Desde hace ya más de tres meses los responsables políticos y la empresa concesionaria del suministro eléctrico se han ido pasando la pelota sin poner sobre la mesa ninguna solución a la crisis humanitaria que viven cerca de 4.500 personas, la mitad de ellos niños, en la Cañada Real. Este enclave de casas prefabricadas en las inmediaciones de Madrid, se quedó sin luz en octubre pasado y, a pesar de los esfuerzos de sus vecinos y de diversas organizaciones e instituciones, ni las administraciones públicas, ni la compañía Naturgy han propuesto ninguna solución al problema. Sólo con la llegada del frío y la irrupción de la borrasca Filomena, que está dejando temperaturas de dos dígitos bajo cero y la mayor nevada en más de una década, han comenzado a aparecer las primeras y tímidas propuestas, que no convencen a los vecinos.

Este jueves, el Ayuntamiento de Madrid anunció que habilitaría una antigua fábrica de muebles en desuso de la zona, que según fuentes del consistorio tendrá capacidad para unas 600 personas en donde planean instalar alternadores para dar suministro eléctrico y calefacción. Otras 100 camas podrían estar disponibles en el polideportivo Cerro Almodóvar, en el cercano barrio Santa Eugenia de Vallecas.

Los vecinos, sin embargo, han rechazado la oferta. Denuncian que los planes del Ayuntamiento no han sido consultados ni debatidos con los vecinos y se quejan, entre otras cosas, de que los responsables municipales "parecen olvidar que estamos en medio de una pandemia por coronavirus". Tienen miedo a sufrir contagios por el virus y no entienden una medida así en plena pandemia, cuando los números de contagios van en aumento. Este viernes, los vecinos de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real (los afectados por el corte eléctrico) han afirmado que se trata de "una propuesta que nadie les ha consultado y que muestra la nula voluntad del Consistorio a encontrar una solución a su problema de falta de suministro eléctrico".

"La del Ayuntamiento no es una propuesta realista. Ellos hablan de 600 camas, pero sólo serían unas 100. En la fábrica no entran más de 300 camas y con la covid el número no podría superar la centena. En realidad se trata de una cortina de humo para que engañar a la gente, desviar la atención y decir que hacen algo. Pero no estamos pidiendo eso. No pedimos una cama. Tenemos nuestras casas, nuestras camas, nuestras habitaciones. No pedimos una cama donde dormir. Pedimos luz en nuestro hogar y poder pagarla. Para eso hemos pedido que nos instalen contadores, pero no lo han hecho. Naturgy nos dijo al principio que no los podía instalar porque se lo impedía la policía. Ahora dicen sorprendentemente en una carta que no son ellos quien nos quita la luz y que tiene que ver con una sobrecarga...", afirma Yasmin, una joven de 19 años que estudia primero de educación social.

En un comunicado, diversas asociaciones vecinales que se han organizado para defender sus derechos (como Al Shorock-Amanecer y la asociación vecinal del Sector V, entidades culturales Tabadol y Amal y la Comisión de la Luz del Sector VI) se quejan de que las administraciones "deciden sobre nosotros como si fuésemos mercancía, sin contar con nuestros derechos y sobre todo como si no fuésemos dignos de poder decidir".

Resaltan la falta de interés de administraciones y políticos y denuncian que después de tres meses seguidos sin luz el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no se ha reunido aún con ningún representante de las asociaciones "para buscar una salida a este grave problema, sin embargo ahora proponen una mudanza que nunca hemos solicitado".

También la empresa Naturgy, que surte de electricidad a esa zona, ha esperado hasta la llegada de los días más fríos del infierno y la aparición de la nieve para hacer declaraciones, aunque no una propuesta de solución. En una carta dirigida este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al delegado del Gobierno y los alcaldes de Madrid y de Rivas, solicita una reunión urgente.

La carta va dirigida a todas las instituciones que, junto al Ayuntamiento de Coslada firmaron en 2017 un compromiso para mejorar y rehabilitar las instalaciones eléctricas de la Cañada, iniciativa que hasta ahora no cumplieron.

La Cañada Real Galiana es una antigua vía pecuaria donde desde mediados del siglo pasado se han ido asentando una creciente población de distintos orígenes, conformando un barrio de grandes dimensiones. Una parte importante de este barrio, los conocidos como sectores 5 y 6, tienen suspendido el suministro de eléctrico. Los vecinos explican que históricamente con la llegada del otoño y los primeros fríos, habitualmente se han producido problemas de suministro eléctrico que podían durar una pocas horas o incluso uno o dos días. Pero que nunca han vivido un corte que durar más de tres meses como el actual y en unas circunstancias de intenso frío.

"La falta de electricidad está generando un sufrimiento indecible a los vecinos, la mayoría familias muy vulnerables", afirman las organizaciones de vecinos. Este sufrimiento es especialmente grave en los niños que "están viendo infringidos sus derechos y comprometido su bienestar". Si la situación de los casi 2.000 niños que viven en el barrio ya era complicada a principios de octubre, cuando se cortó el suministro, "en la actualidad es intolerable", añaden. La zona enfrenta temperaturas de cinco y diez grados bajo cero en estos días de tormenta e intensas nevadas.

Esta misma semana, el Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió a las las administraciones españolas que proporcionen los servicios médicos y sociales precisos para atender a Lina, una niña de sólo tres años de edad y que necesita de fluido eléctrico para su tratamiento médico. Padece una bronquitis que la obliga a tener oxigenoterapia domiciliaria, cosa de la que no puede disponer si no tiene electricidad.

No ha sido el único organismo en pedir medidas. Entre la larga lista de instituciones que han alzado la voz pidiendo una solución al problema que sufren los vecinos de la Cañada Real se encuentran otros organismos de Naciones Unidad, como el Alto Comisionado para la Lucha contra Pobreza Infantil, el Defensor del Pueblo y diversas organizaciones no gubernamentales de defensa del los derechos de los niños y niñas.

Una de ellas, Save the Children ha lanzado un comunicado este mismo viernes pidiendo que se despliegue de forma inminente al Unidad Militar de Emergencia (UME) "con los dispositivos necesarios para dotar de suministro eléctrico a estas familias". Esta misma petición había sido reclamada por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, así como por partidos políticos como Más Madrid. Esta semana el PSOE pidió al Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid  que tome medidas ante la "insostenible" situación de la Cañada.

Save the Children considera que los trámites necesarios para que Naturgy, empresa responsable del suministro eléctrico en la Cañada Real, ofrezca una red eléctrica óptima no están llegando a tiempo y que la emergencia social existente requiere una respuesta inmediata de la UME.

"No hay circunstancia alguna que justifique la vulneración de los derechos de la infancia y que las administraciones públicas y toda la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de hacer valer su interés superior", asegura Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de la ONG.

La respuesta de la administración es la criminalización

Ante la inacción de políticos y empresa privada, los habitantes de la Cañada Real han dirigido este viernes un escrito al Papa Francisco. En él solicitan su mediación "por la dificilísima situación que están viviendo las cerca de 4.500 personas y 1.812 niños de la Cañada.

En la misiva explican que los llamamientos de diversas personas e instituciones "no han tenido eco entre los responsables político, que no reconocen la emergencia y únicamente han respondido culpabilizando, criminalizando y estigmatizando a la población".

Durante todos estos meses, la única respuesta que ha dado la Comunidad de Madrid ha sido la de insistir en que lo que vive la Cañada es un problema de delincuencia y droga. Que las plantaciones de marihuana hacen insostenible la situación. Este viernes el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo, en lugar de proponer medidas que alivien el problema de los habitantes, ha vuelto a insistir sobre la tesis de la delincuencia y la ha usado como arma política arrojadiza. En una entrevista concedida a Europa Press ha afirmado que si el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quiere solucionar el problema, debería pedir a la Delegación del Gobierno "que actuara de forma inmediata y desmantelara las plantaciones ilegales" de marihuana en la Cañada Real Galiana y, de esta forma, se restableciera el suministro eléctrico en la zona.

"Sabemos que hay plantaciones ilegales que tienen que ser desmanteladas para que el resto de las familias puedan tener luz"; requieren una solución "rápida" a través de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha afirmado el responsable regional.

Desde la Cañada Real, los vecinos piden que no se criminalice al barrio y que no pueden pagar justos por pecadores. "Yo le diría a la presidenta Ayuso que delincuencia hay en todo Madrid. La invito a conocernos, que se pase por aquí y que vea que somos personas trabajadoras. Mi tiene 15 años cotizados y es un obrero y si vivimos aquí es porque no somos pobres y no podemos pagar un alquiler en Madrid. No me considero una delincuente. No robo, no vendo droga… La invito a venir a mi casa y que me conozca. Creo que es sólo el discurso que usa para convencer a otros, pero a nosotros nos criminaliza", afirma Yasmin.

Esta joven afirma que desde hace años han pedido por activa y por pasiva que les instalen contadores. Que la voluntad de los vecinos es pagar la luz que consumen y que insistir en la criminalización de los vecinos sólo puede tener como fin desviar la atención a los incumplimientos políticos. "Están rompiendo el pacto regional que firmaron todos los partidos políticos excepto Vox, por el cual se debía realojar a los vecinos en el año 2020. El acuerdo incluía una cláusula que afirmaba que mientras esto no ocurriera los vecinos debíamos tener garantizados los servicios básicos como luz y agua. Y que si no teníamos algún suministro, se buscarían fórmulas para proporcionarlos. Pero la Comunidad de Madrid no pide a la delegación del Gobierno que entre el ejército a traer generadores, ni siquiera con la oleada de frío. Lo estamos pasando muy mal. Tenemos a niños con neumonía y a bebés que han tenido que ser ingresados. Esto es grave y cada día suben más lo casos a atender.