Los desterrados del metal de Cádiz: multitud de trabajadores se van a otros países para huir de la precariedad

La elevada precariedad de los contratos y el incumplimiento del convenio fueron parte de los acicates de la huelga que los trabajadores del metal de Cádiz mantuvieron durante nueve días consecutivos en noviembre. Y son igualmente las razones que han llevado a cientos de ellos a buscar en otras partes de España y del mundo mejores condiciones laborales y salariales. También hay quienes han tenido que hacer las maletas porque no les contratan tras haber encabezado protestas contra la situación del sector. Son los desterrados, los exiliados del antaño poderoso metal gaditano. Y el miedo a que no les vuelvan a dar trabajo en su tierra motiva que una buena parte de quienes hablan para este reportaje hayan preferido ocultar su identidad.

La industria del metal que se dedica, fundamentalmente, a la construcción y reparación de barcos y a la aeronáutica constituye el sector económico más importante de la provincia de Cádiz, después de los servicios, y uno de los mayores enclaves industriales de toda Andalucía. Esa actividad da empleo a más de 30.000 personas, la mayoría en las empresas auxiliares que trabajan para las cuatro grandes compañías tractoras en ese territorio, Navantia, Airbus, Alestis y Dragados Offshore. Sin embargo, desde la reconversión naval de los años 80, el trabajo se ha ido desplazando progresivamente de las grandes factorías a las cientos de pequeñas empresas subcontratadas, lo cual ha conllevado un notable empeoramiento de las condiciones laborales y salariales de su mano de obra, hasta alcanzar unos índices de temporalidad y precariedad desorbitados en el entorno de una provincia con una tasa de paro que se acerca a veces al 30%.

De eso han escapado muchos trabajadores a los que no les salían las cuentas, bien porque el salario que se fijaba en el convenio se incumplía en la nómina, bien porque sencillamente no había trabajo o les ofrecían mejores condiciones en otras provincias de España o en otros países. Son operarios con una gran experiencia laboral, integrantes de una escuela de varias generaciones de soldadores, tuberos y caldereros reconocida mucho más allá de los límites de la Bahía de Cádiz. Pero no hay datos oficiales: entre ellos hay quienes dicen que son 2.000 y otros que más de 5.000 los miembros de esa escuela que han emigrado en algún momento.

David Serrano es uno de ellos. Tiene 39 años y lleva 20 trabajando en el metal, como hizo su padre, calderero de Cádiz, a quien la reconversión naval hizo añicos su cooperativa. Ahora, vive en la República Checa, en un pueblo situado a unas dos horas de Praga, donde le han contratado como soldador en una cadena de fabricación de autobuses en la que trabajan otros 27 gaditanos. Durante la conversación por teléfono con Público, ve nevar por la ventana antes de salir de casa para empezar una nueva jornada en el turno de noche.

Hay quienes han tenido que hacer las maletas porque no les contratan tras haber encabezado protestas contra la situación del sector

David Serrano sabe muy bien lo que es la temporalidad. Durante diez años estuvo trabajando en una empresa en Cádiz encadenando contratos por meses, por semanas, incluso por días. "Así es como está el 60% del metal en la Bahía de Cádiz", afirma. Eran jornadas de 12 horas, "a piñón", para reparar un barco en el plazo exigido. La última contratación que tuvo en su tierra, el pasado septiembre, estuvo un mes entero sin descansar ni un solo día, trabajando en la reparación de un crucero en el astillero de Navantia en Puerto Real. Y lo pudo hacer a pesar de que la tarjeta para acceder al recinto deja de ser válida, por razones de seguridad laboral, después de haber estado picando 15 días seguidos, un método automático de control de las jornadas que a él, al menos, no se le aplicó. "En Cádiz no hay control de las horas extraordinarias nunca", asegura. Precisamente, el exceso de las horas extra que deben hacer los trabajadores del metal fue otra de las principales denuncias de la huelga que paralizó el sector durante cerca de dos semanas.

Y ese ritmo de trabajo le ha podido costar muy caro a este soldador hasta en dos ocasiones en las que asegura que su vida ha corrido serio peligro. En una de ellas, cuando estaba soldando en el fondo de un barco, hubo una fuga de CO2 y al incorporarse vio que no tenía aire para respirar. A duras penas logró llegar a una escalera para salir al exterior. "De esa manera se murió hace poco un compañero en San Fernando", dice David, quien se queja de la gran falta de control de la seguridad en los tajos del metal gaditano donde se trabaja en la reparación de embarcaciones. Todo lo contrario de lo que le ocurre en la fábrica de montaje de autobuses de República Checa, donde les llaman la atención simplemente por no llevar puestos los tapones para proteger los oídos.

"Hace veinte años el esfuerzo sí estaba pagado, porque entonces ganábamos más dinero que ahora. Los sueldos no han subido y, además, con la crisis económica de 2008 nos quitaron pluses por toxicidad, de altura, y aún no se han recuperado. Y se sabe que hay muchos trabajadores que se mueren al poco de jubilarse por enfermedades pulmonares, cáncer...", afirma David Serrano.

A República Checa se fue David después de un mal trago con el último contrato en su tierra. Cuando su mujer iba a dar a luz a su segundo hijo, la empresa se negó a darle un nuevo trabajo que le hubiese permitido disfrutar de un permiso de paternidad, a pesar de que tenía posibilidades. No le renovó el que tenía y le dejaron en la calle. Así que se tuvo que buscar la vida a cerca de 3.000 kilómetros de su casa para ayudar a sacar adelante a la familia. Allí gana un poco más que en una empresa de Cádiz, tiene un horario de ocho horas de lunes a viernes, le pagan la casa, el coche, la gasolina y un viaje de ida y vuelta a España cada dos meses. Y todo eso le compensa, aunque le resulte "muy duro" estar tan lejos de los suyos, de un hijo que apenas tiene cinco meses de vida. Le compensa aunque tenga que andar todo el día con el traductor de Google para entenderse con la gente del pueblo donde ahora vive y con compañeros polacos, croatas y de otros cuantos países que han encontrado, como él, un trabajo digno en una cadena de montaje del corazón de la República Checa.

David Serrano junto a otros trabajadores del metal de Cádiz en una fábrica de montaje de autobuses de República Checa. — Fotografía cedida por David Serrano

Pero este país es sólo una parada más en el camino. El año pasado, este soldador estuvo trabajando también en Ferrol y en Sevilla. Desde ya hace años está siempre con las "maletas preparadas" para irse al sitio donde le ofrezcan unas mejores condiciones. "Me considero ya un sicario del metal, voy a donde más me paguen", dice. Así andan, según él, unos 2.000 trabajadores de la provincia de Cádiz que se van a otras partes de España y del mundo a hacer lo que antes hacían al lado de su casa, allí donde un astillero como el de Puerto Real, uno de los mejores de Europa, lleva más de un año sin carga de trabajo. "Lo único que buscamos es trabajar, no hacernos ricos. Y a los que no nos gusta estar lejos de casa, lo pasamos muy malamente", se lamenta David.

De las barricadas contra la reconversión a Escocia

En Escocia está una parte de esos 2.000 trabajadores del metal que se han ido a buscarse las papas fuera de Cádiz. Por ahí arriba hay trabajo. En Aberdeen, por ejemplo, una filial de ACS ha puesto en servicio la primera instalación comercial de una planta eólica offshore con tecnología flotante. Manuel Martínez, casado y con dos hijos, a punto de cumplir 60 años, es uno de los que se ha ido allá buscando lo que no encontraba en su tierra. Él estuvo en las barricadas contra la reconversión naval en los 80, tuvo contrato fijo en una subcontrata de la empresa Delphi cuyo cierre en 2007 provocó un gran fiasco en el sector del metal gaditano con cerca de 3.000 despedidos, y ha estado trabajando en Francia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Polonia, Suráfrica y Chile, además de en un montón de provincias de España.

"Dicen que tenemos el segundo mejor convenio del metal, pero el problema es que no se respeta", denuncia Manuel, un tubero que se vio obligado a emigrar

Ya en 2015, este veterano tubero decidió que había llegado el momento de asentarse en Cádiz y dejar de hacer las maletas. Pero se topó de bruces con la realidad del sector en su provincia. Al cobrar la primera nómina, comprobó que había 300 euros menos de lo que se estipulaba en el convenio. Aguantó unos meses y, como la empresa no hizo nada para resolverlo, decidió marcharse de nuevo. "Dicen que tenemos el segundo mejor convenio del metal, pero el problema es que no se respeta", denuncia Manuel. El reiterado incumplimiento de anteriores convenios fue otra de las banderas de la huelga del metal de noviembre, tanto que en el acuerdo que firmaron sindicatos y patronal para poner fin al conflicto se incluyó la creación de una comisión de seguimiento para vigilar el respeto al nuevo convenio.

El problema, según este tubero, es que hay empresarios que para competir con el resto se dedican a quitarle a los trabajadores una parte del dinero que les corresponde. Y eso, dice, es lo que, a su vez, permite a los astilleros de Cádiz competir con los de otros países que tienen un menor coste salarial, como los de Corea. Optan por eso, en vez de apostar por una producción con un mayor valor añadido, de mayor calidad, como están haciendo otros Estados de la Unión Europea. "Así que o tragas o haces la maleta y te vas", concluye.

Y eso es lo que ha tenido que volver a hacer Manuel Martínez, que esta semana, con todo el dolor de su corazón, se ha vuelto a Aberdeen, dejando atrás el sol y su familia en Cádiz, haciendo cuentas cada día para ver cuándo se puede jubilar y acabar con una vida errante que cada vez le cuesta más soportar. Y eso que en Escocia, donde trabaja en el montaje de una moderna incineradora de basura, gana el doble de lo que podría ganar en su tierra, hasta 5.000 euros al mes, con casa y transporte pagados, aunque a cambio, también, de echar jornadas de diez horas. "Me voy este miércoles y ya tengo el cuerpo malo. Es duro esto", confiesa antes de la partida.

Construcción de 'jackets' para aerogeneradores en Francia

Manuel no quiere que aparezcan sus dos apellidos en este reportaje porque el segundo es muy conocido y teme que eso le repercuta laboralmente justo cuando se augura una "punta de trabajo" en Cádiz que le podría permitir volver a trabajar en casa y dejar la fría y lejana Escocia. Eso es lo que les sucede también a tres trabajadores de Puerto Real y El Puerto de Santa María que comparten casa en Brest, en la Bretaña francesa, donde trabajan en la construcción de jackets, las estructuras que sostienen los aerogeneradores offshore de energía renovable que se instalan en el mar. Tampoco ellos quieren que figuren sus nombres por temor a las represalias, o sea, a que no les vuelvan a contratar en la Bahía gaditana.

"Da pena lo que está pasando en Cádiz", dicen casi al alimón estos soldadores. Pena es una palabra que repiten a lo largo de la conversación por teléfono con Público desde su casa en Brest, al igual que "insostenible": insostenible es la situación en la que, a su entender, se encuentra el sector del metal en esa provincia española. Según ellos, en las empresas de la Bahía incumplen el convenio en el pago de los salarios, en las horas extra, en la temporalidad, en las vacaciones, en todo lo que dice. "Y si tú exiges, te dicen que hay sesenta en la puerta esperando que te vayas", asegura uno de ellos.

En Brest, situado en el departamento de Finisterre de la Bretaña, sus condiciones de vida no son livianas, en primer lugar porque se encuentran a muchos kilómetros de distancia de su gente, de su entorno social, de sus parejas y sus hijos. "Estamos muchas veces en la cama y nos preguntamos qué coño hacemos aquí, perdiendo el tiempo de estar con nuestra familia, de ver crecer a nuestros hijos", dice uno de los soldadores. Y lo segundo, porque en el trabajo, aunque ganan más que en Cádiz, también tienen que andar lidiando con problemas. En diciembre tuvieron que ponerse un día de huelga porque les estaban pagando menos debido a una errónea aplicación del porcentaje del IRPF. Se lo comunicaron a un sindicato francés y rápidamente se arregló el asunto. "Aquí –explican- los sindicatos tienen mucha fuerza".

Eso es lo que desean estos soldadores que haya en su tierra: unos sindicatos fuertes como los franceses, que exijan a las empresas y hagan cumplir la ley. Porque eso, a su juicio, aún no existe en la Bahía de Cádiz, porque los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, "están comprados y están a favor de los empresarios", afirman ellos.

Vetados para trabajar en Cádiz 

Hay otros trabajadores del metal que no han tenido que emigrar de Cádiz por la falta de faena, sino, sencillamente, porque no les contratan, porque aseguran que los empresarios del metal les han puesto el cartel de conflictivos después de haberse colocado al frente de las protestas para exigir mejoras salariales y laborales en el sector. Es el caso de Jesús Galván y Manuel Balber, dos de los pioneros de la ahora denominada Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), dos soldadores que se califican como "cadáveres laborales en Cádiz" y que encuentran en Escocia, Bélgica, Portugal, Almería o Tarragona lo que ya no les ofrecen en su tierra.

Todo empezó más o menos a raíz de las fuertes protestas que se desataron por la muerte de dos trabajadores aplastados por una plataforma de aluminio de cuatro toneladas en una empresa auxiliar de Puerto Real, en mayo de 2018. Jesús Galván y Manuel Balber fueron dos de los que cogieron los megáfonos, de los que se hicieron más visibles detrás de las pancartas y en la huelga general que cerró durante un día los tres astilleros de la Bahía. Y eso no pasó desapercibido. Desde entonces, aseguran, apenas han vuelto a tener contratos en Cádiz.

Jesús Galván y Manuel Balber, cuando trabajaban en una contrata en los astilleros de Navantia en Puerto Real. — Fotografía cedida

Y cuando han tenido alguna oportunidad de trabajar en la Bahía, tampoco les ha ido muy bien. Jesús cuenta lo que le sucedió en la puerta de los astilleros de Navantia en Puerto Real, donde no le dejaban entrar pese a que tenía contrato con la empresa Nervión para la reparación de un barco. Según él, intervinieron hasta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como responsable del SEPI del que depende Navantia, el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, y grupos del Parlamento andaluz para que se solucionase el tema. "Estuve un mes moviéndome hasta que por fin me dejaron entrar. No cobraba el paro y estaba ya en números rojos", recuerda.

Después, en 2020, viendo que la carga de trabajo de los astilleros era cada vez menor, estos dos soldadores y otros integrantes de la CTM empezaron a convocar asambleas en Navantia para advertir a los compañeros del negro futuro que se les venía encima. "Eso es algo que no se había visto nunca, que gente sin respaldo sindical, sin ser fijos, hiciese esas asambleas", afirma Manuel Balber. "Pero veíamos que se iba la faena –añade- y que nadie movía un dedo, y pedíamos a los sindicatos que cogiesen la lucha, que el comité de empresa se pusiese al frente, para que nosotros no fuéramos represaliados".

En agosto de ese año, tras haber convocado CTM una gran movilización, que incluyó el corte del puente de Carranza, Jesús y Manuel recibieron la carta de despido. Entonces, hubo asambleas, se paró la producción de los astilleros de Puerto Real y San Fernando durante siete días, y ellos montaron una acampada de protesta, pero desde entonces ya no han vuelto a trabajar en ninguna empresa del metal de la provincia de Cádiz. "Aquí somos cadáveres laborales", repiten estos soldadores.

No lo son, en cambio, en otras partes de España y del mundo, a las que se han ido a trabajar juntos como pareja de soldadores que cuentan con una alta consideración profesional. Ahora, Manuel se marcha de nuevo a Escocia, a Aberdeen, a donde ya no le puede acompañar Jesús porque tiene problemas familiares que le impiden dejar su casa. Los dos están hartos de hacer las maletas para ganarse la vida y mantener a su familia, pero, de momento, no tienen otra alternativa.

"Para nosotros es muy duro esto. Yo tengo tres hijos, uno de 10, otro de 13 y otro de 16 años, y tengo que estar siempre por ahí sin ver a mi familia", denuncia Manuel Balber

"Para nosotros es muy duro esto. Yo tengo tres hijos, uno de 10, otro de 13 y otro de 16 años, y tengo que estar siempre por ahí sin ver a mi familia", se lamenta Manuel. Y de lo mismo se queja Jesús, quien asegura haberlo pasado muy mal, haber vivido momentos muy duros en su lucha por conseguir unas mejores condiciones laborales para él y para los miles de trabajadores del sector del metal de la Bahía de Cádiz.

En los últimos cinco años, trabajadores y sindicatos han presentado cientos de demandas ante la Inspección Provincial de Trabajo por incumplimientos del convenio laboral del metal de Cádiz. Jornadas de 11 horas, a veces de lunes a domingo sin descanso semanal, vulneración de los límites de los contratos temporales o represalias por haberse negado a hacer más horas extra de la cuenta, entre ellas la amenaza de no volver a ser contratado, son algunos de los motivos de esas demandas.

La estadística de 2019 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social reflejaba que Cádiz ya era en ese año, junto a Sevilla, la provincia de Andalucía con mayor número de actuaciones en materia de relaciones laborales: 4.786, que concluyeron con 1.247 requerimientos y 378 infracciones. La memoria anual revela que, a nivel estatal, las infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo son las mayoritarias (33%), seguidas de la transgresión de la normativa sobre contratos (26,6%), salarios, recibos y finiquitos (9,69%), convenios colectivos (5,58%), condiciones inferiores de trabajo (4,35%), horas extraordinarias (3,78%) y cesión de trabajadores (3,29%).

Una organización del empleo marcada por una carga de trabajo muy variable a lo largo del año, dependiente, en su mayoría, de cuándo entran las embarcaciones para su reparación y los apremios para su finalización, es la que ha propiciado la alta precariedad del sector del metal en Cádiz, hasta haberlo convertido en "una ley de la selva", como señaló el secretario provincial de Industria de CCOO, Juan Linares, durante el conflicto del mes de noviembre.