Fugas, connivencia judicial y una cuestionable reparación: lo que envuelve el asesinato de los abogados de Atocha

El asesinato de tres abogados laboralistas junto a un estudiante de derecho y un administrativo a manos de tres militantes de extrema derecha fue el saldo que tuvo que pagar la sociedad para que, tal y como se recuerda, por primera vez en España miles de personas pudieran levantar abiertamente el puño en la calle. Era 1977 y aquellos días han pasado a la historia como la "Semana Negra de enero".

La memoria histórica obliga a recordar sus nombres: Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal, fueron tiroteados el 24 de enero como represalia al trabajar en el bufé de abogados que estaba asesorando a los obreros del transporte madrileño, cuya una de las fundadoras fue Manuela Carmena, en contraposición a la postura tomada desde el franquista Sindicato Vertical. Unas jornadas antes también habían fallecido María Luz Nájera debido a las cargas policiales para dispersar una manifestación el día 23 y, al siguiente, Arturo Ruiz fue asesinado como consecuencia de los disparos de una pistola cuyo dueño había gritado "¡Viva Cristo Rey!" mientras apretaba el gatillo en dirección al cielo.

La masacre de la calle Atocha 55, el número del portal en el que los abogados desempeñaban sus funciones, aceleró la legalidad de un Partido Comunista de España (PCE) que aún se movía en la clandestinidad. Más de 40 años después la reparación de las víctimas sigue debatiéndose entre lo que pudo ser y no fue. Un Gobierno con miedo no fue capaz de reparar a los seres queridos de los fallecidos en la masacre dejando de hacer una justicia que debió haber empezado desde el momento en que se cometió el tiroteo.

La reparación de las víctimas sigue debatiéndose entre lo que pudo ser y no fue

A diferencia del Ejecutivo, el Colegio de Abogados de la capital sí estuvo a la altura de las circunstancias y, con Antonio Pedrol Rius a la cabeza, hizo que la capilla ardiente se estableciera en la sede de la entidad colegiada. Además, "gracias al decano del Colegio los familiares supimos dónde los iban a enterrar, ya que el Gobierno nos lo intentaba ocultar", agrega Francisca Souquilla, hermana de uno de los abogados fallecidos.

Tres años después de la masacre perpetrada por los pistoleros de extrema derecha se abrió juicio oral contra cinco personas. La sentencia determinó que los militantes fascistas de Falange Española (FE) y vinculados a Fuerza Nueva José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, finalmente condenados a 193 años de prisión cada uno, fueron los autores materiales del atentado, acompañados de Fernando Lerdo de Tejada, que no pudo ser juzgado por estar en situación de rebeldía tras fugarse aprovechando un permiso durante la Semana Santa de 1979. Francisco Albadalejo, el secretario del sindicato vertical del transporte privado de Madrid en aquellos momentos, fue condenado como inductor de un delito de asesinato, encubrimiento y tenencia ilícita de armas a 73 años de prisión, y Gloria Herguedas, amiga íntima de Cerrá y también vinculada con FE fue sentenciada a un año de prisión por tenencia ilícita de armas.

La fuga de Lerdo de Tejada

Casi un año antes del juicio se vivió uno de los episodios que más daño y dolor causó a las víctimas por una controvertida decisión del juez instructor del caso, Rafael Gómez Chaparro. Éste fue el que permitió a Lerdo de Tejada salir de prisión durante unos días, lo que acabó con su fuga hasta la actualidad, que no se conoce su paradero. El procesado que no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados era el hijo de la secretaria de Blas Piñar. Así lo recuerda la abogada Cristina Almeida, que se personó en el caso como acusación particular: "No es que Lerdo de Tejada se escapara, es que le abrieron la puerta para irse". 

"Sí que podía haber más gente de extrema derecha implicada en los asesinatos"

"El proceso pecó de una absoluta debilidad al no tener ningún deseo de tirar para arriba y ver quién estaba detrás de todo esto, quedándose en el sindicato vertical del transporte", rememora la letrada denunciando así el escaso interés que el magistrado Gómez Chaparro mostró de cara a desentrañar quiénes se escondían tras los acusados. Esta tesis es compartida por Manuel Gallego, el autor del último libro sobre la masacre de Atocha, titulado Los abogados de Atocha. La masacre que marcó la Transición: "Sí que podía haber más gente de extrema derecha implicada en los asesinatos, que es lo que yo pienso. Además, como tardaron más de un año en tomarles declaración —continúa el escritor— se perdieron detalles y se podrían haber borrado huellas; sin olvidar que hubo policías que pusieron en contacto a los acusados para que sus declaraciones fueran parecidas". 

Alejandro Ruiz, el único de los cuatro supervivientes del atentado que sigue con vida, describe como "sensación de fracaso del poder judicial y en particular del juez instructor", que fue apartado de la causa, el hecho de que se dejara escapar a uno de los principales acusados. En esta estela se pronuncia Almeida al decir que "el juez no supo ver que en aquella época algunos comportamientos estaban cambiando y siguió persiguiendo a los demócratas y, por tanto, enemigos del régimen".

Nula reparación de los condenados

Cuestionados por la reparación, Souquillo se muestra tajante: "La reparación personal es imposible porque han matado a un hermano más joven que tú con 29 años y un grupo de compañeros a los que también conocías. Por otra parte, las familias fuimos reconocidas por la sociedad pero no por el Gobierno de entonces". Junto a ella se posiciona la letrada que ejerció como acusación particular el declarar que "desde luego, los que fueron condenados no repararon absolutamente nada, así que las víctimas jamás han tenido una reparación moral de justicia", según los propios términos de Almeida.

"Nosotros, que teníamos que identificar a los autores del atentado, no fuimos protegidos"

Una opinión algo diferente es la que mantiene Ruiz al defender que las víctimas sí han tenido una reparación en los últimos 40 años. Por su parte, señala que "ese tipo de jueces, claramente franquistas y con un comportamiento indigno como magistrado, ya están algo superados; aunque sí que ha habido situaciones extrañas como la inhabilitación del juez Garzón", señala el superviviente de la masacre. En la otra cara de la moneda, él mismo incide en alguna de las situaciones que se dieron durante el juicio en el que la mayoría de las jornadas la sala estuvo copada por fascistas que se alineaban junto a los acusados: "Nosotros, que teníamos que identificar a los autores del atentado, no fuimos protegidos y tuvimos que presenciar cómo los grupos de extrema derecha copaban exclamando mensajes que nos ridiculizaban como víctimas y en apoyo a los asesinos". 

Gallego, que ha centrado su tesis doctoral en los hechos ocurridos aquel 24 de enero, señala que "los acusados en ningún momento mostraron el más mínimo arrepentimiento. El juicio hace que se conviertan en ídolos donde, después de la primera jornada de vista oral, la sala se llena de extremistas de derecha que faltan el respeto constantemente. Incluso algunos de los acusados —prosigue el historiador— ningunearon a las víctimas, haciendo que el juez los expulsara". De hecho, la connivencia política con los encarcelados duró durante la primera parte de la condena, que cumplieron en la cárcel de Ciudad Real y en la que
"celebraban cada aniversario de la masacre con un gran manjar con la comida que les metían desde el exterior", en los propios términos del experto. 

Extradición de García Juliá

Retrotrayendo el asunto al estadio actual, las últimas informaciones sobre el caso apuntan a la extradición desde Brasil de García Juliá, que se encuentra fugado por la justicia tras no haber retornado a España después de un permiso que le concedieron para trabajar en el extranjero. Ruiz diferencia esta fuga de la de Lerdo de Tejada ya que la primera se produjo "cuando estaba a punto de cumplir la condena máxima de aquel tiempo, que eran unos 15 años", comenta a Público. "Ver que este asesino también acaba huyendo te crea una inseguridad muy significativa, más aún cuando que yo solo como sobreviviente", dice el que fue uno de los abogados laboralistas tiroteados. 

Ante este hecho, Almeida incide en que a García Juliá le habían concedido un permiso con anterioridad que la fiscalía logró parar: "No se entiende cómo una persona condenada a 193 años de prisión le dejan salir teniendo como antecedentes el haber secuestrado al director de la cárcel y pedir un helicóptero en el que pretendían escapar él y Antonio Tejero alegando únicamente que el asesino colocaba los libros de la biblioteca de la cárcel, había donado sangre y ayudado a parar un motín".

Las últimas informaciones sobre el caso apuntan a la extradición desde Brasil de García Juliá

"Que no ha existido la debida reparación queda comprobado en el hecho de que Fernández Cerrá, al salir de la cárcel, llamó a Lola González Ruiz [una de las supervivientes en el tiroteo y la persona que más secuelas tuvo por la masacre, tanto a nivel físico como por haber presenciado el asesinato de su marido, Javier Souquillo] y le dijo que ahora se verían en los juzgados porque se ha hecho abogado dentro de prisión, lo que significa una maldad absoluta", remarca la letrada. 

Es ella misma la que se pronuncia sobre la incertidumbre que rodea al asesino que aún no ha cumplido con su condena: "Respecto a García Juliá no sabemos cuál será el procedimiento para que cumpla la pena que aún le queda una vez que sea extraditado, porque las leyes antiguas y las actuales recogen cosas diferentes, así que tendremos que ver cómo las aplican los jueces", declara una Almeida que no llegó al entierro de los fallecidos porque se encontraba en Chile, con la dictadura de Augusto Pinochet, realizando un trabajo para Naciones Unidas sobre mujeres y niños desaparecidos.

Se cierra el proceso judicial

En relación a la situación judicial, todo indica que el proceso se da por terminado, a pesar de que "en ningún momento alguien ha hecho un esfuerzo por saber qué pasó con Lerdo de Tejada", lamenta Almeida. Ruiz, por su parte, se remite también al presente señalando un hecho que ha podido tener una gran trascendencia a la hora de que se procesara la orden de extradición de García Juliá: "Parece que ha habido cierta voluntad por parte de los jueces españoles porque la orden la piden ellos y no el Gobierno, algo bastante significativo que seguramente ha incentivado a que Brasil aceptara la solicitud ya que no sé hasta qué punto el actual gobierno brasileño estaría de acuerdo con la extradición del reo". Souquillo, ante este hecho, agrega que el Ministerio del Interior actual la llamó cuando se tramitó la orden de extradición del asesino, pero "después de eso no se ha sabido nada nuevo", en sus propios términos. 

La "constricción del consenso en España"

El último superviviente de la masacre que queda con vida engloba lo acaecido el día 24, junto la "increíble manifestación" silenciosa que acompañó el recorrido que hicieron los féretros por las calles de Madrid dos días después, en lo que él denomina la "constricción del consenso en España" y que define como "un consenso que no se llevó a cabo con una mentalidad mercantil, sino un encuentro entre planteamientos diferenciados en base a que cada postura sabía que tendría que renunciar a algo, lo que desembocó en que el 26 de enero, y el PCE así lo quiso, se demostrara que no existía ninguna voluntad de venganza, aunque la extrema derecha no cejara en su empeño de que la situación se agravase", en los propios término de Ruiz.

"Siempre será el asesino de Atocha al que dejaron escapar"

En lo respectivo a la reparación que se puede dar en la actualidad, Almeida comenta que "falta un reconocimiento global para todas las víctimas del franquismo y la extrema derecha". Asimismo, la letrada dice que "aunque parece que el Gobierno va a establecer un día en memoria de las víctimas, lo primero que habría que hacer es que todas ellas se llegaran a considerar como tal, ya que han sufrido la misma injusticia y no a todas se las reconoce". Ruiz agrega que desde su punto de vista "no hay ningún asunto pendiente ni nada que se pueda objetar en cuanto a la reparación". 

Por su parte, Almeida, que fue una de las acusadoras particulares del proceso, cuestionada sobre qué le diría al fugado desde el año 1979 Lerdo de Tejada, responde cristalino: "Le diría que a lo mejor se cree que se ha salvado por haber huido, pero siempre será el asesino de Atocha al que dejaron escapar, y siempre tendrá la responsabilidad de la muerte de esas personas".