"Es un momento difícil, pero miedo no es lo que tengo. Si creen que por miedo me voy a arrepentir de haberles denunciado, están equivocados. Estoy actuando con la verdad". Bernardo Caal Xol, activista maya q´eqchí de 45 años, pasaba sus últimas horas en libertad el lunes 29 de enero. Nos encontramos en un local que no identificaremos de Ciudad de Guatemala. El líder comunitario se ha cortado el pelo y espera, aparentemente tranquilo, con dos bolsas grandes, en las que guarda todo lo necesario para sus primeros días entre rejas. En este momento se encuentra en busca y captura, acusado de cuatro delitos (robo agravado, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales) que niega haber cometido. A pesar de ello, sabe que irá a prisión. Al día siguiente debe comparecer ante el juzgado de Cobán, en Alta Verapaz, 200 kilómetros al norte de la capital, para responder por otra causa en su contra. Si no acudiese, le declararían en rebeldía y perdería los 25.000 quetzales (2.700 euros) de la fianza del otro proceso. Si acude, sabe que la policía va a estar esperándole para detenerle. Asegura que las causas penales que enfrenta están vinculadas a su oposición a la hidroeléctrica Oxec.

Caal es un líder comunitario que ha encabezado las protestas contra la infraestructura, que lleva operando desde 2015 en los ríos Oxec y Cahabón, también en Alta Verapaz, y que ha provocado una fuerte división entre los pobladores de la zona. Hace tres años comenzó a funcionar su primera planta, que entuba el agua del río Oxec a lo largo de siete kilómetros, tiene una potencia de 15 MW y tuvo una inversión de más de 600 millones de quetzales (aproximadamente 66’5 millones de euros). La segunda todavía está en fase de construcción, tiene previsto inaugurarse en agosto, generará 45 MW y habrá costado más de 1000 millones de quetzales (unos 110 millones de euros). Aunque los propietarios son guatemaltecos, la compañía matriz, Energy Resources Capital Corp, está radicada en Panamá, una práctica muy habitual entre las familias adineradas del país centroamericano. 

Oxec no es, ni de lejos, la infraestructura de estas características más grande de Guatemala. La mayor, Chixoy, tiene una potencia de 300MW. Sin embargo, durante los últimos tres años ha generado una fuerte oposición entre los vecinos. Estos denuncian que se instaló con engaños, que ha desviado el río provocando la muerte de flora y fauna y que, en realidad, los beneficios de la explotación de los recursos no revierten en los pobladores. Además, denuncian una estrategia deliberada para dividir a las comunidades. De hecho, en 2012, José Ernesto Batres, representante legal de Oxec, firmó convenios con once aldeas ubicadas en la denominada "área de influencia" en la que se comprometía a dar ayudas económicas durante los próximos 20 años a cambio de que los vecinos rechazasen a organizaciones como los Comités de Desarrollo Campesino (Codeca), Comité de Unidad Campesina (CUC) o el colectivo ecologista Madre Selva. Estos documentos fueron criticados por la Corte de Constitucionalidad, que consideró que no se habían firmado en situación de igualdad. 

La empresa y sus partidarios, que también los tiene sobre el terreno, argumentan que ha traído desarrollo a una región en la que, según datos del Banco Mundial, el 89% de su población rural vive en la pobreza. Además, defienden que su actividad dispone de todos los permisos del Gobierno, que solo da el visto bueno tras analizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por último, afirman que su labor permite generar energía limpia en un país con supuesta grave escasez. Sin embargo, se da la paradoja de que buena parte de lo que producen estas plantas se exporta y varias de las aldeas alrededor de la hidroeléctrica carecen de luz. 

Selva de Guatemala donde opera Oxec. Simone Dalmasso.

"Soy un preso político que se encuentra en esta situación por denunciar el secuestro de los ríos, por declarar que los están matando, pero lo voy a seguir haciendo, denunciando lo que acontece al pueblo q’eqchi y el saqueo de su territorio. El Ministerio Público no pudo demostrar las acusaciones anteriores y ahora sale con otras. El objetivo es callar e intimidar a la gente", proclamó Caal Xol en el mismo momento de ser arrestado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal, una de las ramas de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Desde entonces, se encuentra en el preventivo de Cobán. Organizaciones internacionales, como Greenpeace, como españolas, como Solidaridad Internacional, han comenzado una campaña para exigir su liberación. 

"Yo nunca había tenido que enfrentar procesos penales", explicaba un día antes de que le colocasen las esposas. "Fui estudiante, trabajé de maestro, ¿por qué tengo que enfrentar estos procesos penales? ¿Quién trajo esos problemas?", protestaba, para sentenciar, en relación a la hidroeléctrica que, "por enriquecerse, no les importa a quién matar o meter en la cárcel". 

Lo cierto es que Bernardo Caal Xol es conocido por ser el tipo que ha interpuesto tres denuncias contra Oxec. Por el momento, en dos ocasiones ya le han dado la razón, mientras que la tercera está todavía en fase de investigación. 

La primera denuncia estaba relacionada con la consulta a los pueblos indígenas, y marcó un antes y un después en la gestión de los conflictos entre pobladores y empresas hidroeléctricas o extractivistas. En 1996, tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a décadas de guerra, Guatemala firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este tratado indica que las poblaciones indígenas deben ser consultadas antes de que una gran infraestructura se instale en su territorio. Como buena parte de los pactos suscritos entre el Gobierno de Álvaro Arzú y la guerrilla, hasta ahora este convenio no se había aplicado. Sin embargo, en los últimos dos años existen al menos diez demandas contra empresas que han comenzado a operar sin que el Estado consulte a los pobladores. 

La hidroeléctrica trabaja actualmente en los ríos Oxec y Cahabón. Simone Dalmasso.

En el caso de Oxec, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio la razón a Caal a principios de 2017 y mantuvo paralizada la hidroeléctrica durante dos meses. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo en el que reconocía que las comunidades no habían sido consultadas, daba un plazo de un año para celebrar estas conversaciones pero permitía que la empresa siguiese operando, lo que generó el enfado de sus detractores. Además, marcó las pautas para preguntar a las comunidades, siguiendo un modelo en el que no cabe el rechazo, lo que ha motivado que Madre Selva interponga un recurso ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. 

En agosto de 2017, un grupo de comunitarios celebró una consulta en Santa María Cahabón, el municipio en el que se ubica la hidroeléctrica. A pesar de las llamadas del Gobierno de Jimmy Morales a no participar, emitieron su voto más de 30.000 personas de un censo de 70.000. Todas ellas se opusieron a la infraestructura. 

La batalla por las consultas a los pueblos indígenas todavía está pendiente de resolver. 

La segunda denuncia interpuesta por Caal también fue admitida por la Justicia. En este caso, el activista se querelló por la tala ilegal de árboles en 15 hectáreas. El 22 de enero, un juzgado de Cobán, capital de Alta Verapaz, llegó a un acuerdo con Oxec y le obligó a pagar 4 millones de quetzales (443.000 euros) en concepto de resarcimiento ambiental y social. Vladimir Soto, abogado de Madre Selva, colectivo que acompaña a Caal y los comunitarios, denuncia que ellos no buscaban un pacto, sino un proceso penal que determinase culpables. Valeria Prado, responsable de Sostenibilidad y Comunicación de la empresa, afirma que ellos niegan haber talado los árboles pero que han preferido poner fin al proceso pagando la multa. 

La última de las querellas todavía está en fase judicial. Caal Xol denunció que la segunda fase de Oxec se construye en terrenos propiedad de la Nación, por lo que toda la infraestructura es ilegal. Esta versión es corroborada por documentos oficiales desvelados por Plaza Pública, periódico digital guatemalteco. La fiscalía de Cobán está investigando el caso. 

Se da la circunstancia de que el activista interpuso sus denuncias entre 2015 y 2016 y, a pesar de las irregularidades detectadas, no se ha procesado a nadie. Sin embargo, él está en prisión por dos demandas del año pasado. En la primera, fue acusado de "estafa" por no acudir a trabajar a su puesto de maestro entre 2012 y 2013. Él argumenta que en este tiempo ejercía como liberado sindical, pero todavía está pendiente de juicio. En la segunda, fue acusado de participar en la retención y robo de cuatro trabajadores que participaban en las obras de Oxec. Aunque los hechos sucedieron en 2015, los demandantes presentaron la querella en junio de 2017, en un momento de tensión por las movilizaciones contra la hidroeléctrica y las sentencias judiciales en contra de la empresa. Hugo Archila, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos que lleva la defensa de Caal, denuncia que se trata de un "montaje". Valeria Prado, representante de la empresa, niega cualquier vinculación con las demandas y el encarcelamiento del activista. 

Los casos de criminalización de defensores del Medio Ambiente o los Derechos Humanos en Guatemala son habituales. Uno de los más conocidos es el de Lolita Chávez, activista quiché nominada al Premio Sajarov de la Unión Europea y que actualmente se encuentra en Bilbao, dentro de un programa del Gobierno Vasco para la protección de defensores en situación de riesgo. 

"La Justicia es una serpiente que muerde solo a los descalzos", denunciaba Caal Xol antes de ser encarcelado. Desde que se encuentra en prisión, en Santa María Cahabón y Cobán se han desarrollado diversas movilizaciones para exigir su libertad. "Me entrego a la Justicia, voy a ir a la cárcel, no importa por cuánto tiempo, pero es para demostrar que los queqchíes tenemos mucha dignidad y para poder vencer la corrupción que impera en todas las instancias gubernativas en Guatemala, desde el ministerio de Energía y Minas hasta el concejo municipal de Santa María Cahabón", proclamó. El 19 de abril tiene prevista una nueva audiencia que determinará si es excarcelado o permanece como preso preventivo hasta la celebración de su juicio.

(*) Periodista de Plaza Pública