Madrid y Andalucía son las comunidades que menos dinero reparten en ayudas de emergencia social
Sólo 1,5 millones de personas, de los casi cuatro millones con carencias materiales graves, recibieron ayudas para cubrir necesidades básicas, como comer o pagar el alquiler.
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madrid, Actualizado:
La Comunidad de Madrid y Andalucía son las regiones que menos dinero destinan a ayudas económicas para atender las necesidades materiales básicas de personas por debajo del umbral de la pobreza. Ninguno de los ayuntamientos de los dos territorios gobernados por el Partido Popular reparte siquiera 100 euros por ciudadano para que estos puedan cubrir carencias tan elementales como comer, vestirse o pagar el alquiler.
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Así, los andaluces más vulnerables reciben de media 75,5 euros anuales, mientras que en la capital se alcanzan apenas los 87. Muy por debajo de la media anual del país, con una cuantía de 172,67 euros por perceptor, según un informe al que ha tenido acceso Público de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Las diferencias entre las autonomías son notables: al mismo tiempo que Murcia arroja una cifra de 3.622 euros por perceptor, destacan con más de mil Aragón (1.346), Castilla La Mancha (1.086), Galicia (1.219) y Asturias (1.007). Sin embargo, de las casi cuatro millones de personas que tienen carencias materiales graves, sólo 1,5 millones recibieron estas ayudas de emergencia que ofrecen los servicios sociales.
En total, un 8,3% de la población española es pobre y necesita ayuda económica para poder comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días o mantener la vivienda a temperatura adecuada, según el INE. Por comunidades, Canarias sigue estando a la cabeza en porcentaje de gente con insuficiencia material severa, le siguen Andalucía (10,3%), los murcianos (10,2%) y catalanes (9%). En la misma línea, La Rioja (6,69%), Catalunya (6,43%), Canarias (6,17%) y Andalucía (6,11%) son las regiones que llegan a un mayor número de perceptores.
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Los Directores y Gerentes denuncian el efecto cuello de botella que genera "el entramado burocrático, innecesario y cruel" a la hora de gestionar ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las Rentas Mínimas de Inserción (RMI). Ponen de relieve que la distribución de estas últimas se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020. O lo que es lo mismo, sólo el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se puede beneficiar.
Las localidades invirtieron 63 millones menos que en 2020
Un hogar se considera en situación de carencia material cuando no puede permitirse, por ejemplo, ir de vacaciones al menos una semana al año, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 700 euros), ha tenido retrasos en el pago de gastos, no puede permitirse disponer de un automóvil, no puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio o no puede comprar ropa cuando la suya está en mal estado.
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Condiciones angustiosas y de extrema vulnerabilidad que los servicios sociales subsanan como pueden con los mecanismos burocráticos disponibles. Los Directores y Gerentes cuentan que hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de este tipo y que las trabas a la hora de justificarlas son extremadamente "dificultosas y humillantes". En 2021 se destinaron 272.134.172,10 millones de euros para financiar estas ayudas, 63 menos que en 2020.
Piden que las ayudas urgentes dejen de ser una subvención
José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación que ha presentado los datos, asegura que es imprescindible y urgente modificar la norma para que "la gente reciba el dinero cuando realmente lo necesita". "No puede ser que una madre solicite esta prestación para comprar el material escolar a su hijo en septiembre y lo reciba en noviembre", afirma. Su propuesta pretende que las ayudas de emergencia queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones.
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"Es como si la prescripción de un facultativo de la sanidad fuese sometida a otros cuatro procedimientos antes de que la persona pudiera comprar su medicamento en la farmacia. No tiene sentido. Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo", ejemplifica Ramírez Navarro.
Proponen un mecanismo bajo el cual la Intervención General de la Administración del Estado envíe directamente una instrucción a los interventores municipales para que se agilice la concesión. "No se comprende esa fijación del Ministerio de Hacienda por hipervigilar estas ayudas para la subsistencia de las familias. Nadie se va a enriquecer con 172 euros" termina.