En 2050, la temperatura global de España habrá subido 2ºC y las principales ciudades del Estado tendrán un clima similar al que hoy predomina en los países del norte de África. La península estará sumergida en un proceso de desertificación y las sequías, cada vez más frecuentes, afectarán al 70% del territorio. Estas son sólo algunas de las consecuencias más visibles que la crisis climática generará en España. Todo ello tendrá un impacto directo en la economía del país: tierras menos fértiles, bajada del rendimiento pesquero o una costa menos atractiva para el turismo internacional. Según los cálculos de Swiss Re, el PIB español caerá un 10% en las próximas tres décadas a causa de la crisis ecosocial.

Pero España no puede agachar la cabeza. Al menos así lo ha entendido el Gobierno, que ha presentado este jueves la estrategia España 2050, un plan a largo plazo que ha sido elaborado por cien expertos de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia creada en esta legislatura por el Gabinete de Pedro Sánchez. El documento aborda los problemas que el Estado y su población afrontará en las próximas décadas y propone cambios, muchos de ellos alineados con los objetivos de descarbonización que vienen dictados desde Bruselas.

Para mitigar ese escenario de aridez climática, el texto plantea avanzar con ambición en el recorte de emisiones de CO2, la electrificación de los sistemas energéticos y de transporte, pero también busca una transformación sociocultural que lleva a España a consumir menos recursos y cambiar los hábitos más nocivos para los ecosistemas. En ese sentido, aparecen medidas relevantes como la desaparición de los vuelos cortos de menos de dos horas y sustituirlos por viajes en tren eléctrico. El ferrocarril es, para este grupo de expertos, el arma más potente para modificar el modelo de movilidad actual que se sustenta en el coche y el avión, los vehículos más contaminantes, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Cambiará también la forma en la que se produce y consume. El modelo lineal, incompatible con los límites físicos del planeta, será sustituido por un modelo de economía circular que reduzca el número de residuos y mantenga con vida los productos el mayor tiempo posible. Es una suerte de utopía pensar que España no tendrá vertederos dentro de 30 años, pero las circunstancias obligarán a, por lo menos, buscar ese escenario. Hostelería, hogares, industria, construcción, todos los sectores tendrán que transformar su modelo de producción hacia la sostenibilidad y eficiencia.

Los cambios culturales pasarán por una vida diferente en la que se reducirá el consumo de alimentos cárnicos y de origen animal, así como el número de dispositivos electrónicos que cada ciudadano renueva al año. No habrá recursos para poder fabricar ingentes cantidades de electrodomésticos y las marcas tendrán que producir máquinas más longevas y resistentes. "Esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía. De hecho, probablemente ayudará a mejorarlas. Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable, que el 55% cambia de móvil cuando el anterior que tenía aún seguía funcionando, y que el consumo de energía es muy superior al necesario", dice el documento.

Tampoco afectará al empleo esta transformación radical. De hecho, el Gobierno considera que el futuro climático abre un escenario donde aparecerán nuevos trabajos vinculados a la producción de energía renovable, a los nuevos modelos de movilidad sustentados en el transporte colectivo y público o a la nueva forma de entender las labores agropecuarias, que estarán pensadas desde lo local. El modelo de economía circular también trae consigo nuevas posibilidades debido a la necesidad de reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos.  

Además, la crisis climática aumentará la vulnerabilidad de la población, en tanto que cerca de 27 millones de personas vivirán en zonas expuestas a las altas temperaturas y las sequías. Esto hace que el papel de los trabajos de cuidados cobren un peso importante por lo que se plantea incrementar el gasto público en cuidados, pasando del 0,8% del PIB actual al 2,0% en 2050. 

Las ciudades serán diferentes a mediados de siglo. Tal y como ya dicta la Ley de Cambio Climático, los municipios de más de 50.000 habitantes habrán transformado sus cascos urbanos, otorgando más espacio a los peatones y a los transportes sostenibles y colectivos. Pero también serán espacios más amables donde los ciudadanos puedan tener acceso a fuentes de agua potable –algo que reducirá el número de residuos de agua embotellada– y donde las zonas verdes y de sombra sean más abundantes.

Fiscalidad verde y una renta climática

Los expertos del Gobierno que han elaborado la estrategia articulan algunos objetivos clave para conseguir mitigar el peor de los impactos climáticos en el Estado. El primero de ellos es la reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Le sigue una reducción de la demanda hídrica empujada por el clima árido cada vez más asentado en la península. Con ello, España deberá disminuir la demanda de agua en un 5% para el año 2030 y en un 15% para mitad de siglo. 

Se citan, en tercer lugar, los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de reducir la intensidad energética primara en un 36% para finales de esta década y en un 63% para ese horizonte de 2050. Así, toda la energía producida deberá ser generada por fuentes renovables.

Menciona el documento otro de los pilares centrales del Green New Deal europeo, la necesidad de generar una fiscalidad verde que penalice las prácticas más contaminantes y premie a aquellos que producen o consumen de forma más sostenible. En ese sentido, para paliar los efectos negativos de una fiscalidad regresiva, se pone en el mapa el diseño de una renta climática, un mecanismo diseñado para devolver a la población parte de la recaudación procedente de los impuestos ambientales. Ésta, iría destinada a ajustar las asimetrías y corregir las desigualdades que puedan provocar los impuestos. En esa misma línea, aparece la creación de un Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática, que servirá para dar protección a las comunidades y personas que estén mas afectados por los efectos de la transición ecológica y por las consecuencias directas de la crisis climática.