El cultivo de cannabis para uso medicinal todavía se regula con una ley de Franco

El reloj legal del cannabis se paró en España en 1967, cuando el dictador Francisco Franco promulgó la Ley de Normas sobre Estupefacientes para adaptarlas al Convenio de 1961 de Naciones Unidas. Esa ley y una Orden anterior de 1963 sobre cultivo de plantas medicinales relacionadas con los estupefacientes son las que regulan en 2019 las autorizaciones que concede la Agencia Española de Medicamentos del Gobierno para la producción de cannabis con fines médicos y científicos, una gestión que organizaciones como el Observatorio Europeo sobre el Consumo y Cultivo del Cannabis (OECCC) y el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) tachan de opaca por una “falta absoluta de transparencia”.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, es el organismo que tiene la potestad de conceder las autorizaciones para el cultivo de plantas de cannabis con fines de investigación, por un lado, y con fines medicinales y científicos, por otro, y que sigue rigiéndose por una normativa franquista que no ha sido modificada después de más 40 años de democracia. Las concesiones se hacen por un periodo de un año, que puede ser prorrogado previa presentación de resultados, y para conseguirlas las empresas o entidades solicitantes deben detallar la previsión de superficie a cultivar, el origen y las variedades de semillas, la cantidad de THC y CBD de las plantas y el destino de la producción, entre otros datos.

Hay cuatro empresas en España con autorización para cultivo de cannabis médico y científico

En su última actualización, hecha el pasado 13 de agosto, la AEMPS comunica que hay cuatro empresas en España con autorización para cultivo de cannabis médico y científico: Cafina, con sede en Alicante, Linneo Health, con capital británico y participada por el empresario Juan Abelló con amplia trayectoria en la industria farmacéutica, Oils4cure, radicada en Madrid, y Cannabinoids Spain, ubicada en Córdoba. Además, hay otras seis entidades que cuentan con una autorización para cultivar con fines únicamente de investigación.

Estas cuatro empresas, según los datos facilitados a Público por la AEMPS, tienen autorización para cultivar una superficie total 15,31 hectáreas, lo que equivaldría, utilizando un símil socorrido, a la extensión de unos 22 campos de fútbol plantados con cannabis sativa. Y toda la producción que se obtiene de esos cultivos –toneladas-, una cantidad no precisada por la Agencia, va destinada a la exportación a otros países donde el uso médico de esta planta está autorizado, porque en España aún no está permitido, precisa el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.

¿Pero por qué sólo cuatro empresas disfrutan de una autorización para producir cannabis con fines medicinales y por qué esas empresas y no otras han conseguido esa concesión? Ahí es donde empieza a levantarse un manto de niebla sobre un asunto regulado conforme a normas del franquismo y que aún no ha sido desarrollado legalmente por ninguno de los gobiernos democráticos elegidos desde la Constitución de 1978, aunque ha habido algunas propuestas presentadas en el Congreso. La Agencia se remite al cumplimiento de los criterios enunciados en la Ley de 1967 y asegura que en los dos últimos años (2018-2019) ha recibido 44 solicitudes de autorización de cultivo. En la respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo de Unidas Podemos en febrero del año pasado, el Gobierno reconocía que desde 2011 se habían recibido 172 solicitudes para la producción de cannabis, de las cuales sólo habían sido aprobadas 12, porque el resto incumplía los requisitos exigidos, según señala un informe de OECCC.

“Oscurantismo” con las licencias

Tanto esa organización como el Observatorio Español de Cannabis Medicinal hablan de “oscurantismo”, de una total falta de transparencia en todo el procedimiento relacionado con la concesión de autorizaciones para cultivo, de las que se están beneficiando, a su juicio, sobre todo grandes empresas con experiencia en el sector, mientras se queda completamente al margen el tejido productivo de los pequeños cultivadores. “En cuatro años no se han dignado a recibirnos ninguna de las dos ministras que ha habido en Sanidad”, se lamenta la presidenta del OECM, Carola Pérez.

Y mientras el producto de las más de 15 hectáreas cultivadas ahora en España tiene que ser exportado, porque aquí sólo está autorizado un producto medicinal hecho con cannabis, Sativex, un pulverizador que fabrica una empresa británica utilizado sobre todo para paliar los efectos de la esclerosis múltiple, miles de posibles beneficiarios en nuestro país han de seguir buscándose la vida en el mercado negro. Según Carola Pérez, en España hay medio millón de personas que ya usan esta planta para aliviar sus dolencias (cáncer, epilepsia, esclerosis, fibromialgia…) recurriendo a todo tipo de suministradores, alegales, clandestinos, nunca autorizados como las empresas que gozan de la concesión de la Agencia de los Medicamentos. Pero podrían ser muchas más las beneficiarias, estima Pérez, hasta diez millones de personas que padecen algún dolor agudo, que en algunos casos se valen ahora de fármacos con opioides para mitigarlo y que podrían todas ellas servirse de los beneficios terapéuticos del CBD que contiene la planta de la marihuana.

Todo ese potencial mercado está regulado ahora por la ley que promulgó Franco, siendo presidente de las Cortes, Antonio Iturmendi Bañales, y cuya única actualización se realizó en diciembre de 2001 para convertir en euros las sanciones que se cuantificaban en pesetas cuando se aprobó la norma en 1967. En la web donde la Agencia de los Medicamentos detalla los requisitos para la solicitud de autorización de cultivo de cannabis se remite directamente a los artículos séptimo y octavo de esa ley del franquismo, que disponen que “el Servicio de Control de Estupefacientes podrá autorizar cultivos de plantas destinados a la producción de sustancias estupefacientes” y que esas autorizaciones “serán específicas para personas, terrenos, tiempos, plantas y productos concretos”.

Igualmente, la Agencia de los Medicamentos precisa que los requisitos para autorizar hoy un cultivo de cannabis son los establecidos en la Orden de 7 de mayo de 1963, firmada por el entonces director general de Sanidad Alonso Vega, en la que, entre otras obligaciones, se exige “una certificación del alcalde acreditando el nombre de los propietarios, arrendatarios o contratistas que van a hacer los cultivos y la conformidad de los mismos”.

Un pacto de Estado sobre el cannabis

Carola Pérez cree que ha llegado el momento de que se llegue a un “pacto de Estado” en España, en el que los partidos aborden de una vez todos los ámbitos que afectan a esta planta, el industrial, el agrícola y el sanitario, entre otros, y regulen la creación de un órgano estatal que supervise todas las materias relacionadas con la producción, comercialización y uso del cannabis. “No tiene ningún sentido que en 2019 estemos con una ley de 1967. Todo en la vida evoluciona y esto también. Hay que sentarse y redactar una nueva ley”, subraya la presidenta del Observatorio.

Pérez: "No tiene ningún sentido que en 2019 estemos con una ley de 1967"

Intentos ha habido. El grupo parlamentario de Ciudadanos presentó en febrero de 2017 en el Congreso una proposición no de ley para la regulación del uso del cannabis con fines medicinales, una propuesta que llevaba también en su programa en las últimas elecciones generales. Y el de Unidas Podemos presentó en noviembre de 2018 una proposición de ley en la que se planteaba a lo largo de 43 artículos y varias disposiciones adicionales y transitorias la regulación de todos los usos del cannabis, tanto médicos como recreativos. También Esquerra Republicana presentó en 2017 otra proposición de ley sobre la regulación integral del consumo, tenencia y cultivo, pero todas estas iniciativas decayeron, en unos casos por el rechazo del resto de la Cámara y en otros a causa del fin de la legislatura.

PP y PSOE, los grupos con más diputados, son, precisamente, los que menos se han mostrado favorables a cualquier regulación, un asunto, además, que no figuraba en sus respectivos programas electorales, pese a que, según el Barómetro del CIS del mes de noviembre de hace un año, el 84% de los españoles está favor de que se legalice la marihuana para un uso médico, un porcentaje que casi duplica al 47,2% que aprueba una regularización del uso general del cannabis, en determinados establecimientos y condiciones.

Todo marcha muy despacio. La parquedad informativa con la que habitualmente ha despachado la Agencia del Ministerio de Sanidad el tema de las autorizaciones ha experimentado, por ejemplo, un leve cambio en su última memoria anual, la de 2018, en la cual dedica un apartado, breve, pero específico, al cultivo de cannabis. En un recuadro, señala que “merece una mención especial el incremento de las solicitudes de autorización”, “por lo que ha publicado en la página web los requisitos para realizar las mismas”.

Mientras, en otros países de Europa, como Alemania, Gran Bretaña, Holanda o República Checa, y del resto del mundo, como Canadá, EEUU o Uruguay, ya han dado muchos pasos legislativos y prácticos, de muy diferente calado, sobre la producción y uso del cannabis. La clave podría estar en marzo de 2020, cuando la Comisión de Narcóticos de la ONU podría acordar sacar el cannabis de la lista IV donde se incluyen las sustancias prohibidas consideradas más peligrosas, y dejarla sólo en la lista I, mucho menos restrictiva, lo que facilitaría su acceso legal en todo el mundo para fines médicos.