El Ministerio de Medio Ambiente ha detectado un total de 7.724 regadíos clandestinos, explotaciones agrícolas cuyos propietarios desviaban recursos de canales y pozos sin estar autorizados para ello por las confederaciones hidrográficas y sin formar parte de las comunidades de regantes de sus áreas.

El dato, que corresponde a las actuaciones realizadas en los últimos cinco años por las guarderías fluviales y los agentes medioambientales de las confederaciones estatales, figura en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado oscense y portavoz de Medio Ambiente del PSOE Gonzalo Palacín, y revela una de las realidades del campo español: el deficiente control del aprovechamiento del agua.

El grueso de las infracciones detectadas (4.483, el 58%) se concentran en las tres demarcaciones hidrográficas situadas más al sur de la península, y que incluyen tierras de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, principalmente. Se trata del Guadalquivir, con 1.777; el Guadiana, con 1.370, y el Segura, con 1.336, tres de las cuencas que, junto con la mediterránea andaluza, han sido históricamente señaladas como destinatarias de los planes trasvasistas que distintos gobiernos han venido promoviendo desde la década de los años 20 del siglo pasado.

La respuesta, que no especifica qué detracciones ilegales afectan a caudales extraídos de pozos y cuáles a canales o a tuberías de trasvases, añade en el caso del Segura un nuevo factor de mal uso del agua a los denunciados por Greenpeace en su informe “La trama del agua”), en el que ponía sobre la mesa la existencia de un “estado de excepción hídrico’ injustificado (…), cuyo único objeto es apuntalar la falsa necesidad del trasvase Tajo-Segura y retirar el agua pública de la circulación para que siga siendo usada y mercantilizada por un selecto grupo de privilegiados”.

Los tres grandes ríos de la mitad norte

La presencia de riegos clandestinos es algo menor, aunque también ofrece elevados registros, en las tres grandes cuencas del centro y el norte del país, en las que suman 2.991 episodios en el último lustro: 1.295 en la demarcación del Tajo, 1.191 en la del Duero y 505 en la del Ebro.

Este tipo de fraude apenas se registra en las cuencas del norte, con solo 168 casos en la gallega del Miño-Sil y ninguna en la del Cantábrico, que incluye territorios de Euskadi, Cantabria y Asturias.

Por último, llama la atención la escasa detección de riegos clandestinos en la cuenca del Júcar, solo 82, pese a tratarse de otra de las demarcaciones históricamente deficitarias del arco mediterráneo.

La existencia de este tipo de fraudes es otro de los síntomas de la deficiente gestión del agua en un país que se dirige al “colapso hídrico” por la combinación de un insostenible aumento de la demanda, especialmente centrada en el regadío, que acapara más del 84% de los recursos, unas deficientes infraestructuras y el descenso de los caudales disponibles como consecuencia del calentamiento global, según lleva años denunciando Ecologistas en Acción.

La obsolescencia de los canales resta más agua que el cambio climático

Varios estudios prevén que el cambio climático pueda llegar a reducir los recursos disponibles en un 20% en un lustro tras haberlos recortado un 14% en la década anterior. Sin embargo, esas mermas son en muchos casos inferiores a las que provoca la ineficiencia de las redes de transporte para el regadío: un estudio del INE (Instituto Nacional de Estadística) estima que las mermas, el agua que entra en los canales y no llega a los campos, ya sea por evaporación o por filtración, alcanza el 45% en la cuenca del Duero y llega al 35% en el Ebro, Catalunya, el Tajo, el Júcar, el Segura, el mediterráneo andaluz y las pequeñas demarcaciones transferidas a esa comunidad (Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel y Piedras).

Los efectos de las deficiencias de la red solo serían equiparables a los del cambio climático en el Guadiana y el Guadalquivir, donde las “estimaciones aproximadas para el porcentaje de pérdidas totales medias” son del 30%, y en la costa de Galicia, en el Miño y el Sil y en el Cantábrico, donde se sitúan en el 20%.

Corregir las pérdidas de esas infraestructuras de regadío permitiría liberar una cantidad ingente de agua, como también lo haría una mejora en la eficiencia de los sistemas de riego, una vez el agua llega a la parcela.

Según la última Encuesta sobre el Uso del Agua en el Sector Agrario), más de un tercio del agua que se destina a regadío en España, 5,2 millones de litros de 14,9, siguen regándose por gravedad, inundando la parcela.

No obstante, esta técnica se ha reducido de manera notable, con un retroceso de 1,7 millones en cinco años en los que, por su mayor eficiencia, el consumo de recursos se ha reducido al desviarlo hacia otros sistemas como la aspersión y el goteo, que han ganado, respectivamente, 0,1 y 0,44 billones.

“Tendrían el carácter de riegos ilegales”

Sin embargo, sigue habiendo comunidades como Aragón, Catalunya, el País Valencià, Navarra y La Rioja en las que prácticamente la mitad del agua, e incluso más en algunos casos, se consume por gravedad.

En el extremo opuesto se sitúan Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, en las que los recursos consumidos en riego por inundación se quedan en el 9,9%, el 15,6% y el 24,5%. Son las comunidades con mayor nivel de tecnificación en el aprovechamiento del agua.

Al diputado le costó obtener la información sobre los riegos clandestinos. El Gobierno, aunque admite que los casos de “uso privativo sin autorización del agua” son “variables en el tiempo y según las zonas, en función de la abundancia o escasez de recursos hídricos y otros factores”, le respondió inicialmente que “no es factible que haya hectáreas sin derecho entre los regadíos que gestionan los organismos de cuenca”.

Poco después, y tras una nueva pregunta, el Ministerio de Medio Ambiente admitió la existencia de áreas sin derechos de riego reconocidos que, “al no estar previstas y amparadas por el Plan [Hidrológico] aplicable, tendrían el carácter de riegos ilegales”. Su situación es distinta de los “riegos en precario”, superficies que “surgen en algunas cuencas como consecuencia de la modernización de regadíos” y que “riegan solo en los años que hay sobrantes”. En el Segura hay 393 de este tipo.

Quienes cultivan las primeras acaban en ocasiones denunciados en Fiscalía, ya que el Código Penal castiga con multas de hasta 27.000 euros a quien “sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial”, y con sanciones de hasta 108.000, aunque en la práctica son mucho menores en ambos casos, a quien defraude en su consumo “valiéndose de mecanismos”, “alterando maliciosamente” los contadores o “empleando cualesquiera otros medios clandestinos”.