Los eurodiputados y eurodiputadas de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo han debatido este martes con el comisario de Justicia, Didier Reynders, la propuesta de un certificado verde digital para facilitar los viajes entre los Estados miembros durante la pandemia. Una herramienta que debería de estar a disposición de la ciudadanía a finales de junio, y que todavía presenta dudas abiertas sobre su funcionalidad y utilidad.

Con el objetivo de incentivar los viajes dentro de la Unión Europea y salvar la temporada estival, la Comisión Europea propuso en marzo una suerte de pasaporte sanitario, impreso o digital, para que la ciudadanía pueda circular en condiciones de seguridad durante la pandemia de la covid-19. Una herramienta que ha sido bautizada como certificado verde digital y compensará la ausencia de un formato normalizado dentro e la UE y que evite un nuevo cerrozajo en espacio Schengen.

Este documento garantizará al país receptor que la persona portadora del mismo no está infectada por la covid-19, a través de una de las siguientes pruebas: un certificado de vacunación, un test PCR negativo o un documento de recuperación. Estos certificados deberán de ser emitidos por las autoridades nacionales de cada estado miembro, como hospitales o centros de pruebas.

Según la propuesta de la Comisión Europea, el certificado verde digital incluirá una serie de datos esenciales, como el nombre, la fecha de nacimiento, el estado miembro emisor y un identificador único del certificado. Además de una serie de datos específicos según cada tipología.

En el caso del certificado de vacunación, deberá de aparecer la denominación de la vacuna y su fabricante, el número de dosis y la fecha de vacunación. Según ha explicado el comisario Reynders, esta herramienta reconocerá a las personas que hayan recibido las dosis de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que a fecha de hoy son Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen.

La decisión en torno a la aceptación o no de la inyección rusa Sputnik o la china Sinopharm será decisión de cada país. El comisario de Justicia ha reconocido que "cada ciudadano deberá de tener derecho a un certificado, independientemente del tipo de vacuna que le hayan administrado, pero no podemos obligar a ningún Estado miembro a aceptar un certificado de vacunación que no haya sido aprobado en su territorio". "Si no hay evaluación positiva por parte de la EMA, los Estados miembros y su ciudadanía no pueden estar seguros acerca de la eficacia de la misma", ha añadido.

Hasta la fecha, la EMA ha autorizado las cuatro vacunas arriba mencionadas, con las que la Comisión Europea tiene contratos millonarios. Además, Bruselas ha firmado acuerdos con dos fármacos aún sin autorizar por la agencia europea, Sanofi-GSK y CureVac, y está en negociaciones con otros dos, Novavax y Valneva.

Sin embargo, no todos los países han seguido las recomendaciones europeas. Hungría y Eslovaquia han comprado dosis de la vacuna rusa fuera del programa de adquisición centralizada de la UE, y Budapest ya inocula dosis del antídoto chino. Así, la semana pasada Alemania abrió el camino a otras capitales a adquirir vacunas de forma bilateral, al plantear negociaciones con Rusia. La Unión Europea respondió dando vía libre a que los socios comunitarios puedan adquirir fármacos, siempre que no formen parte de la cartera adquirida por el Ejecutivo comunitario.

En el caso de un certificado de test, además de la prueba diagnóstica, se ha pedido que aparezca la fecha y hora de realización, así como el centro de prueba y resultado. Las eurodiputadas Sophie In t Veld y Tineke Strik han insistido en que los tests podrían convertirse en un obstáculo para aquellas personas que no puedan permitirse económicamente sufragarlos, aunque el certificado en sí sea gratuito. Según las representantes, esto podría suponer una discriminación para la libertad de movimiento de la ciudadanía y han exigido la gratuidad de estas pruebas. Una demanda compartida también por Pernando Barrena, eurodiputado de Bildu, y el socialista Javier Moreno.

El comisario ha recogido el guante, pero ha pasado el problema a las capitales. Reynders ha afirmado que, si bien los tests los cubren de forma gratuita las autoridades nacionales para temas laborales, para viajes no lo son. "Se pretende que haya un acceso generalizado y masivo, a un precio reducido, pero hay que entender hasta dónde llegan las competencias de la UE en el ámbito de la salud social", se ha excusado, aunque ha prometido trabajar con los Estados miembros para reducir dichos costes.

En el caso de un certificado de recuperación, de anticuerpos tras superar la enfermedad, habrá que presentar un documento con la fecha del resultado positivo, el emisor del certificado, la fecha de expedición y la fecha de validez del mismo. El comisario de Justicia ha hablado de 180 días de validez, pero ha insistido en la flexibilidad.

Protección de datos

El Supervisor europeo para la protección de datos (EDPS, por sus siglas en inglés), Wojciech Wiewiórowski, ha dado luz verde al proyecto, tildándolo de "bien orientado". Sin embargo, ha insistido por activa y pasiva en que se trata de una decisión política y no ligada a la lucha contra la pandemia.

"Desde la perspectiva de la protección de datos, aunque el sistema sea seguro no tendría que conducir a falsas expectativas, porque no podemos transmitir una sensación de seguridad que no podemos garantizar con la información que tenemos hoy en día", ha subrayado. Y es que "parece que hay pocos conocimientos científicos que sirvan como base para indicar que la vacuna de la covid o la recuperación de la enfermedad conducen a algún tipo de inmunidad" , ha añadido.

Wiewiórowski ha insistido en que "entre todas las lecciones que hemos extraído de la crisis la covid, la más importante es que tenemos que mantener los derechos de los ciudadanos". "Los europeos tienen derecho a viajar y a moverse, pero también a que sus datos se utilicen para probar su compromiso en pro de la salud y la seguridad de nuestro continente", ha comentado, para subrayar que "también tienen derecho a saber qué está certificando realmente este documento y a confiar, y no simplemente que haya mutua aceptación".

Y, ante la incertidumbre por lo que respecta a la transmisión de datos de las personas vacunadas, ha anunciado que, en su opinión, "el Certificado verde digital no es un instrumento para luchar contra la covid, sino que es una medida que implica un riesgo elevado, aunque estamos dispuestos a asumir ese riesgo para recuperar nuestros derechos". Así, el experto ha anunciado que no existe ninguna necesidad de creación de una infraestructura para almacenar los datos a nivel europeo.

Otros flecos por resolver

Reynders ha advertido que la propuesta puesta encima de la mesa no crea ningún marco jurídico para su uso más allá de la libertad de movimiento. "Si algún Estado miembro quiere usar el certificado para otras finalidades, deberá de crear un marco en su legislación nacional que cumpla con el reglamento general de protección de datos, donde demuestren que ese uso es necesario y proporcional", ha explicado.

Además, el comisario de Justicia ha defendido que el uso de esta herramienta es limitado y concluirá cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncie el fin de la pandemia. Una idea que han rebatido los eurodiputados conservadores de ECR, eludiendo que "la OMS no es muy eficiente y está condicionada por contribuciones externas, así que no creemos que un instrumento comunitario tenga que quedar supeditado de manera indirecta a lo que haga un organismo de fuera de la UE".

Más radical ha sido el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé Villalba, quien ha pedido evitar que la decisión quede en manos del director general de la OMS, "porque sería como dejarlo en manos del partido comunista chino". Ha pedido que sea un "derecho excepcional y temporal, máximo de 6 meses y prorrogable por el Consejo, que garantice la libre circulación, pero no la facilite".

El certificado verde digital debería de estar a disposición de la ciudadanía a finales de junio, por lo que la Eurocámara votará la propuesta en la próxima sesión plenaria, que tendrá lugar entre el 26 y el 29 de abril. De todo ir de acuerdo a lo previsto, podría votarse en el Consejo Europeo de junio.