El desplome demográfico sitúa al sistema educativo español ante una dura reconversión que conllevará el cierre de decenas de miles de aulas, y previsiblemente de escuelas, como consecuencia del acusado descenso del número de niños en edad escolar, que se reducirán en casi una cuarta parte en dos décadas, según las Proyecciones de Población del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Las sombras que se proyectan sobre el futuro del sector han intensificado las tensiones entre defensores de la escuela pública y partidarios de la enseñanza concertada –mayoritariamente católica-, en un enfrentamiento que se traslada al debate político en las instituciones y también a la calle, especialmente en las comunidades que, como financiadoras del sistema -5,768 millones en 2014-, optan por dar prioridad a la primera ante el descenso demográfico.

Así ha ocurrido en Andalucía, donde las protestas se suceden a pequeña escala desde que la Junta anunció en enero su decisión de dejar de financiar 23 unidades en centros privados; en Aragón, donde 20.000 personas se manifestaron a favor del modelo de conciertos antes de que el Gobierno autonómico decidiera suspender el pago de 13 y rechazar el inicio de dos en colegios del Opus que segregan por sexo  para salvar 28 en centros públicos —decisión suspendida por orden judicial—, y en Extremadura, donde los colegios católicos recogen firmas contra un eventual recorte de la concertación.

En las tres comunidades gobierna el PSOE en minoría: en la primera con apoyo de Ciudadanos y en las otras dos, de Podemos y de otras fuerzas de la izquierda, como en Valencia y Asturias, donde las protestas se concentraron el año pasado.

800.000 niños menos por década

Este curso hay matriculados en los centros educativos españoles del régimen general, que incluye Infantil, Primaria, ESO, Bachiller y FP, un total de 8.108.884 alumnos, dos tercios de ellos -5,5 millones- en centros públicos y 2,6 millones en privados. Son medio millón más que en 2009 , cuando, al comenzar el declive demográfico que ahora comienza a tensar a la comunidad educativa, la proporción era de cinco millones por 2,4.

Sin embargo, las previsiones demográficas del INE apuntan a un drástico descenso de los niños en edad de escolarización obligatoria en el país. Concretamente, pronostica que los actuales 6,68 millones de menores de entre 3 y 16 años —el sistema educativo incluye otro millón y medio de más edad— se habrán reducido a 5,87 en una década, y que en la siguiente la cifra descenderá hasta 4,97.

Ese desplome de 1,7 millones de niños, que se ralentizará con la pérdida de otro 1,32 en las cuatro décadas posteriores, equivaldría a la pérdida teórica de 68.187 aulas de 25 alumnos en veinte años: 32.169 entre 2016 y 2026 y 36.018 entre ese año y 2036.

Esas estimaciones prevén para los próximos quince años importantes descensos de la población en edad de escolarización obligatoria en las comunidades autónomas  más pobladas, caso de Andalucía, donde la pérdida de 271.785 niños de tres a 16 años –el 20,83%- equivaldría a 10.871 aulas; de Catalunya, donde la reducción sería de 215.466 -19,4%, 8.816 aulas-; de Valencia, con un retroceso de 166.301 -23,28%, 6.652-, y de Madrid, con una caída de 120.524 -12,72%, 4.820-.

Ese fenómeno sería también acusado en áreas de menor densidad demográfica como Galicia, con una pérdida cuantitativamente menor que las anteriores -74.569 escolares- pero porcentualmente mayor -24,12%- y que equivaldría al cierre de 2.982 aulas; Euskadi, donde el descenso de 54.534 supondría un 18,9% de su censo actual -2.181 aulas-, y Aragón, con una merma de 30.911 y el 17,4% -1.236-

Más colegios para menos niños

Pese a que el número de alumnos de las enseñanzas no universitarias presenta una “tendencia descendente desde el año 2009”, el número de colegios no ha dejado de aumentar desde entonces, con un incremento mucho más acusado en el sector privado que en el público.

Según los datos del Ministerio de Educación, entre el curso 2008-2009 , los centros públicos de régimen general pasaron de 18.848 a 19.014 mientras los privados crecían de 7.487 a 9.109: un aumento de 166 por otro de 1.178, un 0,88% por un 21,66%.

Entre 2009 y 2015 –Educación no disgrega los datos de este curso- apenas aumentó el número de centros concertados, que pasó de 4.766 a 4.987 con un pico de 5.077 en el curso 2011-2012 -el siguiente a las autonómicas en las que el PP se hizo con la mayoría de los gobiernos autonómicos-, mientras el de privados sin conciertos crecía un 45% -de 2.777 a 4.047-.

Sin embargo, el dato clave no es el número de centros sino el grado de concertación, que el curso pasado  alcanzaba el 83% en Infantil y el 87% en Primaria y Secundaria, mientras se quedaba en el 31% en Bachiller y el 33% en el primer ciclo de Infantil.

Es decir, que cerca del 80% de las unidades privadas reciben financiación pública, al tiempo que los centros concertados ganan alumnos y vías en la primera etapa escolar mientras la pública y la privada sin conciertos los pierden.

La vigencia del sistema de 1985

¿Puede seguir vigente ese modelo de tres tipos de centros, impulsado en 1985 ante la insuficiencia del sector público y consolidado por las interpretaciones que los tribunales han hecho de las leyes educativas , cuando se aproxima una contracción de la demanda de plazas escolares de ese calado?

“Entendemos que la Administración solo tiene la obligación de facilitar plazas en centros privados a los niños que no dispongan de ellas en los públicos”, explica Guillermo Herráiz, portavoz de la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública aragonesa, para quien “el modelo de la concertada no ha demostrado ser capaz de garantizar las necesidades de escolarización sin generar conflictos”.

Herráiz mantiene que los centros concertados deben ser un recurso subsidiario para la Administración cuando los colegios públicos no pueden absorber la demanda. Sin embargo, los tribunales mantienen que han de ser considerados recursos del mismo nivel, lo que genera un escenario incierto ante el descenso demográfico.

“Ninguna ley dice que el derecho a elegir de los padres deba ser un derecho a elegir centros subvencionados”, indica, tras anotar que “incluso una ley como la Lomce sitúa la planificación de la enseñanza por la Administración por delante de la concertación de centros privados”.