La UE expulsa a un centenar de mujeres afganas y ha puesto en manos de los talibanes a algunas de ellas

"La UE sigue apoyando a las mujeres y niñas afganas, y a todas las personas amenazadas por los talibanes en Afganistán", subrayó la oficina de prensa del Alto Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE en una declaración de agosto de 2024. Al frente del organismo todavía se encontraba el socialista español Josep Borrell, hoy sustituido por la conservadora Kaja Kallas, ex primera ministra de Estonia.

Esta exhibición de apoyo a las mujeres afganas se produjo tres años después de que, en agosto de 2021, los talibanes tomaran la capital de Afganistán, Kabul. Borrel obvió en sus palabras que, en paralelo al ascenso al poder de los fundamentalistas, entre julio y diciembre de aquel mismo año, dos Estados miembros de la UE como son Grecia y Dinamarca, deportaron a una decena de mujeres a Afganistán.

Así lo refleja la estadística de Aplicación de la ley de inmigración del Eurostat. Este organismo agrupa los datos de migración enviados por las instituciones competentes de cada estado de la UE. La cifra exacta de mujeres afganas entregadas a los brazos de los talibanes oscila entre seis y diez. La razón por la que este periódico no puede especificar el número exacto, se debe a que la metodología aplicada por el instituto estadístico redondea a múltiplos de cinco los datos de cada país.

Lo hace al alza y a la baja. Es decir, que si un estado ha expulsado a una o dos mujeres a Afganistán, el Eurostat recogerá que no ha deportado a ninguna. Al mismo tiempo, en los casos en los que un país reporte tres o cuatro expulsiones, la cifra se elevará a cinco. De esta manera, el Eurostat invisibiliza o sobredimensiona estas expulsiones.

Entre enero de 2022 y septiembre de 2024 –último mes del que hay datos disponibles de todos los países– el Eurostat no recoge ninguna deportación de mujeres afganas. En cambio, sí han continuado produciéndose deportaciones de varones. Como ya contó Público, de acuerdo a los datos extraídos de la estadística a principios de este febrero, alrededor de 225 hombres fueron entregados al Emirato Islámico desde que los talibanes recuperaron el poder.

No es que Afganistán fuera, ni mucho menos, un remanso de paz antes del golpe de Estado de los fundamentalistas. Sin embargo, con el ascenso de los talibanes se han institucionalizado normas muy discriminatorias contra las mujeres que siguen vigentes en la actualidad.

Pero el Emirato Islámico no sólo es peligroso para ellas. Lo es también para muchos colectivos vulnerables como las personas del colectivo LGTBIQ+, quienes no profesen una visión fundamentalista del islam, aquellos que tengan costumbres occidentales, las personas con diversidad funcional, las que sufran algún tipo de patología mental o las que hayan caído en las garras del opio.

Además, los talibanes niegan los derechos de quienes no pertenecen a la etnia mayoritaria –pastún–, como los tayikos afganos –bastante numerosos–, los hazaras o los nuristaníes. Si alguno de los más de doscientas personas entregadas a los talibanes cumple –o es sospechosa de cumplir– con alguna de estas características, su vida podría correr peligro. Fue para evitar estas potenciales situaciones por lo que se desarrolló el derecho humanitario tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los que huían eran los judíos. Ahora, lo son quienes proceden de países del sur global.

Por todo ello, la deportación o denegación del asilo a personas que pueden ser perseguidas en su lugar de origen, está sujeta a unos estrictos requisitos reflejados en la normativa europea. Para que una persona refugiada o solicitante de asilo sea deportada, habrá tenido que llevar a cabo un delito muy grave en el país en el que se encuentre, poniendo además en peligro la seguridad nacional de dicho estado. Los delitos de crimen organizado, narcotráfico o terrorismo son los que más amenudo encajan con esta descripción. Si bien es este último el que suele ponerse más a menudo sobre la mesa en las pugnas políticas entre socialdemócratas, derecha y extrema derecha. Alemania es, actualmente, un buen reflejo de ello.

Según los informes anuales de terrorismo de Europol, entre 2021 y 2023 –último año con datos disponibles–, se comentieron de forma efectiva 129 ataques tipificados como terrorismo. Se desconoce la nacionalidad de los autores, aunque el informe sí recoge que, de ellos, 22 tenían una motivación "yihadista". Por contra, la mayoría de los ataques terroristas fueron acometidos por grupos separatistas u etnonacionalistas autóctonos de los propios Estados miembros.

Elena Muñoz, coordinadora jurídica de CEAR, apunta a que, pese a que un asilado o solicitante de asilo en Europa pudiera cumplir estas condiciones –delito muy grave y peligro para la seguridad nacional– la directiva europea permite que a quienes "se les deniega el asilo puedan acogerse al principio de no devolución". Este derecho se aplicaría a quienes pudieran "sufrir tortura, tratos inhumanos, degradantes o cuya vida corra peligro" en su lugar de origen. La jurista considera que "tal y como está la cosa en Afganistán a día de hoy, muchas personas se pueden encontrar con esta situación".

De momento, los Estados de la UE, en tanto que integrantes de la ONU, no han reconocido al nuevo Gobierno talibán, al considerar que es ilegítimo y contrario a los derechos humanos. En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló en una sentencia que las mujeres afganas podían ser reconocidas como refugiadas simplemente teniendo en cuenta su "sexo" y "nacionalidad".

Fuera de la UE

El mandato del TJUE hubiese impedido a Grecia y Dinamarca deportar a mujeres a Afganistán. De hecho, su sentencia vino a rectificar la expulsión dictada por Austria de dos jóvenes mujeres afganas, cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas en 2018 y 2020. Sin embargo, que el Alto Tribunal vete la posibilidad de que los Estados miembros devuelvan a las mujeres a Afganistán no impide que algunos de ellos las expulsen de las fronteras de la UE y las entreguen a terceros países.

De hecho, Austria ha sacado de su territorio a diez afganas desde la llegada de los talibanes al poder. También lo han hecho Suiza, Eslovaquia, Dinamarca y Grecia. Pero, sobre todo, quienes más afganas han expulsado han sido Suecia y Croacia. En total, desde julio de 2021 han sido sacadas del perímetro de la UE, hacia "terceros países", a unas 125 afganas.

La estadística de Eurostat no detalla a dónde han sido enviadas. Únicamente declara que han sido enviadas a un "tercer país". Es decir, a países fuera de la UE con los que Bruselas o los Estados miembros tienen acuerdos migratorios, como Turquía, Túnez, Libia, Marruecos o Egipto.

Al margen de la estadística y de la propia ley, están todas las mujeres y hombres afganos, así como de otras nacionalidades, que son devueltos en caliente a los países desde los que intentan alcanzar la UE. En la Europa central, estos países son Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Albania, Turquía y Bulgaria. A excepción de este último, ninguno de ellos pertenece a la UE, si bien Bulgaria no forma parte del espacio de libre circulación del club de los 27 conocido como espacio Schengen.

Todos estos países son limítrofes con algún Estado de la UE o, como ocurre en el caso de Turquía, están apenas separados de ellos por una estrecha masa de agua. Esta cercanía es lo que motiva a las personas que migran a acometer un último y peligroso esfuerzo y cruzar la frontera que los separa de poder tramitar la solicitud de asilo.

Pero aunque lo logren, pueden verse empujados de vuelta al punto de partida por las autoridades del país europeo que intentan alcanzar. En los últimos diez años, varias investigaciones periodísticas y organizaciones no gubernamentales, así como un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), han verificado que las fuerzas de seguridad de Estados miembros como Grecia, Italia, Croacia o Hungría, han llevado a cabo esta práctica sistemáticamente. También es común en países con los que la UE mantiene acuerdos migratorios. El secretismo y la impunidad con la que se realizan estas operaciones suman un número indeterminado de afganas a las 135 que han sido oficialmente expulsadas de acuerdo a la regulación nacional. Todas ellas, han sido abandonadas a su suerte por la UE.