Este artículo se publicó hace 3 años.
La denunciante del caso 'niñera' no aporta pruebas al juez porque dice que no pudo investigarlo por su cese
Mónica Carmona asegura que tuvo conocimiento de los hechos a través de una denuncia interna, pero se niega a revelar la identidad de quién la formuló amparándose en el secreto profesional.
Madrid-Actualizado a
La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ha ratificado este martes la denuncia de la que partió el llamado caso 'niñera' ante el titular Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, al que ha explicado que no puede aportar nada más a la causa debido a que al ser cesada no pudo seguir indagando en estos hechos.
El juez José María Escribano ha interrogado a Carmona como testigo porque fue ella quien ante otro instructor, del caso 'Neurona', reveló que a través de una "denuncia interna" le llegó que la ahora ministra de Igualdad, Irene Montero, usaba a "una persona a sueldo del partido", que identificó como Teresa Arévalo, actual asesora ministerial, "como cuidadora de sus hijos".
Según fuentes jurídicas, Carmona ha confirmado lo que expuso en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, donde dijo que Montero usaba "habitualmente" a Arévalo para cuidar de su hija. En concreto, contó que ambas hicieron un viaje a Alicante el 20 de octubre de 2019 para asistir a un mitin electoral y que, cuando la dirigente 'morada' tuvo que intervenir, dejó a la menor con su entonces jefa de Gabinete.
Las mismas fuentes han señalado que Carmona no ha aportado nada más que lo reflejado en dicho escrito, esgrimiendo que no pudo investigar a fondo los hechos porque fue cesada como jefa de 'compliance'.
A este respecto, la abogada de la acusación popular que ejerce Vox, Marta Castro, ha precisado en declaraciones a la prensa desde los Juzgados de Plaza de Castilla que, entre las pocas gestiones que Carmona dice que le dio tiempo a hacer, pudo enviar un correo electrónico a la gerente y al jefe de seguridad de Podemos, Rocío Esther Val y Victor Martins, para "recabar información".
Arévalo era miembro de la dirección de Podemos antes del nacimiento del primer hijo de Montero
Por su parte, el abogado Raúl Maíllo, que representa al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, en esta causa, ha criticado frente a esa "supuesta investigación" inicial de Carmona, que esta desconocía que Arévalo era miembro de la dirección autonómica y del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos "previo al nacimiento de ningún hijo" y que posteriormente fue jefa de Gabinete de Montero, así como que cuando tuvo lugar el viaje a Alicante cobraba del grupo parlamentario del partido.
Secreto profesional
Parte de la declaración de Carmona, que ha durado aproximadamente una hora, ha girado en torno a la identidad de las personas que pusieron en su conocimiento los hechos investigados.
En el mencionado escrito, la ex responsable de Cumplimiento Normativo señaló que supo de este asunto a través de una "denuncia interna", si bien al ser preguntada por las partes sobre la identidad de esa persona, se ha negado a revelarla, amparándose en el secreto profesional.
No obstante, ha apuntado que esa primera denuncia le fue confirmada por otros miembros de la formación política que le trasladaron los mismos hechos en un ambiente distendido, aunque tampoco ha querido poner nombres y apellidos a estas personas.
Maíllo ha acusado a Carmona de incumplir tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) como el Plan de Cumplimiento Normativo de Podemos, "que establece que ante cualquier actuación judicial o administrativa debe identificarlos".
El abogado y otras partes han protestado ante el juez por la negativa de Carmona a aclarar quién formuló esa "denuncia interna", si bien Maillo ha estimado que Escribano no la ha obligado a decirlo porque entenderá que lo declarado por la ex jefa de 'compliance' no tiene "ningún valor" al ser un "testimonio de referencia".
Si no ha querido destapar estas identidades, ha sostenido Maíllo, también en declaraciones a los medios de comunicación, es porque en el caso 'Neurona", "cuando viene el único testigo que está identificado con nombre y apellidos, lo niega rotundamente". "Y eso es lo que esta señora pretende evitar", ha zanjado. Vox, en cambio, ha atribuido el silencio de Carmona sobre estas personas a un intento por su parte de evitar que se vean sometidas a "presiones" desde la formación política.
La puesta en escena
Por otro lado, Castro ha llamado la atención sobre "la agresividad" de las defensas de los investigados, Arévalo, De Frutos y Val. "En unos tonos que han sorprendido por lo extraño que es en un ambiente profesional", ha comentado, apostillando que esta actitud evidenciaría "el nerviosismo o la guerra interna que tienen en Podemos".
Maíllo, por su parte, ha puesto el foco sobre el hecho de que el fiscal no haya acudido a la comparecencia de Carmona. En su caso, lo ha achacado a la "debilidad" de la causa.
A su juicio, "se ha dado un nuevo paso para deshacer el procedimiento" judicial. "No hay nada más que dires y diretes, no hay nada que acredite que esta señora (Arévalo) se salió de sus funciones, solo hay una enemistad manifiesta de la señora denunciante" hacia Podemos, ha afirmado.
"Unos segundos" en brazos
El pasado mes de abril, el juez Escribano acordó incoar diligencias previas contra Montero y Arévalo por este asunto, aunque solo citó como imputada a la asesora política, puesto que la ministra de Igualdad está aforada ante el Tribunal Supremo (TS).
Arévalo declaró el pasado 14 de julio para indicar al magistrado que viajó con el resto del equipo de campaña en calidad de candidata, dirigente estatal y jefa de Gabinete, reconociendo que en algún momento pudo hacerse cargo de la menor, si bien al mismo tiempo defendió que sostener a una niña en brazos "unos segundos" no implica hacer labores de niñera.
En la misma línea se expresaron la gerente y el tesorero de Podemos, que día 19 comparecieron como imputados. Ambos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación 'morada' que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas.
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