"Pedimos a la fiscalía que recurra entre hoy y el sábado la inadmisión del Tribunal Constitucional del recurso de amparo para evitar la entrega de los hijos a un padre condenado por maltrato, evitando que se lave las manos ahora escudándose en que la ha presentado tarde y hace 16 días en que lo había presentado demasiado pronto".

Con estas palabras, pronunciadas este jueves en la plaza del Callao de Madrid por Ángela González Carreño, se iniciaba la concentración que organizaciones feministas, de la sociedad civil y representantes de algunos partidos políticos llevaron a cabo en apoyo de Juana Rivas, la mujer que desde hace más de tres semanas se halla en paradero desconocido después de decidir no entregar a sus hijos a su marido, condenado por maltrato en 2009 y al que en 2016 volvió a denuncia por violencia de género.

González Carreño, cuya hija Andrea fue asesinada por su padre maltratador en 2003, simboliza la lucha por la defensa de los menores víctimas de violencia de género. Tras 51 denuncias, ninguna instancia impidió las visitas no vigiladas entre su hija y su exmarido. Ningún tribunal le dio la razón ni reconoció fallos en su caso, a pesar de que Naciones Unidas condenó a España en 2014 por este caso.

Varios centenares de personas corearon este jueves consignas como "maltratada por su pareja, maltratada por la justicia", "No a la custodia a maltratadores" o Protección a la infancia".

"Estamos aquí en apoyo a Juana y a todas las mujeres que se están viendo en situciones como la suya porque los tribunales no están defendiendo los derechos de las mujeres y a los niños, sino que ponen por encima la custodia de los padres maltratadores", afrimaba Marta Cárdaba, miembro de la Plataforma 7N contra la violencia machista, una de la convocantes de la concentración. 

"Denunciamos que el TC no ha entrado en el fondo de la cuestión porque no ha querido desautorizar a sus tribunales machistas y no ha servido para proteger, que es lo que estaba por encima de todo y tenía que haber entrado en ello. Las autoridades deben cumplir con sus obligaciones. Tienen que aplicar la leyes, los protocolos de la CEDAW, el convenio de Estambul, que también lo ha firmado Italia y proteger a las mujeres y a los menores", ha añadido Cárdaba.

Desde el pasado 26 de julio, Juana Rivas y sus hijos (de 3 y 11 años) están en paradero desconocido. Ese día fue el marcado por un un juzgado de Granada para que Rivas entregara a sus hijos a su marido, que reside en Italia y a la que la justicia había concedido la custodia de los niños. La sentencia que ordenaba esta entrega, no contemplaba el hecho de que el marido de Rivas había sido condenado por violencia de género en 2009, ni que Rivas había interpuesto otra denuncia por malos tratos contra él en 2016, una vez que regresó a España abandonando esa relación.

Esta es una de las claves del caso. Varias de las leyes aprobadas en nuestro país en los últimos años recogen en su articulado expresamente la obligación de tener en cuenta los antedecentes de violencia de género a la hora de decidir otorgar la custodia de los hijos a un padre.

Por otro lado, convenios internacionales firmados y ratificados por nuestro país, como el de la CEDAW de Naciones Unidas o el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, inciden expresamente en el hecho de que un maltratador no pueden ser considerado un buen padre y que siempre debe primar el bien superior del menor.

"En estos momentos, Juana se encuentra en busca y captura porque los tribunales persisten en tratar este caso desde la pura burocracia, como un problema de custodia, negándose a considerarlo como lo que realmente es: un caso de violencia de género", afirman desde la Plataforma 7N.

"Es necesario que exista una mediación, que se entienda el alcance internacional que tiene esta situación y que se tenga en cuenta lo que ya afirma el dictamen aprobado del Pacto de Estado, que precisamente dice que situaciones como esta no se pueden dar, por lo tanto no podemos permitir que esta situación llegue donde está por cuestiones burocráticas", afirmó Sofía Castañon, secretaria de Igualdad y diputada de Podemos, presente en la concentración.

"No entramos a valorar las cuestiones técnicas procesales, pero creemos que el Gobierno tiene que mostrar más que preocupación discursiva. Sino que tiene que utilizar la capacidad de mediación en una situación así. Si el pacto de Estado que tenemos es para que esté sobre el papel y no sobre los hechos, poco pacto de Estado va a ser", añade Castañón.

El periplo judicial de esta granadina y sus hijos se ha vuelto cada vez más complicado.  

A finales de agosto sus abogados solicitaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue inadmitido por motivos de forma. Entonces el alto tribunal afirmaba que no  podía atender el amparo por porque no se habían agotado sus opciones de recurso ante los tribunales ordinarios, tal como marca la ley.
El pasado ocho de agosto pasado, el juzgado de Instrucción número 2 de Granada emitió una orden de detención contra Rivas y la insta a presentarse ante el juzgado por un delito de detención ilegal de menores.

Dos días después de esta orden de detención, la Audiencia de Granada desestimó su petición de anular la orden que la obliga a entregar a sus hijos. El tribunal le daba tres días para  entregar a los menores a su padre.

Los magistrados determinaron que "no se han vulnerado derechos fundamentales ni garantías procesales", por lo que han desestimado el "incidente excepcional de nulidad" que Rivas presentó el 31 de julio para intentar revocar dicha sentencia.

Una nueva demanda de amparo al Tribunal Constitucional fue rechazada el pasado 17 de agosto. En esta segunda ocasión, el alto tribunal volvió a aducir problemas de forma, con lo que su decisión ha sido la inadmisión del caso sin entrar siquiera en el fondo del asunto.

Desde entonces, las opciones de continuar el caso en España parecen haberse cerrado y sus abogados han anunciado que seguirán su lucha fuera de España. Concretamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional deja una pequeña ventana de oportunidad, puesto que da a la fiscalía tres días para presentar algún tipo de recurso, cosa que ahora exigen las organizaciones. Por eso piden a la fiscalía que actúe de oficio para proteger a los hijos de Juana Rivas.