Eran las 9.45 horas (horario argentino) de este jueves cuando la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación de Argentina daba el sí al aborto legal, con 129 apoyos, 125 votos en contra y una abstención. Media sanción para la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuya aprobación ahora se encuentra en manos del Senado.

El Código Penal argentino recoge en su artículo 88 que la mujer que cause o consienta su propio aborto podría ser condenada hasta a cuatro años de cárcel. Alrededor de 500.000 abortos se producen cada año en Argentina y miles de mujeres mueren a causa de los abortos clandestinos. Una problemática que el movimiento feminista lleva reclamando décadas y que, en la séptima presentación del proyecto de ley, por fin pasó a debatirse en el Congreso.

La fecha prevista para la Ley IVE ingrese en la Cámara alta es el 27 de junio, pero aún no se ha confirmado oficialmente. De ser aprobada, Argentina se convertiría en el segundo país de América Latina en legalizar el aborto, después de que Uruguay lo aprobara en el año 2012. Cuba fue pionero en la despenalización de su práctica en 1965. ¿Y en el resto de Latinoamérica? En Público hacemos un repaso acerca de la situación legal del aborto en 20 países de América Latina.

Descenso de abortos tras su legalización

Uruguay es el único país de Latinoamérica que ha legalizado el aborto. Esta ley entró en vigor en el mes de noviembre de 2012, y los informes del Ministerio de Salud Pública revelan que se ha reducido notablemente el número de abortos anuales: de 30.000 a 9.000 tras su legalización.

Cuba, por su parte, no implantó ninguna ley de aprobación del aborto, pero su práctica está despenalizada desde el año 1965, siempre que la mujer no supere las diez semanas de gestación. La cifra de abortos ha ido descendiendo anualmente: en 1980 se registran 103.974 abortos inducidos frente a 85.445 en 2016.

Ilegal, excepto en caso de violación

Brasil recoge en su Código Penal, desde el año 1984, penas de hasta tres años de cárcel para la mujer que realice un aborto, excepto en los casos de violación, riesgo de muerte para la madre o si el feto presenta anencefalia. En el año 2016, la Corte Suprema despenalizó su práctica hasta el tercer mes de embarazo.

México emplea un sistema federal: cada Estado tiene independencia en sus leyes. Mientras que en todo el país es ilegal –con penas de hasta dos años de cárcel– excepto que se trate únicamente de una violación, en Ciudad de México el aborto está legalizado desde el año 2007. Entre el año 2001 y 2014, 2.850.000 mujeres fueron hospitalizadas a causa de un aborto en México.

En el caso de Ecuador, Venezuela y de República Dominicana, las penas para la mujer son de hasta dos años. Se trata de tres años en los países de Guatemala, Panamá y Puerto Rico.

Honduras, además, impone una sanción económica a los profesionales médicos que induzcan al aborto a una mujer, y Perú añade servicios comunitarios de hasta 140 jornadas, además de los dos años de cárcel.

En septiembre de 2017, el Congreso de Diputados de Bolivia aprobaba una ampliación de los causales para la realización del aborto, añadiendo los casos en los que la mujer sea estudiante o tenga hijos, mayores o personas con discapacidad a su cargo, y hasta la octava semana de embarazo. La ley ya incluía los causales de violación o incesto, igual que en el caso de Colombia.

Chile ha sido el último país en despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en América Latina, cuando en septiembre de 2017, y tras un largo año de debate, aceptó los causales de violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto. La Ley, que ha supuesto un gran avance para el movimiento feminista de Chile, entró en vigor en diciembre del año pasado.

“Salvar el honor” de la mujer

Paraguay establece penas de cárcel de entre 15 y 30 meses para la mujer que aborte, pero, en caso de hacerlo para “salvar su honor”, la pena se reduciría a entre 6 meses y un año.

Costa Rica también aplica este precepto: exime de la pena “a quien haya causado un aborto para salvar el honor propio”, tratándose de tres años de cárcel en cualquiera de los otros casos.

Penas de cárcel de hasta ocho años

En El Salvador y en Nicaragua, abortar es ilegal incluso en caso de violación o riesgo de vida de la madre. Los Códigos Penales de ambos países recogen penas de hasta dos años de cárcel –en el caso de Nicaragua– y de hasta ocho años –en el de El Salvador–.

El caso de Belén aún resuena en Argentina. En el año 2014, la joven fue condenada a ocho años de prisión tras acudir al hospital con una grave hemorragia vaginal y sufrir un aborto espontáneo. Fue acusada de un “homicidio agravado”. Belén pasó dos años en prisión y fue absuelta en agosto de 2017.

Los colectivos feministas no cesan en su lucha por el derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos y sobre su propia vida, señalando la penalización del aborto como un “control social”. Pronto se conocerá el futuro de Argentina.