Juana Rivas pide amparo al Constitucional en su querella contra el juez Piñar

Juana Rivas ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional frente a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no admitieron a trámite la querella que formalizó por supuesta prevaricación contra el juez Manuel Piñar, que la había condenado por la sustracción de sus dos hijos menores.

Uno de sus abogados ha considerado que "son muchos" los "indicios incriminatorios" aportados en la querella contra el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que no fueron atendidos por el alto tribunal andaluz.

Según ha explicado el letrado, al no existir en el procedimiento contra jueces, magistrados y fiscales una doble instancia penal, a dicho tribunal se le debe de exigir un "especial y mayor rigor" en la valoración de todos los elementos concurrentes.

"De lo contrario, como es el caso que nos ocupa, se atenta gravemente contra el derecho a una tutela judicial efectiva, en este caso de Rivas, generándole una gran indefensión", ha indicado.

Por ello, el abogado ha alegado vulneración de derechos fundamentales de Juana Rivas ante el Tribunal Constitucional, pues considera que el efecto que produce la inexistencia de dicha doble instancia en este procedimiento contra el juez "cercena la posibilidad de acudir a una segunda instancia".

"Consideramos que se produce una colisión total con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente con el derecho a un recurso efectivo (...) y el derecho a un proceso equitativo, al igual que el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal", ha señalado.

En este sentido, entiende que existe "fundamento suficiente" para interponer un recurso de amparo y continuar con la interposición de una demanda de vulneración de derechos fundamentales en órganos judiciales de carácter supranacional.

El recurso ante el Constitucional responde, por tanto, a la que considera "grave vulneración de derechos constitucionales" de la que habría sido objeto Juana Rivas Gómez, ha precisado el letrado, quien confía en que el sistema jurídico, nacional o internacional, restablezca los que cree "derechos fundamentales lesionados".