Tània Verge Mestre (Reus, 1978) es desde hace seis meses consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, un departamento de nueva creación que pone la lucha contra las violencias machistas, LGTBIfóbicas y racistas en el centro, pero que también tiene la intención de poner perspectiva de género en el conjunto de las políticas del Govern. Un ejemplo sería la gratuidad del curso escolar de dos a tres años (I2), que se impulsará con los nuevos presupuestos, o el reciente anuncio de un estudio para evaluar la atención que hacen los Mossos d'Esquadra a las mujeres que han sufrido violencia machista, para evitar la revictimización. La Conselleria asume una ingente tarea que pasa por "sacudir" al conjunto del Govern y que lidera la politóloga, proveniente del mundo académico pero curtida ya previamente en el contacto con las instituciones.

Verge, catedrática en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y responsable de su Unidad de Igualdad entre 2014 y 2021, enumera y explica una ingente cantidad de medidas concretas en las que trabaja su Departament, muchas vinculadas a la Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius. Revisitar y actualizar todos los protocolos de acoso sexual de instituciones y partidos es también uno de los objetivos del mandato para avanzar hacia la erradicación de la violencia institucional.

También hay retos más de fondo, que pasan por cambiar currículos escolares e impartir educación sexual, romper tabúes y evitar que la información se acabe obteniendo a través de la pornografía. Y, sobre todo, contribuir a la sensibilización y prevención para llegar también a los hombres, para que pongan freno a actitudes machistas: "Es aquí donde paramos las violencias cotidianas que después llevan a las agresiones, sean físicas, sean sexuales, sean psicológicas".

Lleva seis meses al frente de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, de nueva creación. ¿Qué balance hace?

Intenso: montar una Conselleria de cero implica dotarla de toda la estructura, una planificación estratégica, y evidentemente definir unos presupuestos que tenemos ahora a punto de poder aprobar y que permitirán desplegar este plan e iniciar los proyectos que tenemos previstos.

Los presupuestos para 2022 ha dicho que son "los más feministas" que ha tenido la Generalitat. ¿Cuáles son las principales metas que permitirán alcanzar?

Es muy importante que hayamos doblado el presupuesto de lo que sería toda la estructura de la Conselleria, todas las políticas específicas de igualdad de género, LGTBI, de igualdad de trato y no discriminación, de acogida de personas migradas y refugiadas. Este aumento del 100% es muy destacable. Dijimos que necesitábamos poner muchos más recursos en el abordaje de las violencias machistas, para que fuera una cuestión de país, y hemos doblado el presupuesto que le dedicamos. Además de nuestro presupuesto debemos ver qué impacto a nivel de reducción de las desigualdades tiene el conjunto de presupuesto de la Generalitat y hay acciones primordiales en este sentido, como la gratuidad del I2, también la renta básica universal, y muchas otras medidas.

Como dice, aumentan mucho los recursos destinados a las violencias machistas. ¿Servirá para ponerles freno?

Poner freno a las violencias machistas pasa de forma ineludible por erradicar al patriarcado. Y ese trabajo es de largo recorrido, no sucede en una legislatura. Lo que venimos a hacer es poner la lucha por la erradicación de las violencias machistas como un problema central, una cuestión de país. Debemos reforzar por un lado todo lo que son los servicios de atención especializada, reforzarlo con más recursos, más personal especializado y hacer que los servicios se ajusten a las necesidades de las mujeres. Esto pasa también por diseñar servicios específicos para mujeres jóvenes, mayores, migradas, en contexto de prostitución, con discapacidad...

Otro ámbito muy importante tiene que ver con cómo se refuerza la coordinación entre los distintos departamentos que tienen competencias en el ámbito de las violencias machistas para evitar la violencia institucional. Y la prevención: no erradicaremos las violencias machistas si no hay un trabajo de sensibilización, de identificación de cuáles son todas y cada una de las violencias, no sólo las más visibles, las más brutales, como los feminicidios o una agresión sexual. También las que vivimos cotidianamente todas y cada una de las mujeres.

Quieren también feminizar las políticas del conjunto del Govern. Un ejemplo es el reciente anuncio de un estudio para evitar la revictimización en la atención de las víctimas de violencia machista por parte de los Mossos. Se trata de un trabajo ingente para un mandato. ¿Cuáles son los principales ejes sobre los que trabajan para hacerlo posible?

Este estudio es una pata de un estudio más global que debe llevarse a cabo en el conjunto del Govern. Pasa por un lado por la evaluación de cómo los cuerpos policiales atienden a las mujeres cuando presentan una denuncia y a lo largo de todo el proceso de tramitación. También por el análisis de las actuaciones judiciales, de cómo los operadores judiciales revictimizan a menudo a las mujeres basándose en estereotipos, prototipos ideales de qué es una víctima, o de cómo es un agresor. Estamos hablando de todos los departamentos, de todos los servicios que intervienen en el abordaje integral de las violencias machistas. Pasa también por dotarnos al conjunto de las administraciones de protocolos eficientes para la identificación, detección y sanción del acoso sexual. Igualmente debemos realizar una tarea de formar al conjunto de profesionales de toda la administración, porque la violencia institucional no se produce porque haya una mala praxis deliberada o voluntad de hacer ningún daño, todo lo contrario. Lo que a menudo ocurre es que hay inercias, falta de formación, incluso falta de recursos... El objetivo es evitar que las mujeres sufran una violencia después de la violencia que han vivido.

¿Cree que en el plazo de ese mandato se podría erradicar esta violencia institucional?

Tenemos la obligación de ponernos las pilas desde ya, para desarrollar estas herramientas, todos estos mecanismos, y esto es un trabajo permanente. Estamos hablando de un estándar de calidad de atención a las violencias machistas por parte de los poderes públicos. Este mandato iniciamos este trabajo.

¿Cuál le gustaría que fuera el titular cuando finalice su mandato?

Si dijera que me gustaría haber acabado con el patriarcado, o con el racismo, o con la LGTBIfobia, no sería creíble, porque estamos hablando de sistemas que son estructurales y por tanto no es viable en ese plazo tan corto. Pero sí que nos gustaría haber contribuido a que el conjunto de la sociedad identificara estas desigualdades, discriminaciones y violencias cotidianas que sufrimos. Porque cuando las nombramos, pasamos a rechazarlas, porque están vulnerando nuestros derechos. Al final, los de todos. Nos gustaría haber avanzado mucho más en la transversalidad de género y en la perspectiva interseccional en el conjunto del Govern. Dejar hechos unos procedimientos bien institucionalizados para que cualquier departamento cuando realice su diseño de política pública no parta de esa idea de que hay personas que no tienen raza, que no tienen clase, que no tienen edad.

Usted no estaba dentro de las instituciones antes de empezar esta etapa. ¿Cómo lleva el paso de la academia a la política institucional?

Es evidente que es un cambio importante, pero aunque no estaba dentro de las instituciones, sí les había hecho mucho acompañamiento. A veces tenemos la idea de que el mundo académico es un mundo aislado, una torre de marfil, y a veces existe el riesgo de que lo sea, pero según qué temas de investigación hagas, la barrera entre la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento es muy difusa. Yo soy politóloga, y en el caso de la Ciencia Política feminista, existe esa voluntad de transformación social. De realizar una producción de conocimiento que no sirva sólo para el autoconsumo, sino que tiene una agenda clara detrás. Por lo tanto aunque no estaba en las instituciones sí que había estado muy cerca, con la elaboración de planes de igualdad, protocolos contra el acoso... Ha sido una transición más fácil quizá que si hubiera trabajado otros temas.

Forma parte de un gobierno de coalición con desavenencias entre los socios, lo hemos visto de nuevo esta semana con motivo de los presupuestos. ¿Cree que esto afecta a la tarea del ejecutivo?

Existe un gobierno que tiene seis meses de vida, y que ha aprobado un plan de gobierno con cuatro transformaciones muy claras: verde, social, democrática y feminista. Y cada una de estas transformaciones requiere de trabajo interdepartamental. Nosotros estamos trabajando muy bien con los diferentes departamentos, por ejemplo la Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius implica a nueve departamentos y la lideramos desde aquí. Participan ocho departamentos, cuatro nombrados por ERC, y otros cuatro, por JxCat. Por lo tanto en el día a día de la acción de gobierno las cosas funcionan y los proyectos están saliendo adelante.

El feminismo afronta debates en su interior. Ha habido divergencias en la posición respecto al trabajo sexual y sobre las personas trans, por ejemplo. ¿Cuál cree que debe ser el rol de las administraciones respecto a los debates que hay en la calle?

El feminismo siempre ha sido un movimiento diverso. Lo ha sido desde su nacimiento, y así lo acreditan tanto las diferentes corrientes teóricas como su expresión práctica. Debemos tratarlo con normalidad porque cada uno contribuye a dar una fotografía más completa de las desigualdades que necesitamos erradicar. Dicho esto, el papel de las administraciones es garantizar los derechos de toda la población, siendo el paradigma de referencia el de los derechos humanos. En el caso de las personas trans, nos encontramos justamente con esto, con una garantía de derechos, y así lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la libre autodeterminación de género es un derecho humano. Nosotros tenemos el mandato de dar cumplimiento a esos derechos humanos. Cabe recordar también que el marco normativo de Catalunya es ya transinclusivo. Hace años, por ejemplo, que la tarjeta sanitaria incluye el nombre sentido. No hay ningún posicionamiento posible que no pase por seguir profundizando en la garantía de derechos de las personas trans en todos los ámbitos de la sociedad.

Se ha empezado a resolver la inequidad territorial en el acceso al aborto en Catalunya. ¿Cuáles son los principales obstáculos que existen ahora mismo para garantizarlo en su conjunto?

Ya se han corregido algunas de estas inequidades, garantizando el acceso en Lleida, el Alt Pirineu, la Catalunya Central, en breve en las Terres de l'Ebre. Y éste es un objetivo clarísimo que hemos incorporado en la Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius. Estamos hablando de nuevo de derechos humanos. Esta garantía de equidad territorial para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, tanto a nivel farmacológico como quirúrgico, se complementa con una serie de profundización de derechos o nuevos derechos. Por ejemplo, avanzamos hacia la gratuidad de la anticoncepción de larga duración, también hacia la ampliación del acceso de métodos de barrera, para prevenir ETS y el VIH, se realizará una mejora y ampliación del servicio Trànsit para personas trans... Después habrá una serie de nuevos derechos, teniendo como propuesta emblemática que empezamos a desplegar en los próximos meses la equidad menstrual: Estaremos proporcionando, empezando por las escuelas, productos menstruales sostenibles, económica y ambientalmente. Lo iremos ampliando en otros colectivos de mujeres en otros servicios. Otros ejemplos son también medidas en el ámbito laboral relacionadas con el ciclo menstrual, el climaterio o el duelo gestacional.

Más en concreto sobre el derecho al aborto, ¿cómo se está gestionando la relación con los hospitales catalanes que reciben financiación pública, que en sus patronatos tienen representada a la Iglesia y presentaban obstáculos de cara a practicarlos?

Es un trabajo que está realizando el Departament de Salut. Desde el inicio del mandato son ya diferentes las regiones sanitarias en las que se ha podido romper con esta inequidad territorial y donde ya es una posibilidad el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin tener que desplazarse tan lejos de casa.

Más allá de eso, una de cada tres mujeres se paga su aborto en Catalunya, pese a ser gratuito por ley. ¿Cómo revertirlo?

Es un objetivo de legislatura y hemos empezado a trabajar de forma inmediata. El primer objetivo era evitar estos desplazamientos y a partir de ahí Salut tiene un plan de trabajo. La situación es compleja, existen diferentes tipologías de centros, organismos...

Con el auge del feminismo hay también un crecimiento de actitudes, discursos y acciones antifeministas, LGTBIfóbicas, también entre los jóvenes. ¿Cómo deben hacerlo las administraciones para interpelar a todo el mundo?

Siempre que se avanza en la consecución de derechos, surgen movimientos contrarreaccionarios. La obligación de las administraciones es seguir en esta defensa incansable de los derechos y su ampliación, para combatir sistemas de opresión que son estructurales, el machismo, la LGTBIfobia, el racismo. No son sólo situaciones individuales, aisladas, que nos vamos encontrando, no son personas enfermas ni actitudes excepcionales las que provocan estas violencias, sino que están arraigadas en nuestro día a día. Esto lo debemos revertir, y lo debemos hacer con muchísima sensibilización hecha también desde las instituciones. El ámbito de la educación es clave y esto pasa por una modificación de los currículums, por integrar la coeducación en todas las etapas de formación obligatoria, por la educación en sexualidad. Esto nos permite en la etapa más básica, de 0 a 3, realizar prevención del abuso infantil, y en las etapas de preadolescencia y adolescencia, dar herramientas para poder trabajar relaciones desde el respeto y la igualdad. Se trata de realizar un trabajo del propio cuerpo, de normalizar la menstruación, la masturbación, para romper tabúes. Se trata de dar información para evitar que la acaben encontrando en las redes sociales y que se informen de las relaciones sexuales a través del porno.

¿Y una vez terminada la etapa educativa?

Debemos contribuir a una formación continua del conjunto de la sociedad. Esta sensibilización y prevención debe llegar a todo el mundo. Y cuando decimos a todo el mundo es a todo el mundo, pero especialmente a los hombres, porque el foco no puede estar sólo en las víctimas, en las mujeres, en cómo nos protegemos, cómo nos cuidamos, cómo vigilamos cuando vamos por la calle... Éste no es el mensaje y ésta no es la solución. Debemos poner el foco en quien agrede. Y es obvio que no todos los hombres son agresores, pero quedarse clavados en esa idea, sirve muy poco. Los hombres deben aprender a deslegitimar aquellas violencias cotidianas que se encuentran también en el día a día en sus entornos más inmediatos. Con sus colegas, en un espacio de ocio o de fiesta, en el trabajo, con un amigo cuando esté humillando a su pareja o ex pareja. Es aquí donde paramos a las violencias cotidianas que después llevan a las agresiones, sean físicas, sean sexuales, sean psicológicas. Necesitamos a todo el mundo en esta lucha compartida.

Ante casos de agresiones sexuales o LGTBIfóbicas encontramos a veces un discurso punitivista al alza, sobre el que usted se ha manifestado en contra. ¿Cuáles son sus peligros?

Lo importante es que los instrumentos punitivos, por ejemplo el Código Penal, recojan las agresiones como lo que son. Esta reivindicación histórica de 'no es abuso, es violación'. Que exista una aplicación de la ley por parte de la justicia que no revictimice. Que crea a las mujeres. Que no exija estos niveles de prueba tan difíciles de alcanzar, que no las cuestione constantemente, que sepa identificar denuncias cruzadas que a menudo ponen los agresores para deslegitimar a las víctimas. Pero la vía punitivista termina aquí: Una vez se ha presentado una denuncia, existe una investigación penal, pero nunca ninguna discriminación o desigualdad estructural -y, en último término, violencias- se resuelve sólo vía penal. La sanción debe estar ahí, la impunidad no debe existir, pero lo que necesitamos es evitar que se produzcan estas violencias. Debemos tener el foco mucho más puesto en la prevención, con una estrategia de país, no con campañas fragmentadas. Y al mismo tiempo debemos reforzar no sólo la red de atención sino dar forma de forma efectiva a estas garantías de reparación.

¿Cómo cuáles?

Hemos incorporado en los nuevos presupuestos dos nuevos mecanismos de reparación en los casos de feminicidios: se cubrirá desde el Govern el sepelio o el traslado o repatriación del cadáver. Esto es un acompañamiento al entorno, para que en estos casos sientan que tienen a las instituciones a su lado y que estamos asumiendo que hemos fallado como sociedad. En el caso de delitos de odio asumimos reparaciones que carecerían de cobertura en la cartera de servicios básicos de salud, como reparación dental o aparatos auditivos.

Dentro de las instituciones y partidos se han visto casos de acoso sexual. Recientemente el exdiputado de JxCat Eduard Pujol fue restituido de militancia al no salir adelante la denuncia vía judicial. ¿Cree que se está avanzando correctamente en la detección y sanción de estos casos?

En la revisión de 2020 de la ley catalana contra la violencia machista, se considera que cuando estas violencias, por ejemplo el acoso sexual, ocurren dentro de una administración pública y no se realiza un abordaje correcto, esto también es violencia institucional. Por tanto lo que quiere decir es que debemos revisar todos aquellos protocolos contra el acoso para que proporcionen las máximas garantías a las personas afectadas. Desde un inicio tiene que haber un acompañamiento y asesoramiento adecuado, todo el procedimiento de investigación y análisis de los hechos debe ser rápido, con celeridad, y la investigación deben conducirla personas expertas. Actualmente esto implica que todos los protocolos existentes, sea de la Generalitat, sea de los municipios, deben actualizarse.

Esto afecta también a los partidos políticos. El PP ha recurrido al Tribunal Constitucional la ley por distintos preceptos, uno de los cuales es el que afecta a los partidos. No tiene sentido que no sean ejemplares en su organización interna. Revisaremos el protocolo de la Generalitat, haremos un acompañamiento al mundo local para que revise también con estos estándares los protocolos vigentes, y haremos también acompañamiento a los partidos para que cumplan con ellos.