El calvario de Pepa ha llegado a su fin. La trabajadora del hotel Castillo de Javier de Pamplona que fue explotada durante varios años por su jefe cuenta ya con una sentencia que reconoce, al menos en parte, sus sufrimientos. Ahora salen a la luz otros trazos de la pesadilla que esta mujer enfrentó en su puesto de trabajo, donde llegó a vivir en un régimen esclavizante. El dueño del establecimiento, ahora condenado por la Justicia, es un excandidato de listas de extrema derecha que impidió que Pepa estuviese de baja por razones de salud.

La noticia saltó el pasado 21 de mayo. Entonces se conoció que la Audiencia Provincial de Navarra había condenado a nueve meses de prisión al propietario de ese hotel por explotar laboralmente a Pepa, una trabajadora de origen búlgaro, durante casi seis años seguidos. Según se recoge en la sentencia, esta empleada trabajó a doble jornada diaria en la limpieza de las habitaciones y como recepcionista del hotel en horario nocturno, de lunes a domingo, y sin ningún día de descanso semanal. Además, dormía en una cama supletoria en el cuarto de la limpieza y tenía que levantarse cada vez que algún cliente necesitaba algo de recepción.

El empresario condenado es Juan Carlos Ciprés Aznar, un navarro que hace unos años estuvo vinculado a la extrema derecha. En las elecciones municipales de 2011 formó parte de la lista de la formación Derecha Navarra y Española (DNE) que había fundado ese mismo año su hermana, la exconcejala de UPN Nieves Ciprés. DNE mantenía un discurso de marcado carácter ultraderechista en el que se mezclaba el ultranacionalismo español –camuflado de "foralismo" navarro– con la defensa de valores ultracatólicos en materias como el aborto o la eutanasia.

El nombre de Ciprés aparecía en el número 23 de la lista ultraderechista, que en aquellas elecciones municipales apenas obtuvo 237 votos en Pamplona. Cuatro años después, la formación de extrema derecha se integró en Vox, aunque no sería el último movimiento político de Nieves Ciprés: en marzo de 2019, la dirección ejecutiva de DNE anunció su apoyo a Navarra Suma, la candidatura formada por UPN, PP y Ciudadanos.

Sin derecho a baja laboral

En el plano laboral, Juan Carlos Ciprés –quien en 2003 también había sido candidato suplente de UPN en el pequeño municipio navarro de Javier– mantuvo una trayectoria que ha terminado con una condena judicial. La abogada María Ortega Marcos, encargada de la defensa de la trabajadora explotada, cuenta a Público que Pepa llegó hasta ella porque previamente había llevado un caso de presunto acoso sexual en ese mismo hotel. "Finalmente ese procedimiento no salió adelante porque dentro del proceso de lo laboral llegaron a un acuerdo el empresario y esa trabajadora y, en ese acuerdo, estaba retirar la denuncia", explicó Ortega.

La abogada relata que Pepa había sufrido varios accidentes laborales que no habían sido reconocidos por su jefe, lo que derivó en una denuncia formulada por la trabajadora junto al sindicato LAB ante el Juzgado de lo Social de Pamplona. "El primero de estos accidentes se produjo el 13 de mayo de 2014 en su lugar de trabajo al mezclar amoniaco con lejía y tuvo que ser trasladada desde el propio establecimiento hotelero hasta el complejo Hospitalario de Navarra. Esta situación le causó baja laboral que tampoco fue reconocida como accidente laboral, sino como enfermedad común, pese a que una ambulancia fue a recogerla a su lugar de trabajo", indicó la abogada.

El segundo accidente se produjo el 12 de abril del 2015, cuando la trabajadora sufrió gonalgia izquierda y posible meniscopatía interna derivada del gran esfuerzo físico que realizaba durante su jornada laboral, sobre todo porque debía transportar somieres y colchones cuando en las habitaciones del hotel se requería una cama supletoria. Además, desde el quinto piso (que es el sitio en el que se encuentra el almacén) al cuarto, Pepa tenía que hacer el porte de forma manual y por la escalera, ya que no había ascensor.

Por último, el tercer accidente se produjo el 27 de octubre del 2016 cuando la trabajadora sufrió una caída mientras ejercía sus labores de limpieza. Cuando notó un crujido en la rodilla llamó al 112 solicitando una ambulancia y fue trasladada a Urgencias y diagnosticada de esguince de rodilla y contusión raquídea. No obstante, el empleador se negó a gestionar con la mutua la baja laboral.

La abogada cuenta que ante la existencia de un "sinfín de situaciones irregulares" decidieron poner una denuncia por la vía penal. En tal sentido, explica que Pepa tenía una jornada doble que consistía en trabajar de once de la noche a ocho de la mañana en la recepción del hotel y de ocho de la mañana a tres de la tarde como mujer de la limpieza. "Ella era la única responsable de limpiar todas las habitaciones. Trabajaba de lunes a domingo y solo libraba los sábados por la noche porque otra trabajadora cubría su turno en la recepción", afirma.

Por las tardes, tiempo en el que no debería estar trabajando, según cuenta su abogada, se veía obligada a cuidar a la hija de una trabajadora del hotel. "Esa trabajadora ayudó al empresario a mantener a Pepa en esta situación de explotación porque la contactó desde Bulgaria para que viniese a trabajar a Pamplona en el hotel, asegurándole que iba a tener un buen trabajo y que iba a ganar bien de dinero, pero cuando llegó se encontró con que no conocía el idioma y que el trabajo era muy duro", señala Ortega.

Con este ritmo de trabajo, Pepa prácticamente no tenía tiempo para dormir y era durante su turno en la recepción cuando subía al almacén situado en la quinta planta a intentar descansar, pero también tenía que estar atenta por si los clientes necesitaban cualquier cosa, lo que acabó derivando en secuelas físicas y psicológicas, como fuertes dolores en hombro y rodilla, además de ansiedad, depresión e hipervigilancia.

La abogada explica que para prepararse este juicio fue fundamental la colaboración de una abogada del sindicato LAB que anteriormente había ganado dos procedimientos en materia laboral contra el hotel, además de un acta de la Inspección de Trabajo. 

Otro de los puntos que destaca la letrada es que en la sentencia se habla de explotación, pero en ningún momento se tiene en cuenta su condición de migrante y mujer. En tal sentido, señaló que el magistrado Ricardo González (el único de los 14 jueces del caso 'La Manada' que no vio delito, ni violación ni abuso) de la sección segunda de la Audiencia Provincial impidió que se realizasen las preguntas en relación al agravante de género.

"No se ha hecho justicia"

Aunque en la sentencia se condena a Juan Carlos Ciprés Aznar a nueve meses de prisión, una multa de seis meses con cuota diaria de 12 euros y a indemnizar a la trabajadora con 3.000 euros, dista mucho de lo que pedían.

Concretamente, Ortega solicitaba una pena de prisión de cinco años y seis meses y una multa de nueve meses a razón de 30 euros diarios por un delito contra trabajadores, así como un año y 9 meses de prisión y el pago de las costas procesales por el delito de acoso laboral, junto a una indemnización de 24.000 euros. "A Pepa esta sentencia le parece muy poco, se siente frustrada con este procedimiento porque ha sido muy largo y considera que realmente no se ha hecho justicia", comenta su abogada.

Izaskun Juárez, del sindicato LAB, explica que los abusos laborales se suelen producir en empresas más pequeñas en las que el control es menor. "En el caso de Pepa, el empresario hace la contratación de forma muy consciente porque invita a Pepa a dejar su trabajo en Bulgaria y venir a trabajar aquí sin conocer el idioma. Además, no hay que olvidar que lo hace mediante una persona que trabaja en el hotel y que es amiga del jefe. Está todo muy mirado porque Pepa tenía que mandar dinero a su familia a Bulgaria. Han sido muy conscientes de la explotación que han hecho porque buscaban un perfil muy específico", señaló.