Un total de 11 de las 54 mujeres asesinadas en 2013 por otros tantos hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja les habían denunciado previamente, pero en el 64% de los atestados policiales que se levantaron no se les hizo una evaluación del riesgo que afrontaban y en los 4 casos en que sí se estudió, no se determinó que la peligrosidad fuera alta o extrema.

Así se desprende del informe que ha elaborado el Grupo de Expertos del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial sobre los feminicidios del año 2013, que analiza caso por caso los 54 feminicidios de aquel año y recoge entre otros datos, las valoraciones policiales del riesgo que se hicieron a las víctimas que denunciaron.

Según afirma, "consta la valoración policial del riesgo en 4 víctimas" ya que "en el 64% de los atestados" que levantó la autoridad ante casos de violencia de género "no consta" que esta prueba, un cuestionario con el que mediante una serie de ítems se estima si la mujer afronta más o menos peligro para adoptar medidas de protección en consecuencia, se llevase a cabo.

En los cuatro casos de mujeres asesinadas en los que sí se había hecho la evaluación se concluyó que una no estaba en riesgo (no apreciado) y las otras tres, en un nivel "medio" de peligrosidad, conforme detalla el trabajo.

Este grupo de expertos insiste, como ya lo hiciera en informes anteriores, en que "es necesario complementar los informes policiales de valoración del riesgo con informes periciales" que realizan las Unidades de Valoración Forense Integral con "personal formado en violencia de género", equipos estos que, reclaman, hay que "implementar en todo el territorio nacional".

En total, las once mujeres que acudieron a la justicia presentaron 19 denuncias contra sus agresores aunque "seis se sobreseyeron" según los expertos, porque durante la instrucción la víctima no quiso seguir adelante con el proceso acogiéndose a su derecho a no declarar contra su pareja.

Sobre este asunto, los expertos reiteran que es "imprescindible fortalecer con más recursos sociales y asistenciales a las mujeres que presentan denuncia, independientemente de la resolución judicial de la misma", porque "servirá para ayudarlas a superar sus dudas y miedos y poder mantener su postura procesal e incluso, aunque eventualmente retiraran la denuncia, poder disponer de medios que les permitieran alejarse de su maltratador y afrontar una nueva vida".

Sin protección por "no apreciar riesgo"

Nueve de estas mujeres denunciantes solicitaron una orden de protección pero a dos de ellas se la denegaron porque "no se apreció situación objetiva de riesgo". En el momento del feminicidio, cuatro tenían esa orden en vigor que en uno de los casos, el asesino quebrantó con "consentimiento" de la mujer, tal y como detalla el informe.

El informe explica que "los hechos puntuales referidos por las víctimas en el momento de interponer la denuncia si no son entendidos como muestra de un contexto de subordinación pueden llevar a su minimización y en consecuencia a una valoración que no reviste mayor riesgo para la víctima".

En esta línea, señalan que "los hechos mayoritariamente denunciados pueden parecer de cierta levedad (insultos, amenazas, empujones)" lo que indica además, que "no es la violencia física extrema la que conduce a la muerte, sino que en la mayoría de los casos es el clima de dominio el mayor indicador del desenlace".

Víctimas más jóvenes en pueblos más pequeños

El informe apunta que en 2013 se produjeron cambios respecto a años anteriores: las víctimas mortales son cada vez más jóvenes. Destaca que la edad media de las asesinadas se quedó en 40,9 años, cuando en 2012 fue de 45,5 y en 2011, de 42. Casi un 65 por ciento de estas mujeres tenía entre 26 y 45 años de edad.

Se ha reducido también el porcentaje de víctimas mortales que seguían teniendo relación afectiva con el que acabó asesinándolas. Eran el 72,5 en 2011 y el 73,6 por ciento un año después y, en 2013, se redujo a seis de cada diez. En la misma línea, bajaron los homicidios cometidos en el domicilio común o de la víctima: fueron el 63% frente al 81% de 2011.

Los expertos encuentran otra novedad y es un mayor número de homicidios en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde tuvieron lugar el 72 por ciento de los casos.

"Esto pone de manifiesto la necesidad de extender todos los recursos de prevención de la violencia de género, de detección y asistenciales por toda la geografía española y todo tipo de población, así como de insistir en la coordinación y trabajo conjunto de todos los servicios y
operadores asistenciales y jurídicos", señala el informe.

Destaca asimismo que los agresores, sobre todo en sus declaraciones en sede judicial, "culpabilizan a las víctimas, acusándolas fundamentalmente de infidelidades". "Esto refuerza la creencia de que "existe un ánimo dominador y controlador por parte de los denunciados", dicen los expertos.

Violencia doméstica

En cuanto a la violencia doméstica, aquella que se produce en el ámbito familiar y que excluye a la ejercida por un hombre sobre una mujer, el informe refleja la muerte de seis hombres el año pasado a manos de sus parejas o ex parejas, mayoritariamente mujeres.

La edad media de los hombres muertos por violencia doméstica fue de 53 años y el examen de la relación personal entre víctima mortal y presunta agresora revela que 5 de los 6 mantenían la convivencia entre ambos en el momento de la muerte.