"La última vez que hablé con mi padre me dijo: 'Hija, por favor, a ver si me sacas de aquí, que me dejan morir. Sácame'. Lo pedí a la dirección de la residencia muchísimas veces, pero siempre me lo negaron. Después, cuando falleció, rogué que me dejaran verle. Nunca ocurrió. Sólo pude despedirme de una caja cerrada con su nombre escrito en un folio. No sé a quién enterré. Nunca lo supe", recuerda Puri en una conversación con Público. Como ella, miles de familias madrileñas sabían que sus allegados que residían en centros de mayores estaban condenados a morir sin atención médica, con la impotencia de no poder hacer nada.

En los momentos más duros de la pandemia, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó los llamados "protocolos de la vergüenza": unos documentos que incluían una serie de directrices para excluir a las personas mayores, que estaban viviendo tanto en residencias como en sus propios domicilios, de cualquier atención hospitalaria.

El padre de Puri fue una víctima más. Él tenía un problema intestinal que provocaba que se le rompieran los capilares y tuviera sangrados. Cuando todo se cerró por el confinamiento, llamaron a sus hijos para informarles de que había vuelto a enfermar, y que esta vez también tenía fiebre. "No le podían llevar a Urgencias. Propuse llevarle yo directamente a su hospital para que le hicieran una trasfusión, pero nada. También intenté poder valorarle yo, que soy sanitaria, pero no me dejaban verle", lamenta.

Puri lo intentó todo para salvarle la vida. Llamó a la dirección de la residencia, a los médicos, a las enfermeras, al entonces gerente del AMAS, escribió correos a la Consejería de Sanidad, a la presidenta de la Comunidad..., pero nada dio resultado.

Desesperada, decidió presentarse en el centro: "Me puse un Equipo de Protección Individual (EPI) que tenía del trabajo y fui allí. Les dije que yo subía a cogerle la vena a mi padre, que yo, bajo mi responsabilidad, le ponía la inyección de hierro que necesitaba, y tampoco me dejaron. Estaba en la puerta de la residencia, se lo podía dar a los sanitarios que trabajaban allí si no tenían. Yo sabía que mi padre lo necesitaba, era su tratamiento habitual. Es que se iba morir...". 

"Mi testimonio es así de duro, pero no es el único caso. Una conocida me contó que, dos días después de enterrar a su madre, la llamaron de la residencia. Querían preguntarla cuándo iban a pasarse por su féretro. Esto pasó porque no nos dejaban ver sus cuerpos sin vida", explica Puri. 

Entre marzo y abril de 2020, nadie con más de 80 años, tuviera la patología que tuviera, podía salir de ninguna residencia madrileña. Durante esos meses, la mortalidad por covid entre los mayores que vivían en residencias y que no fueron hospitalizados superó el 40% en la Comunidad de Madrid, mientras que en otras comunidades ese porcentaje osciló entre el 7,7% y el 25,9%.

La tasa de mortalidad entre los residentes que sí fueron hospitalizados fue más bajo: ente el 27,7% y 42,5%, según un estudio publicado el pasado mes de junio en la revista internacional Epidemiología. Solo hubo una excepción: quienes podían pagar un seguro privado, que sí eran derivados.

Así lo ha explicado Ángeles a este medio. Cuando su madre cayó enferma el 20 de marzo, aunque en principio no le dejaron entrar a verla en la residencia, sí le permitieron sacarla. ¿La razón? Tenía un seguro privado desde hace más de 50 años.

"Cuando me enteré de que estaba enferma, llamé al director, le dije que mi madre tenía un seguro privado y que yo la sacaba para llevarla a la parte privada de la Fundación Jiménez Díaz. Allí pudo salir adelante. Luego la llevé a casa con una cuidadora. Mi madre ha vivido con buena calidad dos años más, una oportunidad que no tuvieron los mayores que no tenían ese seguro. Le salvó la vida", expresa.

De acuerdo con aquellos protocolos, cuando un residente se ponía enfermo, los empleados tenían que llamar al geriatra de enlace del hospital público de referencia para que decidiera si el SUMMA 112 le trasladaba o no. En cambio, si el paciente tenía mutua, los profesionales simplemente llamaban a su seguro para pedir una ambulancia privada y que se le ingresaran. Esta discriminación fue confirmada por las propias aseguradoras, que nunca tuvieron que llevar a cabo ningún tipo de selección que excluyera a personas por una cuestión de edad.

Una situación que llama la atención, teniendo en cuenta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tenía el control de todos los hospitales (públicos y privados) bajo un mando único. Tal y como ha detallado el periodista Manuel Rico, los residentes "podrían haber recibido una atención médica no discriminatoria" por otras vías como
medicalizando las residencias, haciendo uso de los hospitales privados u hoteles medicalizados. En cambio, todas esas alternativas quedaron cegadas mediante "decisiones políticas conscientes y planificadas".

"Cuando nos dicen que olvidemos, pienso, cómo se olvida algo así. Fue un genocidio, una injusticia. Sabían que se iban a morir y les dejaron solos. Es una forma tan triste de despedirse... Nada nos puede asegurar que, una vez contagiado, se hubiera podido salvar; pero sí podría haber muerto dignamente. Ni siquiera tenían oxígeno para todos, se turnaban una botella", dice con tristeza Puri.

Entre dolor y la angustia, y con la aspiración de hacer justicia, las familias de las víctimas de la gestión del Gobierno autonómico luchan a través de todas las vías judiciales disponibles para que se investigue y se depuren responsabilidades. Este mismo martes, de hecho, ex director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, ha declarado en los juzgados de Plaza Castilla en una causa abierta por una denuncia de Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare).