Desahucio en LavapiésParalizado indefinidamente el desahucio de una mujer y sus dos hijas en Lavapiés

Pepi se queda. Es la tercera vez en los últimos meses que Josefa Santiago, de 65 años, consigue paralizar su desahucio, aunque esta vez no le han dado una nueva fecha para su expulsión. Hace 20 años que esta viuda y sus dos hijas de 28 y 27 años residen en un piso de la cuarta planta del número 11 de la calle Argumosa, pero parece que allí tienen los días contados a pesar de que nunca ha dejado de pagar los 400 euros mensuales de su alquiler. Tendrá que irse en algún momento, pero no hasta que las administraciones públicas le garanticen una alternativa.

Desde que la empresa Inversión en Proindivisos S.L compró un tercio de las viviendas del edificio, decenas de inquilinos como Pepi han empezado a recibir burofaxes de su nuevo casero en los que les advierten de que no van a renovar sus contratos de alquiler. Les quieren fuera para reformar las casas y sacarlas al mercado de alquiler a los desorbitados precios que está generando la nueva burbuja. Tras meses de lucha, Pepi consiguió que la empresa le dejara quedarse, pero la renta subiría drásticamente: de 400 a 1.400 euros al mes, una cifra inasumible para la afectada, cuyos únicos ingresos provienen de una prestación social. "Eso no es negociar, quieren nos vayamos todos. nos han subido un 300% el precio del alquiler", se queja la hermana de la afectada, que vive en la misma planta y sobre la que también hay una orden de desahucio.

Un piso más abajo, varias puertas tapiadas con ladrillos y forjados de hierro adelantan lo que pasará con la vivienda de Pepi cuando tenga que marcharse. "Antes de que este bloque se declarara en lucha, cuatro familias fueron expulsadas. La propiedad las ha destrozado para hacerlas inhabitables, las ha tapiado, les ha puesto verjas y ha contratado un sistema privado de alarmas", explican los activistas.

Acampada en Argumosa

La lucha de Pepi y la de otros inquilinos de este bloque se ha convertido en el símbolo de la pelea por el derecho a la vivienda en Madrid y contra la especulación inmobiliaria que se ha desatado en toda la ciudad. Tanto es así que, para evitar este desahucio en su tercer intento, diferentes plataformas y colectivos convocaron desde la pasada noche una acampada en el portal. En cinco tiendas de campaña, los activistas han montado guardia y han explicado el caso a los medios de comunicación, mientras la afectada estaba acompañada en su casa por sus dos hijas, más activistas y representantes políticos de Podemos, En Comú Podem y concejales de Ahora Madrid.

Ver vídeo

Parecía imposible que el desahucio de Pepi se volviera a paralizar. La única esperanza llegaba la tarde del jueves, cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESC) pedía por escrito al Gobierno de España en una resolución que paralizase el desahucio mientras estudiaba el caso para "evitar posible daños irreparables" a Pepi y sus dos hijas, unas resoluciones que desde el año pasado está siendo habituales y que ya han provocado una condena a España por vulnerar el derecho a la vivienda de familias vulnerables. Pero esa esperanza empezaba a esfumarse cuando, a las 6.30 horas, empezaban a llegar furgonetas de la Unidad de Intervención Policial. Los antidisturbios cortaron desde muy temprano los accesos a la calle, pero cada más activistas y vecinos del barrio se fueron acercando a la convocatoria de las plataformas Lavapiés, ¿Dónde vas?, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid Centro.

"Yo me voy mañana mismo si me dan otra vivienda que pueda pagar", decía Pepi

Alrededor de las 8.30 horas Pepi respiraba algo más aliviada. Desde la calle se escuchaban aplausos y gritos de victoria. Tras algunos momentos de tensión, los antidisturbios se habían retirado y los activistas celebraban la paralización del desahucio, pero no fue hasta las 10.00 horas cuando la comisión judicial le comunicaba a la afectada que podía quedarse en su casa hasta que las administraciones les proporcionaran una alternativa habitacional. "la jueza ha llamado a la comisión judicial y le ha indicado que tenía proceder a la suspensión en virtud de la resolución de las Naciones Unidas. Comunidad o Ayuntamiento tiene que proporcionarle a Pepi una vivienda social antes de ser desahuciadas", ha explicado Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma antidesahucios que se han encargado del caso de esta afectada.

Es lo único que Pepi repetía escaleras abajo a los trabajadores del Samur Social, antes de reunirse con la secretaria judicial. "Yo me voy mañana mismo si me dan otra vivienda que pueda pagar", explicaba. Poco después, la mujer agradecía en el portal el apoyo a los activistas ante numerosos medios de comunicación. "Esto tiene que cambiar. Hoy he sido yo, pero mañana van a ser mis vecinos", decía la afectada ante las cámaras, acompañada de su abogada.

Piden a Carmena que expropie el edificio

Los vecinos han celebrado esta pequeña victoria, pero recuerdan que este bloque de la calle Argumosa va a vivir muchos momentos como éste en lo sucesivo. Los activistas creen que la única solución para evitar estas situaciones pasa por que el Ayuntamiento expropie todo el bloque. "La expropiación no sólo resuelve el problema social, sino que es un aviso a navegantes de nuevos procesos especulativos. Puede hacerse porque, recientemente, el Ayuntamiento ha expropiado dos edificios como patrimonio cultural", aseguraba un miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. La petición puede parecer pretenciosa, una locura quizás. Aunque también resulta descabellado que, en la actualidad, el principal propietario de inmuebles de España sea el fondo buitre Blackstone, el mismo que compró miles de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a precio de saldo.