Macrogranjas La Justicia investiga la granja de El Pozo de 'Salvados' por maltrato animal y un delito contra la salud pública

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado un recurso de la Fundación Igualdad Animal y del Ministerio Fiscal para investigar posibles delitos de maltrato animal y salud pública en la granja que suministraba a El Pozo y que se hizo famosa en 2018 tras un reportaje del programa Salvados de Jordi Évole. 

En un auto emitido el 7 de febrero, la Audiencia manifiesta que, tras haber practicado diligencias en la granja, se han constatado indicios suficientes para abrir un procedimiento. Las imágenes del programa Salvados se mencionan como indicios "elocuentes" de los posibles delitos de maltrato y salud pública, además de las labores de inspección realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia y los informes periciales. 

"Los animales que aparecen en dichas imágenes presentan lesiones compatibles con una situación de maltrato por omisión o negligente donde no se han tomado las medidas necesarias en el momento adecuado encaminadas a evitar sufrimiento continuo, siendo abandonados a su suerte hasta que mueren, siendo objeto de prácticas de canibalismo por parte de sus congéneres de corral", dice el auto.

La querella admitida, presentada por Igualdad Animal en 2018 en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Totana, va dirigida contra la granja porcina Hermanos Carrasco y los responsables de la misma, además de contra CEFUSA S.A., empresa que explotaba la granja y suministradora de ganado a la empresa cárnica El Pozo Alimentación. Las penas por delitos de maltrato animal, según el artículo 337 del Código Penal, oscilan entre los 3 meses y el año de prisión, además de la prohibición de tenencia de animales. También se contemplan penas de entre 6 y 18 meses de presión si se constata la muerte del animal de manera injustificada. 

La imágenes del programa de Évole generaron en 2018 un revuelo mediático y comercial, ya que algunas cadenas de supermercados de Europa decidieron retirar algunos productos de El Pozo. La empresa cárnica informó entonces de su decisión de romper las relaciones con la granja investigada. 

"Es un paso muy importante que los responsables de los abusos cometidos en esta granja de los horrores, un escándalo que conmocionó a la sociedad española, sean juzgados. Es necesario que haya juicio para que asuman todas las responsabilidades y se haga justicia en un caso que no solo es el mayor escándalo de maltrato en granjas en la historia de España, sino que es un posible escándalo de salud pública que la ciudadanía tiene derecho a conocer", ha valorado este jueves Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal.