Cargando...

Cuatro empresas concentran casi el 60% de los contratos de los comedores escolares

El servicio cuenta con un modelo diferente de gestión en cada autonomía, pero todos ellos se caracterizan por “la falta de transparencia e información”, tanto por parte de las administraciones públicas como de las empresas concesionarias.

Publicidad

El comedor escolar es un servicio que en nuestro país se ido privatizando a medida que han pasado los años. Tanto es así, que su gestión ya está externalizada en un 64% de los centros públicos. Una de las razones ha sido la apuesta de buena parte de las comunidades autónomas por sacar las cocinas de los colegios, obligando a los equipos directivos a recurrir a subcontratas para abastecerse. Así, el sector se ha oligopolizado y han ido desapareciendo las cooperativas y los servicios propios de cada escuela.

Publicidad

Una necesidad básica donde estas compañías han encontrado una oportunidad de negocio sin precedentes. En estos momentos, el 58% de los contratos se encuentra en manos de solo cuatro empresas, según un informe presentado este lunes por Comisiones Obreras (CCOO).

Click to enlarge
A fallback.

De acuerdo con el sindicato, si bien la mayoría de las escuelas de Infantil o Primaria cuentan con el servicio (un 67,6%), solo el 32% cuenta con instalaciones de cocina en el propio centro.

Este servicio proporcionó la comida principal del día a más de dos millones de estudiantes en el curso 2021-2022. Con todo, el alumnado usuario está por debajo del 25% debido al número de plazas insuficientes y a no existir prácticamente ni en Secundaria ni en Bachillerato, ha explicado Carmen Ortiz, coordinadora sectorial de Restauración Colectiva.

Publicidad

A este contexto, se suman unos precios muy dispares dependiendo de cada comunidad autónoma, que van de los 3,6 euros en Ceuta a los 7 euros en Cantabria. Una diferencia que, según el secretario general de Servicios de Comisiones Obreras, José María Martínez, no se corresponde con la subida de los precios de la energía y de las materias primas, sino que “son precios políticos” que en última instancia asume el usuario.

Según Ortiz y Martínez, pese a los diferentes modelos de gestión, todos ellos se caracterizan por “la falta de transparencia e información” tanto por parte de las administraciones públicas como de las empresas concesionarias. Asimismo, han denunciado la pérdida de calidad de los menús: hay “más carbohidratos, menos proteínas y las raciones con más pequeñas”.

Publicidad