La falta de hogar de varios acusados aplaza un juicio en el que se piden 77 años de cárcel por ocupar pisos

Un proceso judicial sin precedentes, una petición de 77 años de cárcel para 18 personas que participaron o apoyaron la ocupación de un edificio de viviendas en Sevilla recién acabado, antes de que entraran sus propietarios. Fue hace justo 7 años y aún no se ha celebrado el juicio, que estaba señalado para el lunes en la capital andaluza y ha sido suspendido por segunda vez a causa de los problemas que hay para la citación de algunos de los acusados que viven en la calle, sin domicilio donde localizarlos. Dos de los procesados han muerto, incluso, según fuentes próximas al caso.

Los 18 de la Macarena es como se conoce este proceso judicial por el nombre de la calle en la que se produjo la ocupación abortada de forma inmediata por la policía el 16 de febrero de 2018, a muy poca distancia de la basílica donde estuvieron depositados en lugar preeminente los restos del general golpista Queipo de Llano, hasta que la Ley de Memoria Democrática obligó a trasladarlos. Los 18 eran personas sin hogar e integrantes del movimiento que había ocupado en el mismo barrio un edificio abandonado al que llamaron Corrala Dignidad y que pretendía dar visibilidad a ese colectivo tan vulnerable.

Seis de los procesados ya han estado en la cárcel por esta causa: pasaron 55 días en prisión preventiva, acusados de los delitos de usurpación violenta, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y daños al inmueble. El juez que instruyó la causa, Álvaro Martín, entendió que había riesgo de fuga, de destrucción de pruebas e, incluso, de reiteración delictiva, y los mandó a prisión sin fianza ante la estupefacción de las organizaciones sociales y políticas de izquierdas de Sevilla por lo que consideraron una decisión totalmente desproporcionada.

La fiscalía, la parte que pide penas de entre tres años y medio y cinco años y medio de prisión para cada uno de los 18 procesados, le dio más argumentos al juez instructor para mantener una posición tan contundente en esta causa. En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que seis de los procesados aprovecharon que el aparejador de la obra casi terminada estaba entrando en el edificio para meterse ellos, tras propinarle “un violento empujón”, y ocupar varias viviendas.

Lo que ocurrió, según el fiscal, es que minutos después un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, que era uno de los propietarios de las viviendas a punto de ser entregadas, llegó al edificio y se identificó como agente, tras lo cual -asegura el ministerio público- los okupas “comenzaron a golpearle” y él tuvo que salir corriendo hacia la calle. A continuación, llegó una dotación policial, que tuvo que identificarse y que también fue golpeada por los okupas, de acuerdo con el relato de la fiscalía.

Mientras, en la calle, un grupo de personas que apoyaban la ocupación del inmueble emitían “proclamas a grandes voces, interrumpiendo el tráfico de personas y vehículos”, concluye el escrito de acusación, donde se refiere que “fueron intervenidas pancartas, puntales para franquear las puertas, varios chopos, una cartera y otros enseres”.

Errores en el escrito de acusación

En el escrito de acusación de la fiscalía hay, sin embargo, algunos errores, como la atribución de la nacionalidad argelina a un acusado que es argentino o la fecha en la que se firma la resolución, el 25 de enero de 2018, es decir, varias semanas antes de que se produjesen los hechos encausados.

El edificio de la calle Macarena se construyó, precisamente, en el solar donde antes se erigía un inmueble abandonado que estuvo ocupado durante seis años por activistas que constituyeron allí el centro social Casas Viejas, uno de los hitos del movimiento okupa de Sevilla hasta su desalojo por orden judicial en diciembre de 2007.

Los procesados en este caso negaron que hubieran agredido a los policías o mantenido una actitud agresiva durante la ocupación y aseguraron, en cambio, que algunos de ellos habían sufrido lesiones durante el desalojo. A pocos días del juicio, que ha vuelto a ser suspendido como ocurrió el pasado mes de julio por problemas con la citación de algunos acusados que carecen de domicilio, nadie ha querido hacer declaraciones a este periódico, tampoco los abogados consultados. Únicamente han hablado las organizaciones sindicales y sociales que los apoyan y que habían convocado una concentración delante de los juzgados durante la celebración de la vista oral que estaba prevista para lunes y martes.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es una de ellas, muy implicada, además, porque su coordinador del área de Marginación es uno de los acusados, que aguarda juicio tras haber cumplido 77 años de edad. Según su organización, aquel día fue a la calle Macarena para ofrecerse como mediador entre la policía y las personas que se manifestaban a favor de la ocupación del edificio y también como observador “ante una posible vulneración de derechos”.

Pero lo que al final se encontró, pese a no haber entrado en el edificio que pretendía ser ocupado, según Derechos Humanos, fue una grave acusación por la que le piden varios años de prisión. “La acusación se sustenta en que el juez instructor hizo suyo el más que discutible relato de la Policía, pese a la escasa o nula relevancia penal de los hechos que se mostraban en los vídeos tomados en el lugar”, afirma la asociación andaluza.

Lo nunca visto desde los tiempos de Diamantino García

Su coordinador general, Diego Boza, afirma que no habían visto nada igual desde la época del fundador de la asociación, Diamantino García, el cura obrero al que entre los años setenta y ochenta le procesaban cada dos por tres por organizar desde el sindicato SOC la ocupación de fincas para los jornaleros del campo andaluz. “Somos una organización pacifista y pacífica y nos resulta desagradable esto, porque es un compañero que lleva siete años sufriendo esta petición de condena, mientras se ha agravado, además, el problema de la vivienda en España”, recalca Boza a Público.

Según el portavoz de Derechos Humanos, el proceso judicial a los 18 de la Macarena supone un paso más en la estrategia de criminalización de los movimientos sociales que, en este caso, luchan contra los graves problemas para acceder a una vivienda digna. “El poder necesita reducir estos movimientos, pero el coste que están teniendo que afrontar estos activistas está siendo muy alto”, añade.

El sindicato CGT es otra de las organizaciones que han mostrado su apoyo a los procesados en este caso. Su secretario general en Sevilla, Antonio Castellano, considera también que la causa contra los 18 de la Macarena forma parte de una “corriente de represión institucional contra los movimientos sociales”, entre ellos los que protestan por las grandes dificultades existentes para acceder a una vivienda digna.

“Tienen un objetivo coercitivo y represivo frente a cualquier movimiento que quiera hacer algo, mientras las administraciones no dan respuesta al grave problema de la vivienda”, dice el dirigente sindical a este periódico. “No es razonable -añade- que una ocupación con un sentido político y social para darle un techo a personas sin hogar acabe con esta petición de condena. Es una desproporción tremenda, teniendo en cuenta, además, que seis de ellas estuvieron ya casi dos meses en prisión”.

A juicio del portavoz de CGT, la intervención policial y judicial en este caso hay que enmarcarla en el contexto de lo que estaba ocurriendo en aquel momento en Sevilla, ya que los activistas que entraron en el edificio de la calle Macarena eran okupas de la Corrala Dignidad. “Había una intención de acabar con estas iniciativas”, concluye.

La Asamblea por la Vivienda de Sevilla también ha manifestado su apoyo a los procesados de la Macarena, un juicio que, a su entender, no tiene precedentes en la capital andaluza contra un movimiento social que rechaza la especulación de la vivienda. “Es una agresión a todo el movimiento de la vivienda en Sevilla y en toda España”, dice una portavoz de la asamblea.