“El evidente que el de las inmatriculaciones de la iglesia es un asunto de Estado”, aseguró este sábado el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), en el Encuentro de Municipios y Cargos Públicos por la Recuperación de los Bienes Inmatriculados por la Iglesia Católica que se celebra este fin de semana en la capital aragonesa.

La coordinadora Recuperando, una entidad de ámbito estatal que reúne a laicistas, patrimonialistas, cristianos de base y entidades de otros ámbitos, y cuyo trabajo ha sido fundamental para ir sacando a la luz la intensa actividad registral que las instituciones eclesiásticas españolas han desarrollado en las últimas décadas, en la que algunas fuentes estiman que realizó 40.000 inmatriculaciones, ha reunido a medio centenar de cargos públicos locales, autonómicos y estatales de diez comunidades (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Madrid, Navarra) para poner en común las acciones desarrolladas hasta ahora y trazar estrategias comunes para los próximos meses.

“Hemos conseguido elevar las inmatriculaciones a un asunto de Estado”, coincidió Jorge García, presidente de Mhuel (Movimiento Hacia un Estado Laico) y uno de los portavoces de Recuperando. “Es un tema exclusivamente patrimonial –recalcó-. No hay ningún ataque a ninguna confesión religiosa ni, por supuesto, se cuestiona el uso de los edificios”.

“Se trata de bienes de un valor incalculable que son un legado de los pueblos”, anotó Asunción Villaverde, también de Mhuel y Recuperando, partidaria de “retirar las inmatriculaciones” realizadas por la iglesia entre 1998 y 2015, aprovechando la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de José María Aznar, para “que vuelvan al dominio público los edificios catalogados y protegidos” y respetando la propiedad en aquellos casos en los que las instituciones eclesiásticas puedan demostrarla documentalmente.

“Hay que sacar esas operaciones a la luz”

“Detrás de todo esto hay una maniobra de expropiación de bienes del dominio público sobre la que tendrá que hacerse la luz”, señaló Santisteve, que recordó cómo en Zaragoza, entre otras ciudades, el grueso de las inmatriculaciones que se cuestionan tuvieron lugar ya en los años 80, una década antes de la reforma de Aznar.

“Hay que sacar esas operaciones a la luz y aflorar las contradicciones y las irregularidades”, apuntó el alcalde de Zaragoza, que señaló como un logro el hecho de que “se esté hablando de una vez de la derogación del concordato y de que la iglesia pague el IBI por los locales no dedicados al culto, es decir, de que se equipare a cualquier corporación privada”.

“Esperamos que el Gobierno de Pedro Sánchez le hinque el diente a este asunto –añadió-. Sería muy triste que la justicia europea volviera a sacarle los colores al Estado”.

El domingo, Recuperando, de la que forman parte Mhuel, Europa Laica, Asturias Laica y grupos de Córdoba, Sevilla, Navarra y Castilla y León, celebrará su tercera asamblea y formalizará la incorporación de otras cinco entidades: Iglesias de Estella, SOS Monuments, Plataforma de Defensa del Patrimonio de Valencia, Apudepa y el sindicato Unió de Pagesos, que se ha movilizado tras conocer la inmatriculación de alrededor de 400 ermitas, principalmente en los obispados de Solsona y de Vic.

Las inmatriculaciones entran en la agenda política

El trabajo de las entidades que se integran en Recuperando ha logrado introducir en la agenda política el conflicto de las inmatriculaciones, con el que instituciones de la iglesia española han anotado a su nombre en el registro la posesión de miles de propiedades inmobiliarias, tanto rústicas como urbanas y, dentro de estas, de templos, muchos de ellos declarados monumentos e incorporados hace más de 85 años al “tesoro artístico nacional”.

Medio centenar de cargos públicos de diez comunidades se reúnen en Zaragoza para coordinar sus acciones contra las inmatriculaciones. / EDUARDO BAYONA

La presión de la sociedad civil ha forzado al Gobierno a investigar las inmatriculaciones realizadas por la iglesia, parte de las cuales se produjeron antes de que la reforma de la Ley Hipotecaria vigente entre 1998 y 2015 permitiera a la iglesia anotarse la posesión mediante certificados emitidos por ella misma.

El Ministerio de Justicia está ultimando el listado de bienes inmatriculados  que hará público próximamente, antes de reclamar que vuelvan al dominio público los que salieron de él mediante anotaciones registrales.

De hecho, las inmatriculaciones fueron uno de los temas tratados por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, durante la reciente visita de la primera a Roma.

Grupos de trabajo y debate en el Congreso

Calvo encontró una “respuesta constructiva ” del Vaticano tanto a tratar la situación de las inmatriculaciones como a la reforma de las exenciones del IBI de las que disfruta la iglesia en España desde la firma de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre sus respectivos gobiernos.

De hecho, Calvo y Parolín acordaron crear una serie de grupos de trabajo para tratar esos temas. La modificación del IBI incluirá, según el planteamiento de salida del ejecutivo de Pedro Sánchez, el final de la exención para algunos inmuebles no dedicados al culto, como viviendas y locales comerciales, aunque no afectaría en principio a otros como los centros escolares y deportivos. La iglesia se ahorra más de 2,5 millones de euros al año en ese impuesto municipal solo en la ciudad de Zaragoza.

Por otro lado, el Congreso debatirá próximamente una propuesta de resolución de Unidos Podemos que reclama cancelar las inmatriculaciones realizadas a partir de 1979 por la iglesia para que esta, posteriormente, pudiera volver a anotarse aquellas cuya propiedad pueda probar.