Las porteadoras, un escalón más de la impunidad en la frontera sur

“Hoy están tranquilos porque estáis vosotros, porque os han visto. Nunca están así ni nos hablan normal como ahora, siempre nos pegan y nos amenazan”, relatan distintas personas a un equipo de investigadores sobre la violencia policial ejercida contra las porteadoras en el paso fronterizo entre territorio español (Ceuta y Melilla) y marroquí. Las porteadoras, como cuenta un nuevo informe sobre la vulneración de los derechos humanos en la frontera sur resultado de esa investigación, son una mayoría de mujeres trabajadoras de origen marroquí que transportan mercancías de forma alegal en la región fronteriza y que, bajo la impunidad de un comercio no regulado, son objeto de agresiones verbales y físicas por parte de los agentes de seguridad del Estado.

Durante la investigación sobre el terreno, el equipo ha sido testigo de la “violencia verbal hacia las porteadoras, empujones y golpes tanto con las porras como con los pies, siempre desde una posición más elevada que el resto del grupo de porteadoras que trataban de pasar” por parte de los agentes de seguridad en Ceuta y Melilla. Así lo recoge un informe elaborado por Centro Irídia para la Defensa de los Derechos Humanos, Novact y Fotomovimiento, que se presenta este jueves en el Col·legi de Periodistes de Catalunya y documenta estos episodios de violencia institucional entre territorio español y marroquí que “se producen en una situación de absoluta impunidad”.

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La investigación, llevada a cabo a principios de 2017, ratifica que “las fuerzas de seguridad rasgan con cuchillos los bultos de las porteadoras, ya sea mientras los están cargando en la espalda o incluso en el punto de recogida”, como denuncian desde hace años otras organizaciones y entidades sobre el terreno. “Fuimos testigos de estos hechos”, -relata el informe-, “llevados a cabo con violencia y mayoritariamente hacia personas ancianas que cargaban con los fardos en su espalda en ese mismo momento”. Estas mujeres, cuya edad oscila entre los 35 y los 60 años, viven de una actividad que consiste en transportar fardos desde Ceuta o Melilla a territorio marroquí sobre las espaldas (cada fardo puede pesar hasta 90kg) para a cambio recibir un salario de entre 3 y 5 euros por fardo.

Un “comercio atípico” que genera 1.000 millones anuales

Las porteadoras, como explica el informe, son la expresión feminizada del llamado “comercio atípico” de la región fronteriza, que permite la circulación de mercancías entre Ceuta y Marruecos, puesto que entre ambas ciudades no existe una aduana comercial, aunque sea de forma ilegal y sin derechos para las trabajadoras. Según datos de 2005 del Consejo español de Economía, el “comercio atípico” generaba aproximadamente 1.000 millones de euros anuales entre ambas ciudades. Además, según los datos de la Cámara de Comercio Americana de Casablanca, del “comercio atípico” viven directamente 45.000 personas, de las cuales el 75% son mujeres.

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Con estas cifras, un informe de 2016 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) llegó a afirmar que “el trabajo de las porteadoras no es una actividad económica secundaria y de poca transcendencia de la frontera hispano-marroquí, sino que, por el contrario, constituye el motor económico de la zona fronteriza”.

El paso fronterizo: asfixia, avalanchas e incluso muertes

Según pudieron comprobar los investigadores, se producen colapsos y avalanchas en los pasos fronterizos de Ceuta (Tarajal, Tarajal II y puente del Biutz) y Melilla (Barrio Chino) cuando las porteadoras deben transportar sus mercancías hacia territorio marroquí porque “las estructuras arquitectónicas de los pasos fronterizos no están preparadas para el tránsito diario de miles de personas cargadas con bultos”. “Una de las causas principales de vulneraciones de derechos que sufren las porteadoras es la estructura de dichos pasos, que dificulta su tránsito, creando situaciones de tensión, amontonamiento, asfixia e incluso avalanchas”, recoge el informe.

Esta estructura de los pasos fronterizos, como critica el estudio, ha llegado a provocar muertes como la de Souad del pasado mes de marzo de 2017, que falleció después de una avalancha en la salida del Tarajal II; o las anteriores de Safia Azizi en el paso del Barrio Chino en el año 2008, y de Busrha y Zhona “aplastadas y asfixiadas” en una avalancha en el paso del Tarajal en el 2009.

Por ello, el informe propone que “el Gobierno realice las reformas arquitectónicas necesarias para asegurar que los pasos fronterizos por los que realizan los portes estén adaptados a la seguridad de las personas y al respeto a los derechos humanos”. También que “se dote de medios para que la gestión del fenómeno no sea exclusivamente policial” para acabar con la violencia institucional contra las porteadoras en los pasos habilitados tanto en Ceuta como en Melilla.

La frontera sur: un espacio de excepcionalidad jurídica

Además de abordar la realidad de las porteadoras, el informe titulado Hacia el restablecimiento de la legalidad en la frontera sur también relata cómo se continuan vulnerando los derechos humanos de las personas migrantes tanto en territorio español (Ceuta y Melilla) como en Marruecos a través de la violencia policial de ambas regiones, las vallas, las devoluciones en caliente, el confinamiento en los CETI, las condiciones de los centros de los menores no acompañados o la denegación del asilo para la mayoría de solicitantes en función de su nacionalidad.

Por ello, el informe sostiene que la frontera sur con Marruecos “se ha configurado como un espacio de excepcionalidad jurídica en el que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos”. Además, para acabar de demostrar cómo se vulneran los derechos en la frontera sur, el informe incluye la represión ejercida por las fuerzas de seguridad tanto marroquíes como españolas contra el equipo de investigadores por observar y documentar lo ocurrido en la frontera sur. Cuatro de los cinco miembros del equipo fueron denunciados en base a la conocida como 'Ley Mordaza' por desobediencia a la autoridad y podrían ser multados hasta con pagar 30.000 euros por divulgar este informe.