La Fiscalía de Madrid ha denunciado a tres médicas de la residencia pública de mayores Adolfo Suárez de Madrid, entre ellas su directora, por "privar" a dos de sus usuarios de una "adecuada atención sanitaria" cuando se contagiaron de covid-19 en marzo de 2020 y fallecieron por esta causa.

El Ministerio Público denuncia a las doctoras por omisión del deber de socorro y por homicidio imprudente en un escrito en el que subraya que entre el 1 de marzo y el 18 de junio de 2020 se produjeron 91 defunciones en este centro, 80 de las cuales estuvieron relacionadas con la covid-19, según informa la Fiscalía en un comunicado.

Ese centro residencial -el Adolfo Suárez, según han precisado otras fuentes fiscales- tenía 274 residentes, de los cuales solo 13 eran autónomos, mientras que 38 tenían una dependencia leve y 223 una dependencia moderada o severa.

Ante la gravedad de la situación, se adoptaron medidas de refuerzo sanitario, incluido un sistema de comunicación diario con una doctora del hospital de referencia, el Ramón y Cajal.

A pesar de ello, la Fiscalía sostiene que ninguna de las doctoras denunciadas llegó a activar el mecanismo de coordinación a pesar de que "concurrían los presupuestos para hacerlo" y "sin razón justificada" en relación con los usuarios E.G.P. y J.R.B, que fallecieron los días 6 y 1 de abril, respectivamente.

La Fiscalía aprecia una negligencia clara

El Ministerio Público sostiene que con su actuación provocaron "que no pudieran ser valorados por la unidad de geriatría del hospital de referencia, e incluso trasladados a sus instalaciones, al tiempo que tampoco les proveyeron en la residencia un adecuado seguimiento y control médico, de todo lo cual era conocedora la directora del centro, que tampoco realizó acción alguna para solventar la situación".

E.G.P., de 69 años, fue atendido por una de las doctoras tres días después de comenzar con los síntomas que indicaban que podía estar contagiado de covid. El usuario no superó el cuadro y murió dos días después.

"En ningún momento se realizó interconsulta con el hospital de referencia, ni para sugerir una posible derivación ni para pedir pautas de tratamiento", asegura la Fiscalía.

Todo ello a pesar de que la doctora apreció "inmediatamente" la gravedad de la situación, por lo que le pautó "una mascarilla especial y un tratamiento sintomático que, lamentablemente, en este momento no surtió ya efecto".

Para la Fiscalía, el tiempo que se tardó en prestar asistencia médica así como la falta de un seguimiento "estricto" para evitar que el usuario se quitara el sistema de oxigenoterapia, unido a la ausencia de cualquier interconsulta sobre el paciente, pudieron incidir "razonablemente" en el resultado final, que es "directamente imputable" a la responsable de la situación sanitaria del paciente.

Por su parte, J.R.B. presentaba antecedentes de broncoaspiración y el 25 de marzo sufrió uno de estos episodios "sin que recibiera ningún tipo de atención médica" hasta dos días después del incidente.

El usuario comenzó a tener fiebre y vio disminuido su nivel de conciencia durante los cinco días previos a su fallecimiento, periodo en el que "no consta ningún tratamiento de enfermería ni que fuera trasladado para seguimiento y control a dicho departamento".

En su denuncia, la Fiscalía asevera que "ni siquiera las doctoras valoraron la posibilidad de que el usuario estuviera contagiado de coronavirus", una circunstancia que se probó el mismo día de su muerte.

"La ausencia de un control y seguimiento de enfermería y médico en la residencia, unido a la falta de activación del protocolo de derivación a centro hospitalario, privaron al residente de una adecuada atención sanitaria, por lo que puede concluirse que influyeron en el fatal desenlace de su enfermedad", explica el Ministerio Público.