Josefa Santiago, tiene 65 años y lleva alrededor de 20 viviendo en uno de los pisos de un bloque situado en el número 11 de la calle Argumosa, en el madrileño barrio de Lavapiés. En dos décadas nunca ha dejado de pagar su alquiler, pero aún así será desahuciada el próximo 31 de julio. El lanzamiento estaba previsto para la mañana de este jueves, pero varias decenas de activistas por el derecho a la vivienda y contra la especulación inmobiliaria y la gentrificación del barrio han logrado que Pepi pueda permanecer, al menos, un mes más. "Han dicho que me tengo que ir y no hay otra opción. No sé qué voy a hacer, o me pego un tiro o me tiro por el balcón como ese hombre de Barcelona", ha declarado a los medios la afectada, visiblemente emocionada, después de que la comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio, miembros de los Servicios Sociales y abogados se reunieran en plena calle para analizar y debatir su situación.

La mujer, viuda y con dos hijas de 28 y 27 años, paga un alquiler posterior a los de renta antigua, alrededor de los 400 euros mensuales. Pero su piso, junto a una tercera parte de las viviendas de este bloque, fue adquirido por la empresa Inversión en Proindivisos S.L, especializada en la compra y gestión de proindivisos y de propiedades inmobiliarias en dificultades". La nueva propietaria comenzó hace meses a enviar burofaxes a varios inquilinos advirtiendo de que no tenía intención de renovar los contratos.

Ajenos a sus derechos, el pánico cundió en el bloque hasta que se pusieron en contacto con las plataformas y los activistas, que denunciaron el caso y, desde hace meses, los balcones de la fachada se han llenado de pancartas y carteles en los que se pueden leer frases como "¡Vecina, despierta. Especulación en tu puerta" o "#NoNosVamos Argumosa 11 se queda".

Según relatan los inquilinos, la empresa quiere vaciar y reformar las viviendas para venderlas a fondos de inversión o destinarlas a alquiler tirístico, ya que Argumosa "ahora es una calle para ricos", asegura Teresa, otra de las inquilinas del bloque que, aunque no le han notificado el desahucio, ya ha recibido varios burofaxes.

"Nunca hemos dejado de pagar el alquiler y no tenemos otro sitio a dónde a ir. Todos estamos en la misma situación", relata esta vecina, a quien le  llegó el burofax de la nueva propietaria el pasado enero. "Nos ofrecían 2.000 euros para que nos fuéramos ese mismo mes. Todos dijimos que no porque nos cogió de sorpresa, no sabíamos que habían vendido el edificio ni nada de eso. Querían el piso vacío para este año por estas fechas y empezaron a poner fechas para que nos fuéramos cuando cumplía el contrato", relata.

"A algunos nos han subido el alquiler un 300%. No quieren negociar nada y lo único que dicen es que si somos capaces de pagar 800 o 1.200 euros, nos quedamos, porque ahora este barrio es más caro", detalla Teresa, que paga 355 euros al mes y sólo ingresa una pensión no contributiva de poco mas de 360 euros mensuales. "Nos vemos en la calle, hemos tratado de buscar pisos pero no hay, todo está carísimo en esta zona. Sólo he visto asequible una habitación por 400 euros", relata la afectada, que ha acudido al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para solicitar una vivienda de protección oficial, pero "no tienen disponibles". "No queremos salir de nuestro entorno, hemos vivido aquí toda la vida y ahora sólo estoy esperando el desahucio. Estamos en un estado de nervios constante, es terrible", detalla.

Vecinos y activistas celebran el aplazamiento del desahucio de Josefa Santiago en el portal de la calle Argumosa, 11 de Madrid.- JAIRO VARGAS

Más desahucios este mes

Según el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, otras tres familias pasarán por el calvario de Pepi durante este mes y algunos ya se han logrado aplazar anteriormente. El de este viernes ha sido aplazado nuevamente tras comprobar los servicios sociales que Josefa no dispone de una alternativa habitacional, pero saben que no podrán demorar el desahucio eternamente. "También hay diez familias en régimen de renta antigua, a quien no pueden expulsar legalmente, pero tememos que, cuando consiguen echar a los demás vecinos, les hagan la vida imposible para que ellos mismos decidan marcharse", advierte Marina, activista del Sindicato.

La hermana de Josefa, que también vive en el bloque, asegura ya hay cuatro personas que han sido expulsadas y sus casas las han tapiado con ladrillos para que nadie pueda entrar. "Tienen los materiales de obra ahí en el pasillo de portal. Para mí todo esto es nuevo, no tenemos ni idea de qué hacer. Llevamos mucho tiempo pagando la renta sin problemas y ahora, de repente, nos vamos a quedar en la calle", lamenta.

Activistas del Sindicato de Inquilinos, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del distrito Centro y del colectivo Lavapiés ¿Dónde vas? han llamado a la movilización constante para apoyar a los vecinos de este bloque, "que se ha convertido en un símbolo de lo que está ocurriendo en todos los barrios del centro de Madrid". "Hoy hemos conseguido que Pepi se quede un mes más porque hay mucha gente protestando en la puerta, por eso tenemos que seguir defendiendo el derecho constitucional a la una vivienda digna", ha afirmado uno de los activistas que ha acompañado a la afectada durante el proceso de este jueves.