Tras concluir el periodo de instrucción del proceso que se sigue en Hungría contra los dueños del matadero de Binéfar, los también llamados reyes italianos del bresaola han sido acorralados por la fiscalía del condado de Bács-Kiskun que investiga las presuntas actividades criminales de ese supuesto grupo mafioso, que viene operando en la localidad aragonesa de Binéfar gracias al apoyo que brindaron, entre otros, el presidente socialista del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, y el primer edil de la capital de la Litera, Alfonso Adán.

Tal y como admitió en su día, este último realizó negocios con el italiano al tiempo que intentaba favorecerle fiscalmente durante esta legislatura. Son varios los cargos socialistas y funcionarios que han ganado dinero gracias al matadero. Y entre otros, el policía Antonio Díez o la anterior responsable del Ejecutivo comarcal del PSOE, Rosa Altabás.

Al decir del periodista húngaro Kolontár Krisztián, del diario 24.HU, los dos capos del entramado delictivo (Piero Pini y su hijo Marcello) podrían ser condenados a tan solo tres años y medio de prisión "si admiten su culpabilidad en la reunión preparatoria y renuncian a su derecho a juicio".‎

‎El Tribunal General de Kecskemét ha dado a conocer también que "la Fiscalía General ha presentado una moción para levantar la detención del hijo del propietario y ordenar su supervisión penal. Esto significa que si el tribunal está de acuerdo con la moción, al igual que su padre, el hijo del magnate de la carne pronto estará en casa".

Según el diario Magyar Nemzet, Marcello Pini ya se halla bajo supervisión penal, bajo arresto domiciliario y con un rastreador. El juzgado ordenó mantener bajo custodia a Marcello Pini por temor a que su fuga impidiera el proceso.

Piero Pini había sido ya encarcelado por las autoridades húngaras desde marzo a diciembre de 2019. Unos días después de su liberación, Marcello ingresó en prisión. Los dos presuntos criminales se han declarado inocentes de las acusaciones que se formulan contra ellos.

Piero Pini desembarcó en Hungría catorce años después de heredar la carnicería de su padre, en 1994. Aquella fue su primera aventura empresarial fuera de Italia. Tras dejar en manos de su hermano Romano la gestión de Bresaola Pini, partió hacia hacia la Europa del Este con el fin de ocuparse personalmente del matadero de Kiskunfélegyháza, una ciudad situada en el condado de Bács-Kiskun, a unos 130 kilómetros al sureste de Budapest.

El matadero comenzó a funcionar en 1996, a nombre de la sociedad Hungary Meat Ktd. Poco después de su inauguración, ya se había convertido en uno de los principales operadores en el mercado húngaro de la carne. El negocio sigue aún hoy en día en manos de los Pini, aunque existen rumores que apuntan a que, como ya hiciera antes con el matadero polaco de Kutno, pretenden sacárselo de encima para concentrarse en sus inversiones italianas y aragonesas.

Como gerente del matadero húngaro figuraba el hijo del patriarca de la familia, Marcello Pini, que con el paso de los años tomó las riendas de parte del supuesto entramado mafioso. También desempeñan diversos cargos en sus negocios tanto sus hermanos Francesco y Roberto como su tío Mario, hermano de Piero, un individuo al que los trabajadores de diferentes mataderos (entre ellos, el de Binéfar) han descrito como una persona arrogante y muy violenta.

La investigación que podría estar a punto de conducir a Piero y a su hijo a prisión ha sido llevada a cabo por los húngaros en colaboración con las justicias y las Haciendas de al menos cuatro países europeos y, entre ellos, España, hasta donde, según el fiscal, se extienden los tentáculos de esa enorme red de fraude que, de acuerdo a sus estimaciones, estafó, solo al fisco de Hungría, 6.100 millones de florines (17 millones de euros) en concepto de IVA y otras irregularidades.

Gracias a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía del condado de Bács-Kiskun durante el proceso de instrucción, se ha determinado que la mayor parte de la mano de obra contratada por Pini en Hungría se proveía a través de cooperativas interpuestas que desempeñaban un papel clave en el organigrama de la estafa. Lo que según el fiscal hacían esas empresas, en connivencia con Pini, era hinchar la factura para producir falsos costos de IVA que el italiano deducía.

De acuerdo a un comunicado emitido por el fiscal, los contratistas de Pini no solo emitían facturas ficticias, sino que declaraban unos salarios de sus empleados menores a los reales, para reducir de ese modo las contribuciones a la Seguridad Social. Una parte significativa de esos sueldos se entregaban mediante vales "libres de impuestos" que se canjeaban por dinero en efectivo.

Tanto los propietarios italianos de la empresa como el gerente reembolsaron de forma voluntaria los 17 millones de euros en los que se estima la estafa realizada a lo largo de siete años y compensaron la totalidad de dinero defraudado antes de que el fiscal concluyera su escrito de acusación.

El entramado criminal es de tal envergadura que la Fiscalía ha imputado a 110 personas, y entre ellas, a los italianos. Se les acusa formalmente de fraude presupuestario, lavado de dinero y soborno. La investigación llevada a cabo por la Dirección Penal de la Gran Llanura del Sur, de la Hacienda húngara, ha revelado que en total operaban cuatro diferentes organizaciones mafiosas y la principal es la que involucra a Pini, a su hijo y a algunos de sus empleados de confianza. Desde abril de 2018, los investigadores han llevado a cabo once operaciones realizadas con sus pesquisas, y entre ellas, registros domiciliarios e incautaciones de documentos en 217 escenarios diferentes.

A juicio del fiscal, los capos de la presunta organización mafiosa importada a Aragón por los socialistas lavaban el dinero transfiriéndolo hasta una empresa chipriota desde la que finalmente aterrizaba en la cuenta de una sociedad española. Según la investigación, los grandes emprendedores en los que el socialista Javier Lambán confiaba para el desarrollo de Aragón se servían de España y de sus sociedades españolas para blanquear dinero. Supuestamente, de ahí procedían parte de los fondos con los que se llevaron a cabo las inversiones de Aragón.

Las pesquisas se están llevando a cabo con la participación de Europol, Eurojust y funcionarios españoles e italianos de Hacienda. Este nuevo giro en los acontecimientos podría estar a punto de comprometer el intento de compra de los Pini de la empresa Ferrarini.