Los cuatro miembros de La Manada acusados de la supuesta comisión de abusos sexuales a una joven de 21 años en la localidad cordobesa de Pozoblanco, con anterioridad a los hechos del caso de los Sanfermines de 2016, se han acogido a su derecho a no declarar.

Condenados ya a 15 años de cárcel por violación junto a un quinto miembro más del grupo por la causa de Pamplona, se han declarado inocentes ante el juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Cordoba, Luis Javier Santos, antes de ejercer su derecho a guardar silencio. El juez ha acordado demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo de los abusos que supuestamente involucra a los cuatro procesados.

Además, el juez se ha opuesto a la alteración del orden de la prueba para que los acusados declararan al final de las testificales, tal y como había pedido la defensa, respaldada por el Ministerio Público, que no se ha opuesto, algo que sí han hecho las dos acusaciones. En palabras del togado, "no existe circunstancia especial que haga necesario alterar el orden establecido", porque "los acusados conocen perfectamente los hechos que se les imputan".

La defensa pide la nulidad del vídeo

En las cuestiones previas, la defensa ha planteado la nulidad del vídeo al entender que se vulneran distintos artículos constitucionales y intervenir la Policía Foral de Navarra "sin autorización judicial", al tiempo que ha pedido la suspensión de la vista hasta que se resuelva la cuestión previa, porque de "la naturaleza de su decisión gira este procedimiento". Según ha expuesto, "en derecho penal no todo es válido, ni lícito", puesto que en este caso "no existía ninguna investigación criminal" por el asunto de Pozoblanco.

Por su parte, el abogado de la joven se ha opuesto a anular el vídeo, porque "no hubo limitación en el acceso a los teléfonos por parte de los acusados, que autorizaron a la Policía para que accediera al contenido", por lo que ha aseverado que "es lícita la actuación". 

Y la letrada de la acusación popular se ha opuesto a la nulidad del vídeo, porque "hay consentimiento para que los móviles fueran investigados" y en ellos "se descubren unos hechos diferentes" a los de Pamplona. Según ha afirmado, "son unos hechos delictivos que requieren que se llegue a un procedimiento penal con todas las garantías" y "no ha habido vulneración de derechos fundamentales de ninguno de los acusados", a lo que ha sumado que "la joven no denunció porque tenía mucho miedo y no los conocía". Para la abogada son unas grabaciones "tan vejatorias", que ha pedido al juez, "por favor", que no las anule.