Es el encierro al cuadrado. En las cárceles españolas, la emergencia del coronavirus provocó un doble confinamiento que despertó distintas protestas por parte de la población reclusa. Según datos del ministerio del Interior, desde que se decretó el estado de alarma hubo cerca de una quincena de movilizaciones de presos en el interior de las prisiones. Ahora miran hacia una desescalada que marcará la vida de los centros penitenciarios durante las próximas semanas.

Según consta en una respuesta escrita enviada por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, hasta ahora se han producido 14 "plantes o protestas colectivas" en 13 cárceles distintas. En 11 casos se trató de plantes de los presos, mientras que otras tres acciones fueron catalogadas como "protestas colectivas". Tanto unas como otras sucedieron en los centros de reclusión de Alicante, Burgos, Valencia –donde hubo dos plantes–, Las Palmas, Badajoz, Ceuta, Aranjuez o Zaragoza, entre otras.

En el documento, Interior señala que las "consecuencias" de estas protestas fueron, principalmente, "alteraciones del orden", así como "leves daños materiales". "Ahí falta información: sería importante saber cuáles han sido las consecuencias de esos actos reivindicativos de derechos para las personas presas", señala a Público Libertad Francés, integrante del colectivo Salhaketa –centrado precisamente en el apoyo a la población reclusa y sus familias– en Navarra.

Por su parte, Iñarritu también echa en falta otro dato: el número de tests que se han realizado a presos en las cárceles españolas. Según datos actualizados el pasado miércoles 27, existen 78 presos contagiados por coronavirus, mientras que entre los funcionarios de Prisiones esa cifra ascienda a 270. El principal foco está en la cárcel de Estremera (Madrid), donde a día de hoy se registran 49 casos de presos contagiados. La cárcel con más funcionarios enfermos es Ávila, donde hay 19 casos de coronavirus entre el personal de la prisión.

Según el informe de Instituciones Penitenciarias, se contabilizan además dos fallecimientos de reclusos por esta causa –ambos en Estremera–, al tiempo que entre el personal de las cárceles hubo cuatro muertes. "Creemos que se ha producido una escasísima realización de tests entre los presos", señala el representante abertzale.

En la respuesta remitida por el Gobierno se señala que a fecha 19 de mayo había 350 presos y 396 funcionarios en cuarentena. A ese dato se suma otro: en el marco de la pandemia, Instituciones Penitenciarias adoptó distintas medidas dirigidas a restringir al máximo el contacto de los presos con el exterior. De esta manera, se suprimieron "todas las comunicaciones, también las ordinarias" y se suspendieron "todas las salidas de permiso, programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad", destaca el Ejecutivo en uno de los documentos remitidos a Iñarritu.

Del mismo modo, el Gobierno remarca que se amplió "el número de llamadas telefónicas que tienen autorizadas los internos, especialmente con sus abogados" y se adquirieron 205 teléfonos móviles "para la realización de videollamadas por parte de los internos con sus familiares, estando previsto el envío de otros 30 ya adquiridos".

En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa recomendaron a los Estados recurrir a las excarcelaciones como medio para evitar la propagación del coronavirus en prisión. En el caso de España, Instituciones Penitenciarias elevó a 5.579 el número de presos en tercer grado que cumplen pena fuera de prisión "con la adopción de los controles pertinentes", según informó el diario El País. Se trata del 77% de los internos clasificados en tercer grado. 

"Es positivo lo que han hecho, pero no ha sido una política de excarcelación de personas", afirma Francés. En tal sentido, sostiene que también hubiese sido necesario conceder progresiones de grado a "personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas".

"Alto precio"

Precisamente, Iñarritu sostiene que ha habido países como Francia que han aplicado de manera más amplia esas excarcelaciones. "Creo que España no ha respondido a las exigencias mínimas, tanto de sentido común como lo que reclamaban instituciones como la OMS, Consejo de Europa o Naciones Unidas. La búsqueda de alternativas a la prisión debería haberse incrementado desde el primer momento", sostiene el diputado de EH Bildu.

"Se han controlado los contagios a un precio alto para las personas presas", afirma Nahia Aia, integrante de Osabideak, la Asociación vasca de Profesionales de la Medicina y juristas en Defensa del Derecho a la Salud de las Personas Privadas de Libertad. En esa línea, advierte sobre la "ausencia de actividades, comunicaciones y permisos", así como la paralización de juicios durante el estado de alarma.

Del mismo modo, Aia señala que "han sido pocas" las personas que han logrado abandonar la cárcel "por motivos de salud", mientras que aquellas y aquellos presos que no contaban con recursos de vivienda "se han quedado fuera" de esos beneficios "pese a tener concedidas las excarcelaciones".

"Ampliar la desescalada"

Ahora llega el capítulo de la desescalada. Precisamente, 25 colectivos sociales y de derechos humanos dieron a conocer este viernes una declaración en la que reclaman a Interior que "amplíe y profundice" el plan de desescalada en prisión. Instituciones Penitenciarias ha vuelto a permitir las visitas de familiares en locutorios, "pero se hace necesario que para la fase 2 y siguientes se recuperen, además, las comunicaciones vis a vis", señalan las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Red Jurídica, Salhaketa o el Centro Iridia.

Asimismo, destacan que "debido a las restricciones de movilidad fijadas por el estado de alarma que impide el desplazamiento a otras provincias, numerosas personas presas no están pudiendo comunicar con sus familiares y personas allegadas al estar cumpliendo condena en otra cárcel diferente a la de su lugar de origen o arraigo". Por ello, exigen que "todas las personas presas sean destinadas a un Centro Penitenciario que esté en la misma región sanitaria o provincia de su lugar de arraigo".

Mientras eso no ocurra, piden que "se autorice a las familias y personas allegadas a trasladarse a cárceles de otras provincias para hacer efectivas las visitas".