Aunque en algunos programas de televisión sólo se hable cada día, desde hace meses, de la suerte que corre el hijo de un famoso actor, condenado por un asesinato en Tailandia, Daniel Sancho, son muchos más los españoles que se encuentran presos en otros países, buena parte de ellos en circunstancias muy penosas y, en su mayoría, por delitos bastante menos graves. Pese a que apenas se habla de esos compatriotas, consulados y organizaciones humanitarias se preocupan cada día de que reciban comida, ropa y medicinas para sobrevivir, y asesoramiento para su repatriación.

Cerca de un millar de españoles están presos actualmente en alguna cárcel del extranjero, muchas de ellas inmundas, donde la vida puede correr peligro en cualquier recoveco. Según un balance del Ministerio del Exterior, a 31 de diciembre de 2023 había 940 reclusos de nacionalidad española en el extranjero, 823 de ellos hombres, aunque la cifra se eleva ahora a 969, de acuerdo con los últimos datos de la Fundación +34, que se ocupa de la atención a estas personas en todo el mundo y también a sus familias.

El balance de la actividad consular española refleja que ha habido un ligero incremento del número de presos en otros países, tras una bajada paulatina entre 2020 y 2021 debida, fundamentalmente, a la incidencia que tuvo la pandemia en la movilidad internacional. Atrás, eso sí, han quedado, de momento, los 1.726 reclusos que había en el extranjero en 2015, cuando la grave crisis económica llevó a muchas personas a buscar una solución a sus penurias al otro lado de la ley, sobre todo en el tráfico de drogas.

Actualmente, Marruecos, Francia y Alemania son los países donde hay un mayor número de reclusos españoles, pero son las prisiones de buena parte de Latinoamérica, Asia y África subsahariana donde se registran los mayores problemas de vulneración de los derechos humanos en los centros penitenciarios.

Entre el 70 y el 80% de los casos, están presos por delitos contra la salud pública, fundamentalmente por hacer de mulas: transportar droga dentro del cuerpo o en el falso fondo de una maleta. Y en la gran mayoría de los casos se trata de personas que carecían de antecedentes penales. Tan sólo el 13% de quienes se encuentran ahora en una prisión extranjera, están acusados de haber cometido delitos de sangre o agresiones sexuales, según Fundación +34.

La "maravillosa" Alcalá Meco tras dejar una cárcel "inhumana"

María es el nombre ficticio de una mujer de la provincia de Cádiz que estuvo presa más de cuatro años en una cárcel de Colombia, condenada por tráfico de droga. Le cogieron en el aeropuerto de Bogotá con cerca de diez kilos de cocaína en la maleta. Ella asegura a Público que la engañaron, que no había ido allí por eso. El año pasado pudo regresar a España para terminar de cumplir aquí la condena de 10 años y 8 meses que le impusieron y aún le duele hablar de lo que vivió en el penal El Buen Pastor de la capital colombiana, donde se llega a duplicar su capacidad para 1.200 reclusas.

Peleas todos los días, amenazas, extorsiones, gritos, poca comida y pagar por todo, hasta por un poco de agua caliente para ducharse. Así recuerda esta gaditana, que prefiere mantenerse en el anonimato, los años que pasó en aquella cárcel a miles de kilómetros de su casa desde que le condenaron en un juicio virtual, durante la pandemia del covid, en el que ella declaró sola en una habitación de la prisión.

"El ambiente era muy violento desde que abrían las celdas a las cuatro y media de la madrugada para desayunar un huevo cocido y un bollito. Siempre con gritos, con amenazas, que si no me pagas esto, te quito la ropa, te quito la colchoneta...", cuenta a este periódico María, que ahora trabaja de camarera mientras termina de cumplir la condena ya con un régimen abierto en un Centro de Inserción Social (CIS) de la provincia de Cádiz, al que sólo tiene que ir a dormir.

En esas celdas, del tamaño de una habitación media de un piso medio, dormían ocho reclusas: unas sobre planchones de piedra, otras en el suelo, otras junto al váter, un reducido espacio donde colocaban como podían colchonetas de espuma para que cupieran todas. El hacinamiento también se notaba en la comida, tanto en la calidad como en la cantidad, hasta el punto de que muchas veces no había suficiente para alimentar a todas las presas. "Estaba malísima y si no te ponías a tiempo en la fila, no comías", recuerda María, que llegó a perder 35 kilos de peso.

Quienes tenían dinero podían comprar comida, porque en el penal del Buen Pastor se pagaba por todo: diez cigarrillos a 50.000 pesos (cerca de 15 euros entonces), una arepa que hacían otras presas a 20.000 pesos y ducharse con agua caliente durante una semana, 40.000. De modo que, para empezar, si no pagas a las que custodian los cables de estraperlo que permiten encender el termo, te tienes que duchar con agua helada a la intemperie, de madrugada, protegida únicamente por una cortina hecha con plástico de bolsas de basura, asegura María.

La importancia del dinero en medio de un mercadeo continuo para conseguir la supervivencia origina, evidentemente, muchas disputas. María dice que a ella no le agredieron, aunque le tenían en el punto de mira por ser española, por suponerse que por su procedencia tenía mucho dinero. "Te extorsionan y tienes que vivir con el susto todos los días, a ver qué pasa mañana. Y lo que ves que pasa a tu alrededor es aún peor, agresiones, apuñalamientos…".

Tras muchos días "desesperantes", en los que pensaba que ya no podría resistir más allí dentro, le llegó el traslado a España, gracias, sobre todo, a la intervención de la Fundación +34, que se ocupó de facilitarle ropa, medicamentos, productos higiénicos, todo de lo que carecía en la prisión, y luego, la repatriación. Su primera parada fue en la prisión madrileña de mujeres Alcalá Meco y, aunque era también una cárcel, su vida cambió por completo.

"Meco es maravilloso. ¡Cómo me trataron!: habitaciones con dos literas, solo dos personas, gente correcta. Aquí hay derechos. Lo que hay allí (en la prisión de Bogotá) es inhumano. Era como vivir en la selva", resume María, a quien no se le borra de la memoria la "emoción increíble" que vivió al volver a ver a su familia en Cádiz cuando la trasladaron desde la prisión madrileña.

La mayoría no tenía antecedentes penales

La Fundación +34 ha atendido en diez años a más de 5.000 españoles presos en el extranjero y a sus familias. Actualmente, asiste a 590 en cárceles de todo el mundo, según su director, Javier Casado, que ha visitado la mayoría de ellas. Él conoce, pues, de primera mano en qué situación se encuentran muchos compatriotas que cumplen condena fuera de nuestras fronteras. Y este es su primer diagnóstico general: las prisiones más violentas están en Latinoamérica, las que tienen peores condiciones sociosanitarias, en el sureste asiático, y la alimentación más deficiente, en África. Aunque subraya que donde los presos soportan la disciplina más rigurosa, donde se llega a sufrir un "machaque psicológico" extremo, es en las cárceles japonesas.

Uno de los datos más llamativos que aporta este experto es que la mayoría, nueve de cada diez de los españoles presos en el extranjero, no tenía antecedentes penales antes de cometer el delito que los llevó a una cárcel fuera de nuestras fronteras. No eran delincuentes en España. "La mayoría no estaba en el mundo de la delincuencia y piensa que no le va a pasar nada. Y de pronto se encuentran con un tremendo problema", advierte Javier Casado.

El problema consiste, básicamente, en que esas personas pueden ir a parar a prisiones con capacidad para 5.000 internos en las que hay 25.000, asegura Casado, soportando un hacinamiento brutal que reduce a mínimos el espacio y la comida a repartir entre cada recluso, las condiciones higiénicas y las sanitarias. Todo ahí se va reduciendo menos la violencia, que crece de forma inversamente proporcional a la degradación de las condiciones de vida de los centros penitenciarios.

"En esas cárceles el derecho a piso, que le llaman, a poder dormir en un colchón, lo tienes que pagar. Y si no lo pagas, te vas a dormir al patio o a una escalera. Se cobra por todo", resume el responsable de la fundación que atiende a estos reclusos. Quienes manejan el negocio son, además, presos con muchos años de condena, con delitos de sangre detrás, contra los que ha de enfrentarse diariamente esa persona que ha sido detenida en un país donde los derechos humanos apenas cuentan.

Las carencias sanitarias y la insalubridad son muy habituales en esas prisiones. Según Casado, recientemente ha fallecido un preso español de mediana edad que no recibía la atención adecuada en una cárcel asiática, cuya identidad prefiere no revelar. "Nuestra primera función -señala- es que estas personas no se mueran. Por eso en cuanto entramos en contacto con ellas, les damos un kit higiénico, en el que puede haber compresas, papel higiénico, cepillos y pasta de dientes, jabón, lo básico para la higiene personal de una persona".

Las organizaciones que atienden a estos presos también les proporcionan ropa y todas las cosas básicas de las que carecen personas que tienen a su familia a miles de kilómetros y no cuentan con nadie cerca que les pueda llevar ni siquiera un poco de comida para completar una alimentación diaria muy insuficiente. Y son esas familias las que viven en la distancia una "doble condena", dice Casado. Por esa razón, también se les proporciona a ellas asistencia y asesoramiento sobre el funcionamiento de la justicia en el país donde cumple condena su ser querido, para que sepan, al menos, cómo ponerse en contacto con él y cuál es la mejor forma de hacerle llegar su ayuda sin ser extorsionados por funcionarios corruptos.

El "infierno" de un granadino en Perú

José Gallardo pasó ocho años en prisiones de Ecuador, donde fue condenado por tráfico de droga también por culpa de lo que llevaba en la maleta. Su terrible experiencia la cuenta en un podcast que ha hecho la Fundación +34 con el título "Yo estuve en el infierno". Él vio cómo le cortaban la cabeza con un machete a un compañero, a presos colgados en una escalera, dos motines en los que llegaron a morir 58 internos... Vio de todo y muy poco bueno.

Este granadino de 66 años tenía una empresa que se fue al tacho con la crisis económica y, desesperado, le hizo caso a quienes le convencieron de que podría salir adelante haciendo un trabajito. El trabajito era traer seis kilos de cocaína de Ecuador a España dentro de una maleta. Nunca hasta entonces había salido del país. Todo era nuevo para él y todo se volvió, como dice el titular del podcast donde narra su historia, un infierno.

Lo detuvieron en el aeropuerto de Guayaquil el verano de 2013 y le condenaron a ocho años de prisión. De pronto, se vio preso en un país, a miles de kilómetros de su casa, donde no conocía a nadie. Y su familia pasó dos larguísimos meses sin saber dónde estaba, porque las autoridades penitenciarias de Ecuador se demoraron en avisar al consulado español de su ingreso en la prisión del Litoral, donde, al menos, encontró la compañía de otros tres compatriotas que cumplían allí condena.

"La comida era hambre por la mañana, hambre al mediodía y hambre por la tarde. Pesaba 94 kilos y en pocos días me quedé en 72", recuerda José Gallardo, a quien no se le olvidan tampoco los 45 días que estuvieron sin agua, soportando a muy duras penas el calor y la humedad tropical de Guayaquil. Pero eso tampoco fue lo peor. "En esa cárcel -añade- tuve las experiencias más desagradables que una persona pueda tener: ver a dos personas colgadas. Pero me dijeron que allí no se preguntaba nada, que sólo oír, ver y callar".

Aquellos no fueron los únicos compañeros reclusos que este granadino vio muertos en su estancia en las cárceles ecuatorianas. Peor se puso aún la cosa cuando lo trasladaron a la prisión de Cuenca, Turí, en la región de los Andes, donde, para empezar, tenía que comprar el colchón para dormir y las mantas para no morirse de frío a 2.600 metros de altura. En ese centro penitenciario vivió dos motines salvajes: en uno mataron a 20 presos y en otro, a 38.

"Vi a un compañero que le habían cortado la cabeza con un machete y salen con ella a jugar como si fuera un partido de fútbol, a otro que le prenden fuego con un disolvente. En esos momentos, no sabes dónde meterte, acojonado. No sabes qué hacer. Había gente con machetes, gente con pistolas pegando tiros. Y a las personas mayores nos sacan de la celda y nos ponen de escudo entre ellos y la Policía... Esa trifulca duró 48 horas y no sabías si te podía llegar a ti la hora", cuenta José Gallardo con una voz que denota que aún tiene el susto en el cuerpo.

La forma de morir también enviaba un mensaje al resto de los presos. Si morías despeñado por unas escaleras era porque debías dinero a alguien; si te colgaban, era por ser un sapo, un chivato. Y cada semana aparecía un preso colgado, según este granadino. Pero él no se pudo librar de presenciar tan dantescos espectáculos porque en la prisión perdieron su documentación y, por tanto, no pudo tramitar con el consulado su repatriación para cumplir el resto de la condena en una cárcel española. Tuvo que cumplirla íntegramente en Ecuador, en la penitenciaría de Turí, considerada durante años el epicentro de la violencia carcelaria de ese país suramericano.

Afortunadamente para él, dos años antes de terminar de cumplir la condena, fueron a visitarle miembros de la Fundación +34, que, a partir de ese momento, le proporcionó asistencia para hacer un poco más llevadera su estancia en prisión hasta que lo pusieron finalmente en libertad. "Cuando salí -recuerda-, hinqué las rodillas y di gracias a dios por salir de ese sitio con vida".

"Son personas muy desprotegidas"

La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura es otra de las pocas organizaciones que prestan ayuda a los españoles que están presos en el extranjero y a sus familias. Desde que empezaron a hacerlo en 1999, han atendido a una decena de ciudadanos extremeños en esa situación. "Vimos las carencias de estas personas, que están muy desprotegidas, y a sus familias muy desvalidas, porque no saben qué hacer, cómo ayudarles. Y nos dimos cuenta de que había que hacer algo", explica a este periódico la presidenta de la asociación, Flor Fondón.

La situación de los presos en otros países de Europa, según Fondón, es similar a la de los reclusos en los centros penitenciarios en España, pero varía mucho en otras zonas del mundo donde sufren un gran hacinamiento, pésimas condiciones higiénicas y sanitarias, mala alimentación y mucha violencia. "Hay casos en los que tienen que pagar incluso el alojamiento por estar en la cárcel, que no les llegan las medicinas que necesitan. Y nosotras intentamos hacerle llegar la ayuda que necesitan a través de la valija diplomática o contactamos con asociaciones locales", explica la presidenta de Derechos Humanos de Extremadura.

Pero los trámites legales para que los presos puedan venir a cumplir la condena a España suelen ser farragosos en la mayoría de estos países, muy lentos, según Flor Fondón. Y eso no hace más que dilatar peligrosamente la estancia en unas cárceles que no cumplen unos niveles mínimos de habitabilidad. "Hay que defender que se cumplan los derechos humanos con estas personas, que sean trasladadas cuanto antes, porque el proceso puede durar tres, cuatro años, y eso es mucho tiempo en esas prisiones", subraya.

Según el último balance de la actividad consular de Exteriores, el año pasado se iniciaron 55 expedientes de traslado de personas condenados y fueron traídas a España 82, la mayoría de países de América del Sur y de la Unión Europea. Ese traslado requiere que la sentencia sea firme y que haya acuerdo de las autoridades del país donde se ha emitido la sentencia condenatoria, del Consejo de Ministros en España y de la persona detenida.

Los presos trasladados a España son internados en un primer momento en el Centro Penitenciario Madrid V, Soto del Real, mientras que a las presas las llevan a Madrid I Mujeres, Alcalá Meco. En el caso de quienes llegan de las cárceles de Marruecos son ingresados en la prisión Botafuegos de Algeciras. Posteriormente, tienen la opción de ser trasladados a centros más cercanos a sus lugares de origen.

A través de sus servicios consulares, el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece una serie de ayudas a los presos españoles para tratar de paliar las deficientes condiciones del sistema penitenciario en muchos países. Entre otras gestiones, su personal hace visitas periódicas a los reclusos para comprobar su situación, comunica la detención a sus familiares, les facilita a estos el envío de medicinas y la entrega de correspondencia, y solicita información a las autoridades locales sobre el procedimiento judicial.

Además, cuando la familia carece de medios económicos y la situación de los centros penitenciarios es muy precaria, el servicio consular puede conceder una ayuda mensual al recluso que puede llegar hasta los 120 euros, para paliar, fundamentalmente, sus necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa y salud. En 2023, las Oficinas Consulares españolas concedieron ayudas a detenidos por un valor total de unos 260.000 euros. No obstante, según Javier Casado, de +34, en la mayoría de los casos la ayuda no pasa de los 80 euros.

Las organizaciones que trabajan en la atención a estos presos en el extranjero también les facilitan asesoramiento para afrontar su proceso judicial y tratar de acelerar lo máximo posible la vuelta a España para cumplir aquí el resto de la condena. La intervención de estas asociaciones resulta, muchas veces, crucial para que estas personas puedan regresar a su país.