasta 2020 la presentación de los nuevos compromisos para la descarbonización y el descenso de la emisiones de CO2.

El documento aprobado –con el nombre Chile-Madrid, tiempo de actuar– salva a la COP25 del abismo en el que se adentraba, en parte, gracias a la labor de la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha tenido que asumir responsabilidades en las negociación debido a la escasa capacidad de liderazgo mostrada por Chile. 

El texto recalca "la necesidad urgente de mantener el aumento de la temperatura media global a muy por debajo de 2°C por encima de los niveles preindustriales" y habla de "realizar esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1,5ºC". No obstante, el acuerdo sigue sin esclarecer cómo lo harán los países, ya que sólo se "anima" a los países a presentar sus compromisos renovados a la alza en 2020, antes del encuentro de Glasgow.

En esta Cumbre, solo 84 países se han comprometido a presentar planes más drásticos contra las emisiones de cara a 2020. Alemania, Francia o España son algunos de ellos, sin embargo, gigantes como EEUU, China, Rusia o India no han mostrado ningún tipo de interés por recortar sus niveles de contaminación.

Sobre daños materiales

Los compromisos alcanzados en torno a "pérdidas y daños" también son tibios, aunque sirven para avanzar. El acuerdo Chile-Madrid, tiempo de actuar crea, por primera vez, herramientas para que parte del presupuesto del Fondo Verde pueda ir destinado a solucionar los desperfectos materiales y económicos que generan los fenómenos climáticos extremos en los países más vulnerables. Esta era una petición que nació de los estados insulares, que son los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis climática.

El Fondo de Adaptación logró movilizar un total de 89 millones de dólares durante esta COP gracias a la aportación de varios países –entre ellos España–, lo cual se queda lejos del objetivo de los 100.000 millones de dólares por año que se planteó al inicio de la Cumbre del Clima. De esta forma, los dirigentes mundiales se comprometen a que sea el año que viene cuando por fin se consiga alcanzar la cifra.

Falta al compromiso con el mercado de carbono

El mayor de los fracasos es el estancamiento del Artículo 6 del Acuerdo de París. De acuerdo con este epígrafe, las partes firmantes se habían comprometido a crear un mercado de carbono en esta COP, con el que los países que superasen los límites de contaminación pudieran comprar créditos de emisión a aquellos estados que no alcanzaran el tope. Sin embargo, los plenarios se han polarizado, ya que las delegaciones de los países en desarrollo reclamaban que esta herramienta estuviera basada en criterios de justicia climática y que un porcentaje del presupuesto de las transacciones se destinara a la mitigación de la crisis climática en las regiones más expuestas. 

Además, la doble contabilidad de este sistema de mercado, que permitía que tanto comprador como vendedor se apuntaran un tanto en el descenso de emisiones, ha supuesto una barrera infranqueable para alcanzar un acuerdo. De esta forma, las partes han acordado posponer a Glasgow el debate del famoso Artículo 6.

La COP del 'greenwashing'

Los seis pabellones en los que ha acontecido el evento han dado cobijo a miles de altos funcionarios, periodistas y observadores. Pero también empresas. Tanto es así, que la COP25 será recordada, más que por las negociaciones, por la desmesurada presencia de multinacionales y grandes compañías ligadas a los combustibles fósiles. Esta realidad ha sido denunciada por los activistas ecologistas, que han acusado a entidades como Iberdrola, Endesa, Volkswagen o el Banco Santander de usar la Cumbre del Clima para lavar de verde su imagen.

Además, estas dos semanas han servido también para visibilizar la brecha que existe entre los poderes políticos internacionales y la sociedad civil, que ha organizado una cumbre paralela con más de 300 eventos sobre crisis climática y derechos humanos. El distanciamiento se hizo visible después de que la ONU expulsara a un centenar de observadores de Ifema por haber organizado una protesta frente a los plenarios durante la tarde del miércoles 11. De hecho, organizaciones como Ecologistas en Acción o Juventud por el Clima, entre otras, han manifestado su descontento por la escasa relevancia que se ha dado a la población durante las negociaciones, frente a la constante aparición de empresarios en los eventos de la Zona Azul.

Esta brecha se ha intentado corregir con el acuerdo final de la COP, que reconoce los "esfuerzos y preocupaciones" de la sociedad civil, la juventud y los pueblos indígenas, "al pedir una acción climática global, urgente y ambiciosa".

La COP25 se ha convertido en la más larga de la historia con 36 horas de tiempo extra después del cierre oficial, el 13 de diciembre. De esta forma, Madrid supera a la COP17 de Durban en 2011 que se cerró a las 6 de la mañana.