La decisión que tomó el pasado jueves la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) de suavizar la fiscalización internacional del cannabis para facilitar su uso medicinal y científico tendrá repercusiones en el tratamiento legal de la marihuana en los estados miembros, entre ellos España, que votó a favor de esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Queda ahora por ver cómo serán esas repercusiones, de qué alcance y cuándo se producirán.
Miles de pacientes que utilizan el cannabis para el tratamiento de sus dolencias, cientos de asociaciones de usuarios que aún carecen de una regulación de su actividad, investigadores de universidades que estudian las posibilidades terapéuticas de esta planta y empresarios de diferentes ámbitos en este sector aguardan ahora con gran expectativa qué paso dará el Gobierno de España tras la decisión histórica de la ONU, que ha tardado 59 años para modificar el tratamiento aplicado a la marihuana, inamovible desde la Convención Única de Estupefacientes de 1961.

Actualmente, más de 50 países han adoptado programas de cannabis medicinal, mientras que Canadá, Uruguay y 15 estados de EEUU han legalizado su uso recreativo. México y Luxemburgo también están estudiando esta posibilidad, destaca la ONU en una información sobre la aprobación de la CND que ha publicado en su web de noticias.

Aplicación de la resolución en España

Como primer paso, el secretario general de la ONU deberá notificar por escrito al Gobierno de España la resolución aprobada el jueves en el 63 periodo de sesiones de la CND, la recomendación 5.1 de la OMS que suprime el cannabis de la Lista IV de fiscalización internacional de estupefacientes, donde se encuentran las sustancias más peligrosas y con poco o nulo valor terapéutico, con la consideración de artículo prohibido, como la heroína, y lo mantiene en la Lista I, que permite un uso medicinal y científico de la planta, según explica Kenzi Riboulet-Zemouli, experto sobre políticas internacionales del cannabis que ha asistido a seis reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes y tiene una web para monitorear las posiciones de todos los países participantes y sus resultados.

Esa modificación de las listas de la Convención Única de 1961 debería ser luego ratificada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, como ha sucedido en anteriores reformas, ya que, según Kenzi Riboulet, España carece de listas de fiscalización propias como tienen otros países y adopta automáticamente las que apruebe la ONU. Otra cosa ya es la aplicación que quiera hacer el ejecutivo de esa nueva catalogación de la fiscalización del cannabis.

Un acicate para las iniciativas en el Congreso

Las iniciativas en el Congreso de los Diputados a favor de una regulación del cannabis podrían verse estimuladas con la decisión de la ONU. El PNV, que presentó el pasado mes una propuesta para crear una subcomisión dentro de la Comisión de Sanidad para analizar experiencias de regulación del cannabis medicinal en otros países, considera que la decisión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas "refuerza, sin lugar a dudas", la propuesta del Grupo Vasco.

El PNV sostiene que la resolución de la ONU, además de reafirmar la "idoneidad" de su iniciativa, ha traído consigo "el mensaje positivo" del posicionamiento favorable del Gobierno español a ese cambio. "Confiamos en que los grupos que lo sustentan, el PSOE y Unidas Podemos, mantengan una actitud coherente con la misma cuando el Congreso debata y vote la propuesta de nuestro grupo para crear la subcomisión", añaden fuentes de la formación vasca.

Y Unidas Podemos, que prepara una proposición de ley para abordar una regulación integral del cannabis, ve también "positivo" el resultado de la votación en el CND. Su portavoz en la Comisión Mixta para el Estudio del problema de las Drogas, Lucía Muñoz, considera que ahora se han reconocido internacionalmente las propiedades medicinales del cannabis y que eso "puede facilitar la investigación científica que necesita el gobierno como paso previo a la regulación", tal como precisó el ejecutivo en una respuesta parlamentaria el pasado septiembre. Según el grupo morado, ahora hay un marco internacional favorable, en el que, además, todos los países de la UE, salvo Hungría, han respaldado el criterio de la OMS, lo que supone que han cambiado los términos en los que se ha planteado hasta ahora el debate sobre la regulación.

Un impulso para la investigación

La investigación científica en torno al cannabis, sus componentes y propiedades, es muy abundante en todo el mundo. La base de datos del Pubmed, una biblioteca virtual de la medicina, registra cerca de 24.000 estudios e investigaciones relacionadas con esa planta. Y la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, tiene concedidas actualmente ocho autorizaciones para el cultivo de marihuana con fines de investigación, además de otras cinco para producción con fines médicos.

Un responsable de una de esas empresas autorizadas, Bhalutek, colaboradora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, sostiene que la decisión de la ONU supone un cambio más simbólico que práctico, de momento, pero que puede tener un gran efecto, sobre todo en el impulso de la investigación sobre el cannabis. A su entender, habrá más interés en llevar a cabo estudios sobre esta planta y eso, además, permitirá aportar las evidencias científicas que se están requiriendo en España para abordar un proceso regulatorio.

Queda ahora por ver, a juicio de este responsable, si los gobiernos nacionales se deciden a escuchar a la sociedad civil, como la Organización Mundial de la Salud hizo cuando elaboró sus recomendaciones a la ONU.

¿Qué beneficios económicos aportaría la regulación?

Se han hecho muchas estimaciones sobre los beneficios económicos que reportaría al Estado una regulación del cannabis vía cobro de impuestos y aportaciones a la Seguridad Social por creación de empleo en el sector, estimaciones que varían mucho en función de si la regulación es sólo del uso medicinal o se hace integral e incluye también el recreativo.

Un estudio de la Unidad de Políticas de Drogas del Servicio de Psicología y Logopedia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona calculó en 2018 que el erario público español ingresaría 3.312 millones de euros anuales en concepto de impuestos y cotizaciones a la seguridad social y que se regularizarían 101.569 puestos de trabajo para producir los 820.597 kilogramos necesarios para abastecer la demanda legal integral, con una drástica reducción del mercado negro, que se limitaría al 15% del total.

Por su parte, un estudio de la publicación estadounidense Marijuana Business Daily cifró las ventas de productos de cannabis medicinal en Europa entre 230 y 250 millones de euros en 2019, una tarta de la que España no sacó ninguna tajada al no tener regularizado ese uso.

Los pacientes creen que ya no hay excusas para no regular

En España hay entre 200.000 y 300.000 personas que usan el cannabis para el tratamiento de sus enfermedades, dolor crónico, esclerosis múltiple, cáncer y epilepsias, entre otras. La presidenta de la Unión de Pacientes por la Regulación, Queralt Prat, cree que la decisión que acaba de tomar la CND constituye la evidencia científica que el Gobierno necesitaba para afrontar una regularización del uso de la marihuana con fines medicinales. "Ya no puede haber excusas, porque sin una evidencia científica la ONU no habría tomado esa decisión, y el Gobierno español la aprobó", señala.

Según Queralt Prat, los pacientes son la parte más vulnerable y merecen que se regule ya el acceso a su medicina para disfrutar de una vida más digna, con plenas garantías tanto de salud como de seguridad jurídica. Y no sólo los que usan el cannabis con fines medicinales, dice ella, también una buena parte de los más de cinco millones de personas que se estima lo consumen con fines recreativos, pero que esconden casos de ansiedad, problemas de sueño o dificultades de sociabilidad. "Regular todo esto significaría seguridad, calidad de vida y tranquilidad", concluye la presidenta de esta organización.

Un "empujón" para regularizar las asociaciones

La reducción de la fiscalización internacional aprobada por la ONU también podría tener sus efectos en el futuro de las más de 1.500 asociaciones de usuarios que hay en España, uno de los movimientos asociativos más importantes del mundo en el ámbito del cannabis. Al menos así lo piensa la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (CONFAC), que, aunque esperaba de la reunión del CND en Viena una mayor reclasificación del tratamiento legal de la marihuana en el mundo, considera positivo el paso que se ha dado.

A juicio de la portavoz de Confac, Ana Afuera, la resolución de la ONU favorecerá una regulación en el ámbito medicinal y de la investigación, y podrá suponer, además, "un empujón" para que se regularice la situación de las asociaciones cannábicas en España, carentes de una ley estatal o autonómica que regule su funcionamiento, tras ser declaradas inconstitucionales las normas aprobadas en Catalunya y Navarra.

"De momento, lo que ha quedado demostrado es que el cannabis no es tan malo, sólo malo. Pero no sabemos aún cuáles van a ser las interpretaciones de los estados y los efectos reales de la aprobación de la ONU", precisa la portavoz de esta confederación que acaba de lanzar una campaña de recogida de firmas para instar al Congreso de los Diputados a abordar la regulación de las asociaciones y del consumo. Según un estudio que elaboraron este año, sólo la regulación de las entidades podría llegar a hacer aflorar más de 20.000 puestos de trabajo, que generarían al Estado un ingreso de entre 218 y 607 millones de euros.

¿Afecta en algo a los activistas ya condenados?

De momento, no se vislumbra ningún cambio en el ordenamiento jurídico penal español que pudiera modificar la situación de integrantes de asociaciones de usuarios de cannabis que han sido condenados por un cultivo de marihuana para abastecer a su entidad. Es el caso de Albert Tió, que ingresó el pasado 18 de noviembre en prisión para cumplir una pena de cinco años de cárcel por una intervención de cannabis en la asociación Airam de Barcelona de la que él era secretario, o el de la histórica activista Fernanda de la Figuera, condenada en 2019 a nueve meses de prisión por el cultivo con el que se abastecía una asociación de pacientes en Málaga.

No obstante, el Gobierno tiene sobre la mesa la solicitud de indulto para Albert Tió, apoyada por más de 15.000 firmas, entre ellas las de miembros de diversas formaciones políticas, en cuya resolución sí podría influir la rebaja de la fiscalización internacional sobre el cannabis, si el ejecutivo la tuviera en cuenta, claro.