El nuevo proyecto de orden sobre la prestación de asistencia sanitaria de la Junta de Andalucía no termina de dejar claro si cumplirá el acuerdo alcanzado con los sindicatos el pasado mes de mayo. Con este pacto, que puso fin a largos e intensos meses de movilizaciones sociales, el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla se comprometió a retirar de la orden del 23 de febrero la posibilidad de privatizar las consultas de Atención Primaria, así como la utilización de instalaciones públicas por parte de empresas privadas.

Sin embargo, el nuevo proyecto que contiene la propuesta de modificación no plasma lo que UGT, CCOO, CSIF y el Satse negociaron con la Administración de Moreno Bonilla. Como se puede comprobar en la página web de la Junta, en ninguno de los apartados, ni en el que aborda los "problemas que se pretenden solucionar" ni en el que trata los "objetivos de la norma", se hace alusión a la voluntad del Ejecutivo andaluz de suprimir el contenido relacionado con la externalización de servicios de Atención Primaria, tal y como se firmó.

La descripción del proyecto se limita a mencionar la necesidad de adaptar la regulación a "la situación sanitaria actual y la simplificación normativa evitando redundancias innecesarias". Una maniobra que ha sido muy criticada por los sindicatos. Así, desde UGT lamentan que la Consejería de Salud siga "dando vueltas y vueltas para justificar lo injustificable".

La orden, que todavía sigue en vigor, incluye un anexo con las tarifas máximas fijadas para los servicios sanitarios objeto de concierto y convenio. Entre otras, establece, por ejemplo, un precio techo de 65 euros por cita de Atención Primaria, de 150 euros por primeras consultas o de 215 euros por consultas de "alta resolución". Es decir, en los centros de salud podrían existir de forma conjunta consultas realizadas por médicos de familia comunitarios y al lado una por un médico privado.

Critican la falta de transparencia

Las organizaciones sindicales no comprenden por qué la Junta ni siquiera informó a los firmantes del acuerdo de la publicación del proyecto de modificación el pasado 23 de agosto, cuando supuestamente debería responder a las demandas negociadas. 

Entre la falta de transparencia y el contenido publicado, se temen que Moreno Bonilla firmara oportunamente el acuerdo por el contexto electoral —el 28M se celebraban elecciones municipales— y que ahora vaya a dar un nuevo volantazo hacia el desmantelamiento del Sistema Sanitario Público en Andalucía. 

También han manifestado su desconfianza las mareas blancas. Las asociaciones en defensa de la sanidad pública hablan incluso de "engaño" y "manipulación", pues consideran que si el Gobierno del PP quisiera dejar atrás su apuesta por la privatización, lo habrían dejado claro en este nuevo proyecto. A su vez, critican que los presupuestos para el año 2024 no vayan a contemplar "un aumento de las plantillas estructurales" del Servicio Andaluz de Salud.

Por ello, animan a la sociedad andaluza y a sus movimientos sociales a participar en el período de alegaciones abierto hasta el próximo 12 de septiembre, donde pueden expresar su oposición al nuevo proyecto. Sospechan que la Junta pueda justificar la no renuncia a las privatizaciones en caso de no obtener una respuesta contundente en su contra.