Protesta en Sevilla en contra de que las viviendas de protección oficial se vendan a 350.000 euros
Las organizaciones por una vivienda pública accesible se han manifestado contra las promociones del ayuntamiento de la capital andaluza "a precios desorbitados".
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Organizaciones para la defensa de la vivienda accesible y contra los desahucios se han manifestado esta mañana contra las últimas promociones de pisos de protección oficial (VPO) que ha sacado el Ayuntamiento de Sevilla con precios que alcanzan los 350.000 euros, algo que, a su entender, resulta "escandaloso", una "vergüenza".
La concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Asamblea por la Vivienda de Sevilla, Sindicato por la Vivienda, Asociación pro Derechos Humanos, Barrios Hartos y los sindicatos CGT y CNT, ha tenido lugar frente al centro social municipal donde el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, han inaugurado un encuentro para explicar las políticas de sus respectivos gobiernos, ambos en manos del PP, sobre vivienda pública.
El último ejemplo de esas políticas es el que más ha encendido al movimiento social que defiende una vivienda accesible y pública: la promoción Residencial Cruz del Campo que sacó hace un mes la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) con 92 viviendas protegidas en régimen de venta, en un "enclave privilegiado" de la ciudad y con un "entorno consolidado y dinámico", según su anuncio, una superficie de entre 51 y 107 metros cuadrados, con plazas de garaje y por unos precios que van de los 174.510 euros, sin IVA, hasta los 350.000, con IVA, dependiendo del número de habitaciones.
A esta promoción municipal podían presentarse quienes tengan unos ingresos familiares que no superen siete veces el IPREM, es decir, unidades familiares que no ganen más de 4.200 euros al mes, un listón económico que, a juicio de las organizaciones sociales, se aleja mucho de los criterios que deberían regir la adjudicación de una vivienda de protección a familias con menos recursos para acceder al mercado libre. Y a ello hay que sumar, además, un contexto demoledor: tres de los cinco barrios con las rentas medias anuales por habitante más bajas de España se encuentran en Sevilla. Estas se sitúan en 6.719 euros al año per cápita, es decir, seis veces menos que las de los barrios más ricos, situados en Madrid, según el informe de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística publicado en octubre.
A la promoción, según Emvisesa, se presentaron 10.114 solicitudes, entre las que se realizó un sorteo el pasado 28 de marzo para la adjudicación de las 92 viviendas. Susana Hornillo, miembro del Consejo de Administración de Emvisesa como concejala de Podemos-Izquierda Unida, pidió el martes un informe sobre el resultado de la adjudicación para saber, entre otras cosas, cuántas personas se han quedado fuera al no poder pagar el precio de los pisos de protección oficial adjudicados, pero le pusieron muchos reparos, según ha señalado a este periódico. "Me parece una locura, una barbaridad los precios que han pedido", ha subrayado la edil durante la concentración.
Durante la protesta se han lanzado proclamas como "Sevilla no se vende, Sevilla se defiende" o "Emvisesa especuladora" dirigidas a los dirigentes del ayuntamiento y de la Junta que se encontraban en un centro protegido por un amplio cordón policial para evitar la entrada de cualquier persona que no estuviera registrada previamente para asistir a la jornada.
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Empresa municipal con criterios de mercado
El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, Ibán Díaz, considera que Emvisesa "está funcionando como una empresa privada bajo criterios de rentabilidad", no con un objetivo de servicio público, mientras hay en espera decenas de familias en situación de emergencia social porque carecen de vivienda por falta de recursos para pagar un alquiler.
Según Díaz, la última promoción del Residencial Cruz del Campo ha sido la más escandalosa por sus "precios desorbitados", pero antes ha habido otras muy controvertidas, como la que se sacó en El Pítamo, un barrio muy alejado del centro y mal comunicado, con viviendas más pequeñas que se vendieron por hasta 250.000 euros, más de lo que cuesta un piso de segunda mano en el entorno del centro histórico.
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"Esta política de vivienda viene desde muy atrás y se agravó con la ley de estabilidad presupuestaria de 2015 para que las empresas públicas no fueran deficitarias. Y esto hace que Emvisesa sea inútil como servicio público. Tienen que obtener beneficios, mantener sueldos altos, estructuras administrativas muy potentes. Ya solo son útiles para determinada gente que puede comprar a esos precios que ponen, pero no para los que están en peor situación económica", ha explicado a Público el portavoz del Sindicato de Inquilinas.
El decreto de medidas urgentes para fomentar la vivienda protegida que aprobó la Junta el pasado febrero va completamente en esa línea, según Ibán Díaz. La nueva norma ha ampliado los límites de los ingresos de los destinatarios de las VPO hasta siete veces el IPREM en pisos de precio limitado, el tope de los 4.200 euros mensuales que se han fijado para la última promoción de Sevilla, que ha enfurecido a las organizaciones sociales a favor de la vivienda pública accesible.
Además, el decreto ha reducido el tiempo previsto para desclasificar como protegido una VPO, de los diez a los siete años, lo cual favorece, según Ibán Díaz, la especulación con una vivienda de promoción pública que ahora puede ser vendida antes en el mercado libre.
Daniel Álvarez, portavoz de la Asamblea por la Vivienda de Sevilla, una de las convocantes de la concentración de protesta, califica a Emvisesa como "el mayor casero" de la capital andaluza, con la complicidad de la Junta de Andalucía y también del Gobierno central, que permiten este tipo de promociones a "un precio altísimo".
"Ahora mismo, los precios de las VPO son completamente inaccesibles. Se está invirtiendo dinero público en algo que dentro de siete años va a acabar en manos privadas, en el mercado, en fondos buitres, en quien quiera especular y vender por mucho más dinero que lo que ha pagado ahora", dice Álvarez a este periódico. "La solución -añade- sería limitar los precios, acabar con la propiedad privada de la vivienda, acabar con el negocio de la vivienda".
El secretario general de CGT Sevilla, Antonio Castellano, ha reclamado, por su parte, más viviendas sociales de alquiler accesibles para las personas con menos recursos económicos. "La gente joven no puede acceder ahora a una vivienda. Estamos apartando a una parte de la sociedad del acceso a la vivienda. Por eso, la vivienda tiene que dejar de ser entendida como un negocio y ser considerada como lo que es, un derecho recogido en la Constitución", ha subrayado el dirigente sindical.
La PAH, que es miembro de la Mesa de la Vivienda de Sevilla, un órgano de participación creado por Emvisea a petición del movimiento social, también ha acudido a la manifestación para denunciar la política que lleva a cabo el ayuntamiento en esta materia. Según su portavoz, José Antonio Jiménez, la solución al grave problema de la vivienda en una ciudad como Sevilla requiere un parque público de pisos sociales con alquileres asequibles y no promociones de VPO a precios desorbitados como las que está llevando a cabo la empresa municipal.
La concentración de hoy es el preludio de la manifestación de ámbito estatal que se ha convocado para el próximo sábado en diferentes ciudades españolas con el lema "acabemos con el negocio de la vivienda".
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