El proceso de vacunación se 'olvida' de los más vulnerables en el ámbito socioeconómico

La estrategia de vacunación reconoció desde un primer momento la importancia de inmunizar a los más desfavorecidos por su situación socioeconómica. En el documento se argumentó que la pandemia no afecta a todos por igual y que, por ejemplo, las personas con trabajos, viviendas y situaciones económicas precarias o en situación administrativa irregular son más vulnerables ante la covid-19. Sin embargo, en la práctica no se está llevando ninguna medida destinada a proteger este grupo a nivel estatal. 

Más de 40 organizaciones han enviado este jueves una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que denuncian "la exclusión en la práctica de la campañas de vacunación de las personas migrantes en situación irregular, de las personas sin hogar y, en general, de poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica". Además, piden que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adopte las directrices necesarias para asegurar el acceso a la vacunación, sin ningún tipo de discriminación, a las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria. Entre las organizaciones que han enviado la carta están Amnistía Internacional, el Colectivo de Afectados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y REDER.

La situación de mayor exclusión y que más preocupa es de los mayores reagrupados legalmente por familiares que viven en España

Marta Mendiola, responsable de Salud de Amnistía Internacional, explica a Público que la situación más grave dentro de los colectivos es el de las personas mayores reagrupadas legalmente por familiares que viven en España, las personas migrantes en situación administrativa irregular que se ocupan del cuidado de mayores o las personas sin hogar. Las personas de los dos primeros grupos ya deberían haber sido vacunados o tendrían que ser inoculados en los próximos dos meses por el diseño actual de la estrategia de vacunación de priorizar por franjas de edad.

Uno de los casos que muestran esta exclusión y que cuentan las organizaciones es el de Joshlin Pérez. Hace dos años que consiguió la reagrupación familiar en España con su madre (79 años, tarjeta de discapacidad del 37% por un ictus y con tratamiento psiquiátrico) y su padre (81 años, con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y asma). Consiguió un acceso temporal al sistema sanitario para sus padres que fue revocado en enero de 2021. Su padre forma del parte del grupo de mayores de 80 años que ya está vacunado al 100% con al menos una dosis. Su madre o tendría que haber sido citada o en los próximos meses, pero ninguno de ellos ha sido inmunizado al no tener tarjeta sanitaria.

Esta situación muestra para Mendiola la "necesidad urgente" de que se desarrollen protocolos en el marco del Consejo Interterritorial para identificar a las personas que no tienen tarjeta sanitaria, hacer efectivo el acceso a la vacuna y garantizar que la población cuenta con información detallada sobre la campaña. También reclaman la adopción de manera urgente del anteproyecto de ley —anunciado por el Gobierno— para que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Porque, según denuncia la experta, detrás de este problema está la exclusión sanitaria: "Es una consecuencia más de esta situación pero, si siempre ha sido muy importante, en el marco de una pandemia lo es más".

Mendiola destaca que valoran "positivamente" la estrategia de vacunación inicial porque se incluía como grupo de población el de las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación económica. Este primer documento llegaba a desarrollar los niveles de riesgo de cada grupo y se reconocía el riesgo alto de exposición, de impacto y de transmisión y medio/alto de gravedad.

El médico salubrista Javier Segura también ha llamado la atención sobre esto en su blog sobre temas de Salud Pública. "Lamentablemente, parece ser que se vuelve a optar por criterios operativos que desplazan los principios y los valores al rincón de lo "poco práctico". Y me refiero concretamente a que el concepto de 'vulnerabilidad', definido de forma integral en la priorización inicial, al final (a la hora de la acción), parece que solo se interpreta desde un tipo de vulnerabilidad: la asociada a la edad, o, en menor proporción, la asociada a la comorbilidad (tener otras enfermedades crónicas o condiciones inmunosupresoras). La otra vulnerabilidad, la socioeconómica, de la que ya tenemos sobradas evidencias de que favorece, no solo la gravedad y mortalidad de la covid-19, sino la mayor exposición al contagio, ha sido eliminada en las ultimas actualizaciones de la estrategia nacional de vacunación, no considerándose finalmente en los grupos priorizados por orden de vacunación".

Esta denuncia va más allá incluso de la marcada por las 40 organizaciones  porque Sanidad reconocía como más vulnerables incluso a las personas con situaciones económicas precarias como las preceptoras del IMV o que viven en barrios menos favorecidos porque son los que tienen más incidencia. 

Sanidad reconocía la vulnerabilidad incluso a las personas preceptoras del IMV

Este reconocimiento fue bien recibido entre muchos epidemiólogos que ya antes de que se publicara la estrategia habían dicho que era un colectivo que debía ser prioritario, como explicó Público en este artículo. Fuentes del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud reconocen a este medio que el proceso de vacunación está siendo para las Administraciones más complicado de lo esperado y que, por eso, se optó por vacunar por franjas de edad para que fuera más fácil inmunizar en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, esto llegar a chocar con recomendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud señala que se deben "tomar medidas proactivas para garantizar la igualdad de acceso a todas las personas que reúnan los requisitos para formar parte de un grupo prioritario, especialmente las poblaciones socialmente desfavorecidas". 

Las organizaciones que han enviado la carta a Darias reconocen que hay Administraciones que han intentado avanzar. Destacan  iniciativas como un Plan de Contingencia específico para colectivos vulnerables de Islas Baleares; una instrucción interna en Asturias que comunica a todos los centros de salud la necesidad de asegurar vacunación de personas sin tarjeta sanitaria; y un anuncio del País Valencià de que todas las personas que no tengan tarjeta sanitaria pueden acercarse a los centros de salud para darles de alta en el sistema y entrar en la campaña de vacunación. También Mendiola dice que algunos centros de salud están generando listados de personas con la intención de vacunarles pero insiste en que esto no puede depender de la buena voluntad.