En abril de 2015 el mercado común europeo ponía fin a más de treinta años de cuotas lácteas. Este sistema implantado en 1984 para evitar que la oferta excediera a la demanda de los consumidores, frenando así el impacto a la baja que provocaría la desregulación sobre los precios, no pudo tener peor final. Tras gozar de los mejores precios de la historia, el sector lácteo vio como la eliminación de cuotas provocaba la mayor devaluación de la leche desde 1990, de 39 céntimos el litro de leche en 2014 a 26 céntimos en 2016. Aunque era el efecto esperado, la desaparición del sistema de cuotas no podía haber sucedido en un peor momento. La tormenta perfecta que generó la mayor crisis del mercado lácteo europeo se vio agravada por el embargo ruso decretado por la UE y el decrecimiento de las importaciones en China.

La caída de los precios no ha sido el único resultado de la eliminación de los cupos. La liberalización total del sector ha abocado a los pequeños granjeros al cierre de 1.696 explotaciones en apenas dos años. En la última década, hemos perdido cerca de la mitad del total de granjas lecheras, de las 36.000 explotaciones del año 2005 a menos de 15.000 en 2017. Los agricultores, atados de pies y manos ante la distribución y la industria, han visto como en los dos últimos años han apostado a la devaluación de su producción de leche, pactando precios entre las grandes empresas del sector y utilizando la leche como mero reclamo publicitario. Ese lastre generó que mientras el resto de países de la UE veían como el precio de la leche subía a lo largo de 2016, España no ha logrado una estabilización del valor hasta bien entrado el 2017.

A pesar de las malas prácticas y de una multa de 88 millones a las nueve principales empresas lácteas por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (Danone, Puleva, Lactalis, Nestlé y Pascual entre las más conocidas), para los ganaderos este engaño sistemático refleja la perversión de la cadena de valor que se ha producido en los dos últimos años. “Si el precio en Europa se encuentra al alza, en España también tiene que estarlo. Si no va para arriba hay algo en la cadena de valor que no está funcionando. Esa cadena de valor, que significa que todas las partes tengamos nuestro margen, se ha quebrantado. La distribución y la industria tienen su margen cada vez mayor y los ganaderos somos los que nos seguimos quedando sin retornos”, denuncia Román Santalla –secretario de ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)-.

La ministra de Agricultura y Medio Ambiente de España, Isabel García Tejerina. EFE/ JJ. Guillén

Con el objetivo de retomar el diálogo, la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina sentó a distribuidores, industria y agricultores en la misma mesa para tratar de sentar las bases de un futuro entendimiento. El acuerdo alcanzado en septiembre de 2015 comprometía a la industria a dejar de emplear la leche como producto reclamo y a lograr unas mayores retribuciones para los productores. Organizaciones como UPA se desvincularon del acuerdo final por entender que no garantizaba un precio sostenible al productor, ni ofrecía garantías jurídicas, ni dotaba de un régimen sancionador que velara por su cumplimiento.

Una de las medidas que sí comportaba un compromiso claro de la industria fue la adoptada en diciembre de 2015 en el ámbito gallego entre los ganaderos y la gran distribución, debido a las fuertes movilizaciones de los lecheros con los camiones apostados en las calles de Santiago, A Coruña o Lugo. Las principales cadenas como Carrefour, Dia, Alcampo, Eroski o Lidl se comprometían a subir dos céntimos en el litro de leche de sus respectivas marcas blancas. A principios de 2016, la organización ganadera UPA denunciaba a la fabricante francesa Lactalis –que compraba la leche de 1.000 ganaderos gallegos- por haberse apropiado de la subida de dos céntimos llevada a cabo por las cadenas de supermercados. Un total de 2’5 millones de euros que no retornaron a los ganaderos y que acaparó la empresa francesa.

En opinión de Miguel Ángel Díaz Yubero -catedrático de Economía Social y Cooperativisimo en la Universidad Politécnica de Madrid- el sector lácteo español necesita un pacto de colaboración verdadero que evite prácticas como las que ha avivado la industria en los últimos años: “No podemos estar pendientes de que bajen y suban los precios a su antojo, y cometan actuaciones que van en contra de la estabilidad de nuestros ganaderos. Hay que hacer un gran acuerdo entre agricultores, distribución e industriales para que la leche no se siga tratando como un reclamo publicitario, sino que ocupe el lugar que se merece como fuente de alimentación básica”.

Uno de los déficits que tenemos, sostiene el autor de ‘El sector lácteo español en la encrucijada’, es la falta de organización cooperativa que provoca que los ganaderos estén a merced de la industria: “En Holanda el 90% del sector son cooperativas, llevan a cabo la recogida de la leche y a finales de año reciben los llamados retornos cooperativos, que hacen que tengan precios mejores que los que puedan tener los ganaderos españoles individualmente. A ello sumamos que la industria española apenas ha innovado en los últimos 20 años y los ganaderos, que son quienes más se han esforzado en mejorar su economía, han sido los que han perdido dinero o han tenido que cerrar las granjas”. En la misma línea se manifiesta Román Santalla de la UPA: “Tenemos que pagar el peaje de pasar siempre por una distribuidora o una industrial. En Francia el 35% de los productos que consumen los ciudadanos los compran en puntos de venta tradicionales, incluso la propia distribución está haciendo acopio de ellos. Sin embargo, en España no llegamos al 1% en la venta de productos artesanales “.

El coctel explosivo que generará la macrogranja de Noviercas

Ante tal sucesión de malas prácticas por parte de la industria, el sector lechero sumaba esta primavera un nuevo frente que amenaza a las pequeñas explotaciones familiares; y corre el riesgo de romper la estabilidad de precios y producción alcanzada en los primeros meses de año. Hablamos de la macrogranja que pretende implantar la Sociedad Valle de Odieta en la localidad de Noviercas (Soria). Este proyecto supondría la mayor explotación láctea de España y de Europa, con unas 20.000 vacas lecheras y 180 millones de litros al año. Esta cifra equivale a la producción media mensual de 8.457 explotaciones gallegas, y abarcaría más de la cuarta parte de la producción anual lechera de Castilla y León. Un aumento tan brusco en la producción láctea agravaría la desaparición de explotaciones, 432 explotaciones -según cálculos de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos)- que se sumarían a las 20.000 granjas cerradas en la última década. En el ámbito laboral, los datos que se conocen del proyecto hablan de la creación de entre 200 y 250 puestos de trabajo. El informe de COAG, por el contrario, recoge la destrucción de 726 empleos en el conjunto del sector lácteo español.

Vacas de leche de raza frisona

Este proyecto ha contado desde el primer momento con el visto bueno de PP y PSOE en el Ayuntamiento de Noviercas y la Diputación de Soria, y con el apoyo explícito del presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera. A nivel nacional, el gobierno del Partido Popular y la ministra de Agricultura han mantenido un silencio lúgubre desde que se diera a conocer el proyecto. Desde COAG califican ese silencio como cómplice: “El Gobierno tiene que decirles a los ganaderos si el modelo que quieren es de 40 explotaciones, que sustituyan a las 15.000 que existen ahora mismo. Pero también tendrán que decirles a los trabajadores desempleados cuáles son las alternativas y qué va a pasar en los pueblos donde desaparezcan las granjas”.

A los impactos sobre las pequeñas explotaciones y el empleo en el medio rural, se añaden los efectos nocivos que tendría la macrogranja de Noviercas sobre la salud y el medio ambiente. Valle de Odieta consumiría para ser viable entre cuatro y seis millones de litros de agua diarios, cantidad equivalente al consumo de toda la población de Soria en un día. Los residuos derivados de tal concentración de vacas producirían aproximadamente el doble de residuos orgánicos que la totalidad de la población de Castilla y León y 50 veces los generados por todos los habitantes de la provincia de Soria. Aunque la empresa pretende instalar una planta de biogás para el tratamiento de purines, nada parece indicar que ese proyecto pueda hacerse realidad. La eliminación del sistema de incentivos a las renovables, cogeneración y residuos decretada por el ejecutivo de Rajoy en 2014 desencadenó el cierre de numerosas plantas de gestión de residuos y de biogás, entre ellas destacan las cuatro existentes en Soria.

Los efectos sobre la salud tampoco son desdeñables y deberían ser tenidos en cuenta antes de abrazar un proyecto de tal calibre. En una entrevista con el Diario de Soria, el catedrático en Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza Juan José Badiola alertaba del riesgo de una epidemia: “El principal riesgo es la fiebre aftosa, que no se transmite a las personas pero que es un virus con una enorme contagiosidad animal. En el momento que se tuviera una epidemia, una fiebre aftosa, por ejemplo, el país te lo cierran y no podríamos exportar nada. España ya estuvo veinte años sin poder exportar a todo el mundo a causa de la peste porcina africana. En cuanto tengas un patógeno de alta transmisibidad es muy difícil de controlar en una granja de esta magnitud porque su capacidad de transmisión es brutal”. En el mismo sentido apunta la documentación recogida por COAG, que añade la brucelosis bovina como otra enfermedad a tener en cuenta transmisible a los humanos. “Con un sólo animal positivo en cultivo de esta enfermedad, hecho factible en una explotación de 20.000 vacas procedentes de distintos orígenes, se tendría que proceder al sacrificio de todas las cabezas de ganado”, alertan desde la coordinadora agraria y ganadera. Ese vacío sanitario llevaría implícito una indemnización de 16’4 millones de euros. Hecho por el cual el proyecto continúa pendiente de la evaluación de los veterinarios y técnicos de la Junta de Castilla y León.

El único apoyo gubernamental a la paralización del macroproyecto ha venido desde el Parlamento Europeo, a través del Comisario de Agricultura Phil Hogan. Andoni García, representante de COAG en el Comité Económico y Social Europeo, resume la postura del comisario en los encuentros que mantuvieron: “Hogan mostró su disconformidad hacia que este tipo de proyectos reciban subvenciones públicas y nos animó a buscar en la figura de ‘agricultor activo’ que recoge la Política Agraria Común para determinar qué proyectos reciben fondos europeos”. Lidia Senra -eurodiputada española del Grupo de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL)- que instó por escrito a la Comisión Europea a mostrar su rechazo a la macrogranja, cree que estamos ante una nueva contradicción en las políticas de la Unión Europea, máxime cuando decidieron financiar la reducción voluntaria de la producción de leche. Para la eurodiputada, a los riesgos de contaminación de los acuíferos hay que sumar la contaminación del aire: “Tuve la oportunidad de observar in situ las macrogranjas estadounidenses y provocan un aire casi irrespirable. La gente tendrá que acabar marchándose de los alrededores de la planta”.

El futuro de los ganaderos españoles tras la desregulación de la UE

La desprotección sufrida desde 2015 por los ganaderos bovinos no parece preocupar en exceso a la Comisión Europea. Según Lidia Senra, representante del grupo GUE/NGL en la Comisión de Agricultura, la nueva Política Agraria Común que están diseñando apunta exclusivamente a la modernización y simplificación de la PAC: “Las políticas tienen que ir en sentido contrario, a una reforma profunda que le dé totalmente la vuelta a la PAC. Tiene que abandonar la vocación exportadora y priorizar la producción interna de la UE, regular todas las producciones, garantizar mecanismos que cubran los costes de producción y, en consonancia con los acuerdos de la Cumbre de París, profundizar en un modelo sostenible compatible con la conservación del medio. Pero en este momento el modelo es de mayor liberalización y mayor desprotección para los ganaderos y el medio ambiente”.

Un ganadero ordeña una vaca.

El fin de la regulación láctea deja a los productores lecheros ante un espejo en el que no quieren mirarse. La liberalización absoluta producida en el sector porcino ha convertido a la industria española en la mayor exportadora de Europa y la tercera en el ranking mundial. Pese a ese aparente éxito, el modelo intensivo de porcino está desencadenando importantes fallas en nuestro medio ambiente y amenaza a la salud animal y humana. Según recoge el último informe de Food & Water Europe, España generó en 2015 61 millones de metros cúbicos de purín -cantidad suficiente para llenar 23 veces el Camp Nou- y al verterse directamente sin tratar sobre el campo provoca la contaminación de los acuíferos. En Cataluña, comunidad con mayor concentración de cerdos del territorio, cerca de la mitad de los acuíferos se encuentran contaminados por nitrógeno afectando al consumo de agua de las poblaciones. En el ámbito de la salud, el informe señala a España como el país europeo que mayor cantidad de antibióticos utiliza en los animales sin prescripción veterinaria, elevando los agentes antimicrobianos presentes en nuestro cuerpo y haciendo resistentes a las bacterias.

En ese sentido se expresa el representante de la coordinadora agraria COAG, Andoni García: “Tenemos el temor de convertirnos en el sector del porcino, en el que las pequeñas explotaciones han desaparecido en pro de las integradoras y de las economías de escala, que traen el maíz y la soja transgénicas y solo nos tienen para engordar a los cerdos. Desde el año 2000 se han perdido un 80% de las explotaciones porcinas y vemos como grandes fondos de inversión se están haciendo con suelo agrario como en el caso de la Sociedad Valle de Odieta. Hay un cambio de un modelo productivo hacia otro agroindustrial que no está dirigido a producir alimentos, sino a la especulación”.

Para el profesor de la UPM Miguel Ángel Díaz “sería mucho más inteligente que se diseminaran por el territorio 100 granjas con 200 cabezas, que una sola granja abarque 20.000 vacas”. A nivel de empleo y de fijación de población rural, Díaz considera que granjas como la de Noviercas llevarán una carga de trabajo que seguramente se cubriría con trabajadores de Europa del este: “De la otra forma, crearíamos unidades familiares, incorporaríamos jóvenes al sector y crearíamos una riqueza y una estabilidad que ayudaría a repoblar Soria”.