La Guardia Civil toma declaración a seis docentes catalanes investigados por un presunto delito de odio

La Guardia Civil, en funciones de policía judicial por orden del Servicio Especial para Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona, ha tomado declaración este jueves a seis docentes -antes de Navidad ya interrogó a tres y quedan pendientes otros dos para este mes- y, en el caso de que vean indicios de delito, lo denunciarán ante el juez.

La toma de declaración se encuadra en la investigación abierta por Fiscalía contra once docentes del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por un presunto delito de incitación al odio por supuestos comentarios a alumnos hijos de guardias civiles tras la operación policial contra el referéndum del 1 de octubre. Además, al menos uno de los profesores está siendo investigado por presuntas amenazas. 

Según ha explicado a los medios este jueves la directora de Servicios Territoriales de Enseñanza del Baix Llobregat, Nuria Vallduriola, el 2 de octubre después de una concentración silenciosa en el centro "en favor de la no violencia y en favor de la paz", algunos alumnos pidieron debatir en sus clases sobre las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil del día anterior contra la celebración del referéndum independentista. Los docentes, según Vallduriola, se limitaron  a dirigir el debate escuchando todas las versiones "y no emitiendo ninguna opinión personal".

Vallduriola ha explicado que puede ser que algunos de los alumnos hubiesen pronunciado alguna expresión fuera de lugar, pero no los profesores: "A veces los alumnos expresan su opinión de manera muy efusiva, es lo que interpreto que pudo haber pasado". También ha defendido que los profesores en principio no saben si sus alumnos son hijos de agentes de la Guardia Civil -muchos menores del centro lo son por la proximidad del cuartel- porque ellos son docentes y les da "exactamente igual la profesión que tengan sus padres".

Vallduriola ha lamentado que los padres que han presentado la denuncia que originó la investigación no se haya dirigido antes a la Conselleria de Enseñanza para averiguar qué fue lo que sucedió y hayan optado por la vía penal.