Cuatro empresas concentran casi el 60% de los contratos de los comedores escolares
El servicio cuenta con un modelo diferente de gestión en cada autonomía, pero todos ellos se caracterizan por “la falta de transparencia e información”, tanto por parte de las administraciones públicas como de las empresas concesionarias.
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El comedor escolar es un servicio que en nuestro país se ido privatizando a medida que han pasado los años. Tanto es así, que su gestión ya está externalizada en un 64% de los centros públicos. Una de las razones ha sido la apuesta de buena parte de las comunidades autónomas por sacar las cocinas de los colegios, obligando a los equipos directivos a recurrir a subcontratas para abastecerse. Así, el sector se ha oligopolizado y han ido desapareciendo las cooperativas y los servicios propios de cada escuela.
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Una necesidad básica donde estas compañías han encontrado una oportunidad de negocio sin precedentes. En estos momentos, el 58% de los contratos se encuentra en manos de solo cuatro empresas, según un informe presentado este lunes por Comisiones Obreras (CCOO).
De acuerdo con el sindicato, si bien la mayoría de las escuelas de Infantil o Primaria cuentan con el servicio (un 67,6%), solo el 32% cuenta con instalaciones de cocina en el propio centro.
Este servicio proporcionó la comida principal del día a más de dos millones de estudiantes en el curso 2021-2022. Con todo, el alumnado usuario está por debajo del 25% debido al número de plazas insuficientes y a no existir prácticamente ni en Secundaria ni en Bachillerato, ha explicado Carmen Ortiz, coordinadora sectorial de Restauración Colectiva.
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A este contexto, se suman unos precios muy dispares dependiendo de cada comunidad autónoma, que van de los 3,6 euros en Ceuta a los 7 euros en Cantabria. Una diferencia que, según el secretario general de Servicios de Comisiones Obreras, José María Martínez, no se corresponde con la subida de los precios de la energía y de las materias primas, sino que “son precios políticos” que en última instancia asume el usuario.
Según Ortiz y Martínez, pese a los diferentes modelos de gestión, todos ellos se caracterizan por “la falta de transparencia e información” tanto por parte de las administraciones públicas como de las empresas concesionarias. Asimismo, han denunciado la pérdida de calidad de los menús: hay “más carbohidratos, menos proteínas y las raciones con más pequeñas”.