Decretaron su desahucio en plena pandemia de la covid-19 y fue ejecutado hace apenas veinte días. La fecha no la olvida, 6 de julio de 2020. Está intacta en la memoria de Silvia Núñez, sevillana de 33 años con discapacidad sensorial y res niños a su cargo (uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista). En plena crisis del coronavirus, Silvia había perdido los pocos ingresos que le quedaban y que cobraba en negro. No ha tenido derecho a ERTE, a ninguna ayuda. Y lo último que esperaba es este golpe final. 

Silvia cuenta a Público que la vivienda en la que se encontraba ocupada "era una vivienda que el ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos en Sevilla tenía abandonada desde que murieron los propietarios en 2014" y en la que se metió por necesidad. Núñez ha vuelto desde el pasado 6 de julio a casa de sus padres, donde ya vive su hermano con su familia al completo por falta de recursos. "Mis hijos los tengo repartidos porque no puedo, no tengo para otro techo y me he visto obligada desde hace veinte días a trasladarlos a otras casas con muchísimo dolor".

"Ratas, botellas vacías, y muchos cristales"

Así era el aspecto de la vivienda "protegida" que Silvia ocupó el 29 de septiembre de 2018 al ver la imposibilidad de pagar el alquiler del piso que tenía alquilado. "Iban con mis padres y llamábamos a la puerta pero nunca abría nadie y al final un día decidí empezar a arreglarla por mi cuenta". Han sido años especialmente duros para esta joven. "Ya no me acuerdo ni lo que es un buen trabajo" afirma a Público. En 2005, Silvia era auxiliar en un hospital, un trabajo que decidió aparcar para irse hasta las islas Canarias y empezar una vida nueva.

"Allí comencé a trabajar en la hostelería y me iba realmente bien. Pero la vuelta de nuevo a mi tierra fue muy dura", recuerda. Silvia regresa en 2010 sin empleo y empieza a ver la realidad de la crisis, "sin encontrar nada y ya con uno de mis hijos en el mundo Adrián veía que las posibilidades eran cada vez más complejas", relata. Además su hijo había nacido con el síndrome Asperger, catalogado en el Trastorno del Espectro Autista.

"Empecé a ir viendo que necesitaba sus terapias y tratamientos y todo se fue complicando más y más con el paso de los años". A pesar de los varapalos, Silvia no dejó de luchar. "Limpiaba en alguna casa, iba cuidando de algún mayor y poco a poco salíamos adelante". En 2013 nace Andrea que hoy tiene seis años de edad. Y hace tres años Silvia dio a luz a su último hijo, Aarón. 

Silvia encontró una infravivienda para adecentar y ocupar con sus hijos

Por circunstancias de la vida, Silvia comenzó a vivir de forma independiente con sus tres pequeños pero las facturas ya iban ahogando lentamente un hogar construido con muchas dificultades. "Solo la psicoterapia de Adrián se llevaba doscientos euros al mes y tenía que buscar una salida para no quedarme de ocupa".

Silvia decidió en 2015 volver a su pueblo, Castilblanco de los Arroyos, a cincuenta kilómetros de la ciudad de Sevilla. Allí encontró aquella infravivienda cuando no pudo pagar de nuevo el alquiler, en las peores condiciones inimaginables. Pero en tan solo dos semanas consiguió crear un hogar para Adrián, Andrea y Aarón. "Me daban muebles, las vecinas, las madres del cole y en dos semanas tenía un techo para empezar a hacer frente a mi vida".

A pesar de las ayudas solicitadas a la Junta de Andalucía desde 2016, y la discapacidad sensorial de esta sevillana con una sordera total en el oído izquierdo, no ha logrado obtener las ayudas para mantenerse dignamente en una vivienda regulada.

Núñez conoce a los pocos días de ocupar la vivienda que se trata de una propiedad municipal. "A los cinco días vienen por primera vez los municipales y me invitan a salir de la vivienda pero yo les enseño que soy solicitante de vivienda social del ayuntamiento y que no tengo ingresos con tres menores a mi cargo".

El ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, gobernado por el PSOE, elevó el requerimiento a los Juzgados el 4 de diciembre de 2019, aunque ya había dado varios ultimátum a la joven. Silvia con la ayuda de su abogado solicita una alternativa habitacional. No tiene respuesta por parte del Ayuntamiento ni de Servicios Sociales que denuncian a Silvia por usurpación de la vivienda con una multa de 180 euros. "Gracias a mis vecinos pagué la multa y continué en la vivienda porque no tenía ninguna otra alternativa".

Dos viviendas sociales vacías y tapiadas durante años

El requerimiento ante el juzgado número 14 de Sevilla para el desalojo de Silvia y sus hijos se decretó el 23 de marzo de 2020,en pleno estado de alarma por el coronavirus. Esta salida de la vivienda de la joven y sus hijos de forma inmediata solo avecinaba un desahucio que se iba a producir en el momento que volviera la nueva normalidad.

Su abogado apoya a Silvia, de forma desinteresada, durante la pandemia y esperaría durante los meses más difíciles que no se ejecutara aquella sentencia. "Mi abogado me ayudaba a tener fuerzas porque mi situación era muy particular sobre todo cuando me quedé sin ingresos a raíz del inicio de la pandemia".

Silvia ya no podía ir a casa de su vecino sin la ley de dependencia aprobada para sacar cinco euros la hora cuando la llamaba para limpiar o ayudarle al aseo. Tampoco podía acudir a la vecina que la llamaba para ir a limpiar unas horas. Silvia ha tenido que enfrentar en medio de la pandemia la amenaza de un desalojo que finalmente se ejecutaría el 6 de julio de 2020, hace menos de tres semanas.

El desahucio: una decena de policías, un ataque de ansiedad y mucho dolor

"Parecía que yo era una delincuente con casi una decena de policías en mi puerta". Aquella mañana, a pesar del escrito presentado al juzgado por su letrado solo cuatro días antes, detallando la situación de exclusión social de la familia Núñez, la sentencia se hizo firme y le dieron a Silvia apenas dos horas para sacar todos sus enseres. La pandemia no solo le trajo más miseria a Silvia, también un triste desalojo donde no había más alternativa que dejar de vivir con sus hijos.

La joven de 33 años sufre en el momento del desalojo una fuerte crisis de ansiedad. Casi una decena de policías, dos municipales y ocho guardias civiles están presentes. Ni Adrián, ni Andrea, ni Aaron están dentro de la vivienda pero sabe que el futuro que ahora les espera es muy incierto.

Han pasado más de dos semanas de aquel trance y Silvia ha vuelto sola a casa de sus padres porque no hay más espacio donde ubicar a sus niños. "Al chico lo tengo conmigo pero a mi niña la veo por videollamada. Está en el pueblo de al lado, Burguillos. No me puedo permitir ir a Sevilla cada día que está a 50 kilómetros".

Para hablar de su hijo Adrián, tiene que tragar saliva. Sigue sin poder recibir su terapia desde antes del confinamiento. "Mi hijo ha estado muy agobiado y he intentado lo máximo posible que no se de cuenta de lo que estaba ocurriendo aunque ha sido inevitable".

La vivienda ocupada por Silvia, se encuentra de nuevo tapiada sin saber que familia podrá beneficiarse de un alquiler. Público ha consultado a fuentes del ayuntamiento de Castilblanco el plazo de adjudicación de estas viviendas "sociales" que a familias como la de Silvia Núñez les hacen tanta falta.

"Estamos en un proceso de concurso público ante notario para adjudicar una de ellas en verano y otra a finales de 2020" aclara el consistorio al periódico. Núñez es una de las beneficiarias que podría optar a la vivienda. Esta en las listas. Sin embargo, desde el desalojo producido hace 16 días, no ha tenido ningún tipo de contacto con el ayuntamiento socialista de Castilblanco.

Núñez quiere recuperar la vida con sus hijos y busca viviendas para poder permanecer con sus pequeños sin tener que volver a separarse de ellos. Acaba de solicitar el Ingreso Mínimo Vital para retomar su vida. "Espero que alguna persona se fíe y me quiera alquilar algo en el pueblo. Tengo ahora derecho a seis meses de alquiler pero nadie se fía de mi situación. Esperemos que todo vaya cambiando, aunque sea poco a poco", concluye a Público.