La Audiencia de Teruel ha condenado a prisión permanente revisable al criminal serbio Norbert Feher, Igor el Ruso, por los asesinatos a tiros de un ganadero y de dos guardias civiles en una zona rural del municipio turolense de Andorra la noche del 14 de diciembre de 2017.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el tribunal estima la petición de la fiscalía sobre la base del veredicto del jurado que enjuició el caso e impone dos penas de 25 años de prisión por dos de los asesinatos y prisión permanente revisable por el tercero.

Además, establece condenas de 5 años de prisión por cada uno de los tres delitos de robo con violencia que le fueron imputados, así como indemnizaciones a las familias de las víctimas por más de 3 millones de euros.

En su sentencia, el magistrado que presidió el juicio advierte de que el condenado no podrá acceder al tercer grado penitenciario hasta cumplir un mínimo de 22 años y que no se le podrá suspender la condena hasta haber cumplido al menos 30 años.

El juez se apoya en el relato de hechos considerados probados por el jurado para tipificar las muertes como asesinatos cometidos con alevosía, de forma sorpresiva y con ensañamiento.

Relato de los asesinatos

Razona la sentencia que el acusado disparó en primer lugar al ganadero José Luis Iranzo con la intención de matarle, y que instantes después hizo lo mismo con los guardias Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.

En relación a estos dos agentes, destaca que aunque estos podían haber previsto la presencia de otra persona en la zona en la que se encontraban, no pudieron evitar ser atacados por la espalda por Feher, quien, con una pistola en cada mano, les disparó y les remató en el suelo, causándoles un sufrimiento innecesario y sin darles oportunidad de defenderse.

Añade la resolución que en primer lugar disparó a las armas que llevaban enfundadas los agentes para inutilizarlas y que posteriormente les remató apuntando a zonas no protegidas por los chalecos antibalas, razón por la que descarta la atenuante de legítima defensa planteada por la defensa.

El juez integra los delitos de atentado reclamados por las acusaciones en los de asesinato, pero le condena, además, a 5 años de prisión más por cada uno de los delitos de robo imputados, tanto a los guardias como al ganadero.

Absuelto de tenencia ilícita y de organización criminal

Le absuelve, sin embargo, del delito de tenencia ilícita de armas tras argumentar que ya fue condenado a 3 años por esta causa en un juicio por unos intentos de homicidio cometidos unos días antes en Albalate del Arzobispo (Teruel), así como del de pertenencia a organización criminal.

Razona el juez en relación a este último que aunque durante la instrucción se divulgaron noticias sobre la pertenencia de Feher a una organización criminal en Italia y la ayuda que habría recibido en su fuga a España, las informaciones periodísticas son "hipótesis que no pueden servir de prueba de cargo".

También rechaza, asimismo, las alegaciones hechas por la defensa al inicio de la vista para denunciar la vulneración del derecho de defensa de su cliente al no haber estado custodiado durante unas horas el escenario del crimen.

A la vista del sumario, el magistrado admite que aunque la escena de los asesinatos estuvo sin vigilancia varias horas, no se debió a la "desidia" del instructor sino a motivos de seguridad, al desconocerse si el autor de los disparos permanecía en la zona, ni tampoco se apreciaron indicios de una posible alteración de pruebas.

Indemnizaciones

En cuanto a las indemnizaciones, el juez establece cantidades de 300.000 euros para las mujeres de las víctimas, de 200.000 para los hijos, de 80.000 para los padres y de 50.000 para los hermanos.

En el caso de José Luis Iranzo, impone una indemnización más de un millón de euros por el lucro cesante que supuso para la familia que el fallecido no pudiera continuar con su actividad durante más años, ya que tenía 40 en el momento de ser asesinado.

Durante la vista, las acusaciones ya anunciaron el inicio de un procedimiento civil una vez declarada la firmeza de la sentencia para reclamar la responsabilidad civil del Estado en el pago de las indemnizaciones, al entender que no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias a pesar de los indicios que apuntaban a la presencia de un criminal peligroso en la zona.